A solas con su conciencia

“Lo único que importa es el prestigio del Tribunal y no por cierto narcisismo institucional, sino porque es mucho lo que de nosotros esperan aquellos que tienen derecho a pedirnos cuentas de lo que hacemos, es decir, nuestros conciudadanos”. Francisco Tomás y Valiente, que fue el segundo presidente del Tribunal Constitucional, entre 1986 y 1992, reclamó en su día que la designación parlamentaria de nuevos magistrados fuera la ocasión para renovar el consenso constitucional y “no el pretexto para provocar desgast...

“Lo único que importa es el prestigio del Tribunal y no por cierto narcisismo institucional, sino porque es mucho lo que de nosotros esperan aquellos que tienen derecho a pedirnos cuentas de lo que hacemos, es decir, nuestros conciudadanos”. Francisco Tomás y Valiente, que fue el segundo presidente del Tribunal Constitucional, entre 1986 y 1992, reclamó en su día que la designación parlamentaria de nuevos magistrados fuera la ocasión para renovar el consenso constitucional y “no el pretexto para provocar desgastes políticos entre las fuerzas parlamentarias ni como encrucijada para resolver conflictos internos vinculados a la elección de los propios candidatos”. El añorado jurista, asesinado por ETA en 1996 en su despacho de catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, estaría hoy consternado por la pelea pública que rodea la renovación de los miembros del Constitucional y la última decisión del Partido Popular de anular el diálogo.

Quizás en memoria del gran jurista, los responsables de la disputa actual pudieran acabar de una vez con esta insoportable situación y mostrar algo de discreción, en lugar de agobiar a los ciudadanos con su continuo intercambio de nombres, no solo de eventuales vocales, sino también de eventual presidente del Alto Tribunal. Es increíble la naturalidad con la que unos y otros ignoran que esa designación es competencia exclusiva de los 12 magistrados que finalmente lo integren, y que si estos actúan movidos por otra voluntad que no sea su propio criterio, estarán traicionado lo que otro presidente más reciente, Juan José González Rivas, les pidió al despedirse en 2021: “En el Tribunal Constitucional cada magistrado está a solas con su formación técnica y con su conciencia personal, y solo de ellas depende. En eso consiste su independencia”. La primera violación de esa independencia sería, pues, acceder al cargo con un compromiso previo de cualquier índole.

No ocurriría por primera vez, porque existen precedentes, pero esos lamentables hechos anteriores no disculparán a los nuevos magistrados que acepten la condición de subordinados. El XVIII Congreso de Tribunales Constitucionales Europeos, celebrado en 2021 en Praga, proponía un modo de ser “magistrado” que tiene su fuente en su propia conciencia. Laboriosidad, serenidad, moderación, nunca estridencia ni crispación y una contrastada sabiduría jurídica son elementos imprescindibles de su actuación, según aquel congreso, pero nada tan decisivo como su independencia y su conciencia. En eso consiste el ejemplo de decencia que deben ofrecer, concluían.

“La raíz última de los males del Tribunal”, escribió hace tiempo el fallecido exvicepresidente del mismo y gran jurista Francisco Rubio Llorente, “está en el uso que las minorías parlamentarias hacen del recurso de inconstitucionalidad para continuar allí el debate político. De ahí su afán por contar con magistrados ‘sensibles a sus planteamientos’, cuantos más mejor, y de ahí también la visión que nuestra sociedad tiene de él como órgano político, una especie de tercera Cámara”. Rubio Llorente, con aguda ironía, comentaba que “como no cabe esperar que nuestros políticos utilicen con mesura un instrumento del que se pueden servir en sus interminables querellas, quizás el único futuro del Tribunal Constitucional fuera su desaparición”. Sin llegar a una conclusión tan inexorable, es evidente que el regateo público respecto a los vocales y a la presidencia del Tribunal, tan claro estos días, perjudica al prestigio de la institución y, además, le quita fortaleza a su futuro titular, ante la ciudadanía y ante sus propios colegas.

El Partido Popular, responsable del formidable retraso en el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, por una parte, y del Tribunal Constitucional, por otra, ha decidido no moderar su implacable hostilidad, por lo que nada permite aún aventurar la fecha de la renovación de las dos instituciones. En el último suspiro ha surgido un nuevo pretexto para paralizar el procedimiento en marcha: la exigencia de que no se modifique el delito de sedición, algo que no tiene nada que ver con los nombramientos en el CGPJ y en el TC, sino con una posible instrumentalización electoral. El problema es estrictamente político y depende solo de la voluntad del actual dirigente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

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