El campo de minas de las pensiones

A principios de octubre de 2021 había 6,19 millones de jubilados recibiendo una pensión en España, según los datos de la Seguridad Social. Y esa cifra no va a hacer más que subir. En 1958, el número de nacidos vivos en España superó por primera vez los 650.000, y no volvió a bajar de esa cifra hasta 1978. Fue el baby boom del desarrollismo español, y hoy los más mayores de esa cohorte están llegando a la edad de jubilación, si no se les ha prejubilado ya.

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A principios de octubre de 2021 había 6,19 millones de jubilados recibiendo una pensión en España, según los datos de la Seguridad Social. Y esa cifra no va a hacer más que subir. En 1958, el número de nacidos vivos en España superó por primera vez los 650.000, y no volvió a bajar de esa cifra hasta 1978. Fue el baby boom del desarrollismo español, y hoy los más mayores de esa cohorte están llegando a la edad de jubilación, si no se les ha prejubilado ya.

Todo el mundo desarrollado se ha encontrado, o se está encontrando, con ese mismo muro: un sistema desarrollado en el siglo XIX, con una expectativa de vida mucho menor y vidas laborales por lo general más duras se encuentra con una población envejecida y unas tasas de natalidad cada vez más bajas. Y todas las respuestas posibles se encuentran de frente con un problema: este es un asunto políticamente sensible y, en casi todas partes y en todos los tiempos, los votantes de más edad son los que más acuden a los colegios. Una solución política que afecte a los pensionistas es electoralmente arriesgada. El pasado día 9, el presidente francés Emmanuel Macron anunció al país que renunciaba a seguir adelante con su anunciada reforma de las pensiones. Es difícil no ver un reconocimiento de que hubiera sido un lastre para la campaña electoral para las presidenciales del año que viene, en la que Macron busca reelegirse.

Algo similar pasa en España, donde a pesar de la cobertura política que ofrece el Pacto de Toledo (cuando en 1995 los partidos políticos y agentes sociales acordaron una respuesta consensuada a los desafíos de sostenibilidad del sistema) todo intento de reforma es mirado con lupa. El actual Gobierno está aventurándose tanto con el régimen general (esta misma semana anunció una subida de las cotizaciones) como con las pensiones complementarias, pero en el caso de estas últimas, prácticamente todo no pasa de anteproyectos. Este miércoles, en un evento organizado por Cinco Días, Escrivá ha prometido que el Consejo de Ministros tratará del tema “antes de final de año”.

Lo único concreto en este sentido en España es la intención manifiesta por parte del Gobierno de desplazar estas últimas en favor de los planes colectivos, a través de lo que el socio fundador de LoRIS (Longevity and Retirement Income Solutions), José Antonio Herce, llama un “rejonazo fiscal”: una drástica reducción de las cuantías que no pagan impuestos en la declaración del año al ser aportadas a planes individuales (de 8.000 a 2.000 euros en los presupuestos de 2021 y de 2.000 a 1.500 en los de 2022).

Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, este incentivo fiscal suponía cada año una pérdida de recaudación de 1.643 millones de euros al año (pero que en la práctica se quedaba en 450 millones, dado que esas cuantías se recuperaban en ejercicios subsiguientes). Sobre todo, era más aprovechada por las rentas más altas: el 37% de los beneficiarios, que se llevaba dos tercios de los beneficios fiscales, estaba en el último decil de renta. “Consecuentemente, el beneficio introduce un elemento de regresividad en el impuesto sobre la renta”, afirmaba el informe de la AIReF. “En sus décadas de vigencia, se ha producido un cambio en las carteras de unos activos por otros, pero casi no ha servido en su objetivo último que es impulsar el ahorro a largo plazo”, defendió Escrivá este miércoles. “Más que para generar pensiones complementarias, sirven para que quien tiene capacidad para derivar a ellos una parte de la renta disminuya su contribución fiscal del siguiente ejercicio”, comenta por correo electrónico Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras.

Visiones contrapuestas

Desde los gestores privados, como es lógico, la visión es totalmente diferente. “Negamos la mayor”, apunta por teléfono Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, la asociación empresarial de los fondos de inversión. “Esto no es ningún refugio fiscal. Los que más aporten, en el momento en el que reciban la prestación serán los que más paguen: suponiendo que haya una regresividad en la contribución, también lo habrá en la prestación”. “La deducción a planes de pensiones no es una ventaja fiscal, sino un diferimiento tributario”, afirma Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa, la patronal de las aseguradoras. “Hoy te deduces lo que aportas y mañana declaras lo que rescatas. Además, cuando se recoge ese ahorro todo el dinero tributa como rentas del trabajo: todo. A pesar de que hay una parte que corresponde a la rentabilidad obtenida. ¿En serio estamos ante un beneficio fiscal?”

En todo caso, aunque las aportaciones han caído, no lo han hecho a una escala similar a las reducción de las exenciones fiscales. Para González de Frutos, la caída de las aportaciones va a hacer que “la industria se vaya a pelear por lo que tiene”, afirma. “Habrá que hacer volumen intentando quitárselo al de al lado”. Eso implicará, a la larga, el abandono del mercado por parte de muchas firmas, y una menor competencia que perjudicará al consumidor. “En España el mercado es tan raquítico que los gestores prefieren una tarta pequeña con un suflé muy alto”, considera Herce.

