Mentir debería costar el cargo

La mayoría de los británicos, según una encuesta de Ipsos, no confía en que sus parlamentarios digan la verdad, pero todavía más británicos creen que los parlamentarios y políticos que mienten deben sufrir algún castigo por ello. Según un sondeo de abril de 2021, el 86% de los encuestados estaba de acuerdo con el principio: “un político que miente debería perder su cargo” e incluso un 55% estaba “absolutamente de acuerdo” con esa exigencia. Es decir, según explica el profesor David Judge en la revista The Political Quarterly, los ciudadanos del Reino Unido claramente creen que los parla...

La mayoría de los británicos, según una encuesta de Ipsos, no confía en que sus parlamentarios digan la verdad, pero todavía más británicos creen que los parlamentarios y políticos que mienten deben sufrir algún castigo por ello. Según un sondeo de abril de 2021, el 86% de los encuestados estaba de acuerdo con el principio: “un político que miente debería perder su cargo” e incluso un 55% estaba “absolutamente de acuerdo” con esa exigencia. Es decir, según explica el profesor David Judge en la revista The Political Quarterly, los ciudadanos del Reino Unido claramente creen que los parlamentarios, los ministros y los cargos públicos en general, deben someterse a serios estándares éticos y que permitir que se vulneren sienta un precedente peligroso para la democracia.

Es muy probable que esta encuesta diera resultados muy parecidos en la mayoría de los países democráticos del mundo. Es muy probable, por ejemplo, que los españoles no confíen en que sus diputados y políticos digan la verdad, pero que piensen que mentir cuando se sube a la tribuna parlamentaria o cuando se desempeña un cargo municipal, autonómico o estatal debería estar castigado. Es muy probable que la gran mayoría de los españoles, como los británicos, crean que la política debe regirse por estándares de integridad, responsabilidad y honestidad. Y, de hecho, tienen razón, debería ser así y mentir en el Parlamento o en el desempeño de un cargo público debería costarle el cargo a quien miente. Es más, así sucedió en ocasiones pasadas en muchos lugares del mundo.

Lo lamentable es que poco a poco se acabe por normalizar la mentira en política, cuando exigir la verdad es una parte esencial del sistema. Los hechos no deben depender de las emociones ni de los sentimientos ni de las simpatías políticas y no pueden ser negados ni distorsionados. Normalizar la mentira es algo pernicioso, maligno, pero cada día los embustes encuentran más disculpas y negación por parte de los interesados, y más apatía por parte de sus víctimas.

Mentir debería costarle el cargo al alcalde de Madrid, el abogado del Estado José Luis Martínez-Almeida. No se trata de acusarle de ningún delito concreto, algo que solo corresponde a las autoridades fiscales y judiciales. Se trata de constatar que mintió cuando se le preguntó por cuándo y cómo había contactado con Luis Medina, el comisionista que se llevó un millón de euros por una partida de mascarillas y guantes defectuosos cuando en Madrid, la ciudad que rige Almeida, estaban muriendo miles de personas víctimas, precisamente, de la falta de protección. “Ya me ha dicho Luis que le llamó Almeida”, es la frase que figura en el atestado judicial y que podría demostrar que hablaron antes de que se firmara el contrato de marras. Algo que el alcalde ha negado.

Mentir en la Cámara de los Comunes debería costarle también el cargo a Boris Johnson, el primer ministro británico, porque en tres ocasiones negó haber participado en guateques concurridos cuando estaba en vigor el confinamiento decretado por él mismo. Ahora se ha comprobado que sí asistió, que sí sabía que iba a un guateque y que quebró la ley. Lo que importa no es tanto el delito en sí (al parecer, se sustancia penalmente con una multa) como la reiterada mentira. Lo que importa es el convencimiento que seguramente tienen muchos británicos de que su primer ministro pertenece a la última y peor de las categorías de mentirosos de las que habla Judge: hay los mentirosos ordinarios, que afirman algo, no porque sea falso, sino porque sirve a sus propósitos, independientemente de que sea verdad, y los imbéciles, a los que no les importa lo más mínimo la verdad e ignoran totalmente la necesidad de basar lo que dicen en evidencias.

Johnson, que también se niega a dimitir, firmó en 2019 como primer ministro el Ministerial Code (36 páginas) que reciben los ministros y altos cargos cuando acceden al cargo. El apartado 1.3 dice: “Es de suma importancia que los ministros den información precisa y veraz al Parlamento, corrigiendo a la primera oportunidad cualquier error inadvertido. Se espera que los ministros que engañen deliberadamente al Parlamento presenten inmediatamente su dimisión al Primer ministro”. Tal cual.

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