El conflicto político parte de un hecho indiscutible: las pensiones españolas del pilar público son relativamente generosas. Según la OCDE, los pensionistas españoles reciben de media un 83% de sus ingresos netos, el octavo nivel más alto de la UE, por debajo de países como Italia o Portugal. La pensión media de un jubilado del régimen general, en octubre de 2021, era de 1.338,84 euros, muy por encima del salario mínimo de 965 euros al mes.

Hay voces que defienden que esto es lo correcto y que debería seguir siendo así. “La promoción de sistemas complementarios de pensiones no garantizan las pensiones públicas. Conviene no equivocarse ni hacer castillos en el aire con estas cosas”, afirma Bravo. “Son un elemento adicional, de interés, pero no son una solución alternativa a las decisiones que hay que tomar en materia de pensiones públicas para garantizar un sistema comparable de protección a las distintas generaciones”. Es más: hay un temor político a que un impulso al sector privado conduzca a desmantelar a largo plazo el pilar público.

Desde la Comisión Europea y los sectores empresariales se alerta de la insostenibilidad a largo plazo del sistema. “Fomentar el ahorro durante la etapa activa de trabajo va a ser fundamental para poder complementar la futura pensión de jubilación”, indica por correo electrónico Teresa Casla, presidente y consejera delegada de Fonditel, un gestor pequeño especializado en fondos de empresa. “El ahorro previsional español después de 30 años debería ser el triple de lo que es ahora”, considera Herce.

La apuesta por los fondos de empresa ofrece un camino intermedio y una herramienta más para la negociación colectiva. “Prácticamente, toda la inversión en fondos de pensiones está concentrada en rentas altas, personas que pueden arbitrar entre marginales, y ahí [en los planes de empresa] es donde está la posibilidad de desarrollar una industria de grandes volúmenes, como hemos visto en otros países”, señaló Escrivá. “Es razonable que cualquier esfuerzo público en esta materia sea a los sistemas de empleo, que son los que pueden cumplir la función social que se pretende”, considera Bravo. “Esa función social consiste, por un lado, en permitir generar pensiones complementarias a las pensiones públicas con vocación de generalizarlas, aunque no pueden alcanzar extensión universal como tiene el sistema de pensiones públicas”. “Son un instrumento idóneo para atraer, incentivar, motivar, fidelizar y promover la retención del capital humano en las empresas”, señala Casla.

Sin embargo, la realidad es que al final de 2020 estos fondos tenían algo más de dos millones de partícipes y 35.766 millones de euros en cuenta, frente a los 7,3 millones de asociados y 80.568 millones de euros de los planes individuales. “Los más interesados deberían ser los trabajadores y los empresarios, pero no se lo he oído ni a unos ni a otros, solo al Gobierno”, considera González de Frutos.

Uno de los motivos plausibles es el mapa empresarial español, centrado en las pyme y con altas tasas de precariedad y temporalidad. “Los sistemas de previsión social complementaria en la empresa, se desarrollan donde hay trabajo estable, salarios mejores y capacidad de negociación de los trabajadores”, apunta Bravo. “Es muy importante que sea una medida inclusiva y que se extienda a los trabajadores de cualquier tipo de empresa (pequeñas, medianas y grandes) y a los autónomos. Así como que se extienda a todo tipo de trabajadores de grupos minoritarios o vulnerables”.

Para Martínez Aldama, “hay otros países donde este sistema funciona y cuyo mapa empresarial no es radicalmente diferente al nuestro. ¿Qué han hecho? Establecer sistemas obligatorios generales, vía convenios colectivos o normas generales, que garantice que el 100% de los trabajadores tengan acceso a un sistema de empleo”, apunta. “Hace falta un impulso decidido, con obligación o semiobligación, y que no implique un coste solamente para las empresas”. “Hay que ir a por los 15 millones de asalariados y a los autónomos”, apunta Herce.

Compartir responsabilidades

Y para eso, defienden desde las patronales, la responsabilidad de las aportaciones no debe caer exclusivamente (o incluso mayoritariamente) en las empresas, sino que debe de estar más repartida con los trabajadores y el Estado. “Según lo que hemos leído del anteproyecto, las aportaciones del trabajador no podrán ser nunca superiores las que vengan de la propia empresa”, señala González de Frutos. “Si no hay más incentivos, estamos creando un cascarón hueco en el que podemos incorporar lo que ya hay, pero que no va a crecer”. “Hay que poner cohetes adicionales para ponernos en un estándar internacional, porque se tarda tiempo en generar patrimonio”, indica Martínez Aldama. “La clave del desarrollo es quién aporta los fondos”, reconoce Bravo.

La otra parte del conflicto político está en quién gestiona esos fondos y para qué. Ya hoy en día los más de 100.000 millones de euros depositados en fondos de inversión son un patrimonio jugoso; en caso de una universalización de la previsión paralela, lo será mucho más. ¿A dónde ha de ir el dinero? “Esas masas de ahorro ilíquido han de invertirse y, por tanto, pueden contribuir a financiar políticas públicas y proyectos empresariales si mantienen una posición de inversión socialmente responsable”, afirma Bravo.

Desde el Gobierno se ha hablado de un fondo público que compita con los privados, o gestionado por la Seguridad o por una gestión privada controlada desde el Estado. “La comisión de seguimiento ministerial tiene derecho de veto sobre los gestores externos y yo no sé que gestores van a querer meterse a eso”, apunta Herce. “El dinero solo puede ir a un sitio y es el que garantice el máximo beneficio para el partícipe”. “El Gobierno piensa que el problema de la falta de pensiones complementaria es un problema de gestión, hay muchas gestoras y muy eficientes”, considera González de Frutos.