Bankia, tarjetas black y salida de Rato del PP

Los 82 consejeros de Caja Madrid y Bankia que usaron las tarjetas black gastaron 15,5 millones entre 2003 y 2012. Un minucia en comparación con los 22.424 millones que los contribuyentes se juegan en Bankia, pero ha causado un escándalo social mucho mayor que el rescate bancario por la impunidad y el despilfarro que reflejan los gastos realizados desde una entidad con un fin social, que además ha resultado ser el ejemplo de una mala gestión.

El escritor Javier Marías resumió recientemente el corazón de este escándalo: “Legal o no, las personas solían saber lo que estaba bien o mal hecho, lo que era “recto” o “torcido” (por utilizar términos adecuadamente anticuados), y a nadie se le escapaba que permitir que alguien difuso o abstracto pague nuestros gastos particulares y nuestros excesos, jamás es algo bien hecho. El uso frívolo e innecesario de esas tarjetas se convierte en algo obsceno, indecente. A todos esos señoritos la sociedad debería negarles el saludo como mínimo, por codiciosos y avaros, lo peor que se podía ser si se poseían caudales”.

El hecho cierto es que consejeros y altos directivos de Caja Madrid y Bankia disfrutaron durante al menos diez años de tarjetas de crédito a las que cargaron gastos personales por 15,5 millones. Estas tarjetas fueron otorgadas por la entidad al margen de la cuenta habitual de gastos de representación y sirvieron para abonar, entre otros bienes, ropa, alimentación, joyas, consumiciones de alcohol, saunas, armas, compras en grandes superficies o viajes a Thailandia o safaris en Sudáfrica. De los más de 15 millones, se extrajo 2,1 millones en cajeros automáticos.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que juzga el asunto de las tarjetas dentro del caso Bankia, ha hecho responsables a Miguel Blesa y Rodrigo Rato a los que le ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 16 millones de euros para el primero y de tres millones para segundo. Ambos se defendieron diciendo que las tarjetas eran una práctica que les precedía a su llegada a la presidencia.

Blesa responsabilizó a personas y órganos inferiores, así como a una supuesta práctica iniciada por Jaime Terceiro, presidente al que Blesa sustituyó, versión que ha descartado el propio magistrado tras ver las actas del consejo, donde no se afirmaba que las tarjetas pudieran ser de uso privado. Rato insistió en que pensaba que se trataba de algo legal. “Era un instrumento de pago que formaba parte de mi retribución salarial y como tal lo acepté. Su retención se producía como cualquier otro elemento salarial”. Además aseguró que “era un instrumento público y conocido en la entidad”, así como que al ser nominativa nunca se podía considerar opaca.

El juez andreu ve indicios de que blesa y rato habrían "consentido y propiciado el uso indebido de fondos"

Sin embargo, Andreu no se ha creído estas explicaciones. En su auto de fianza dijo que se desprenden indicios “racionales y bastantes” de que los expresidentes de Caja Madrid habrían “consentido, aceptado y propiciado el uso indebido de los fondos de la entidad”, mediante la atribución y entrega de las tarjetas en “provecho propio” a miembros del consejo, de la comisión de control, consejeros ejecutivos y directivos.

Miguel Blesa gastó 423.000 euros y su sucesor, Rodrigo Rato 99.041 euros que han sido devueltos. Pero los implicados son personas de toda la órbita política y social, que es lo que ha convertido este escándalo en algo irrepetible y de enorme magnitud: consejeros nombrados por PP (que eran mayoría porque era el partido que controlaba la entidad), PSOE, IU, CC OO, UGT y la Confederación de Cuadros, además de un gran número de altos directivos. También había representantes de las patronales, un exsecretario de Estado de Hacienda (Estanislao Rodríguez Ponga), del consejo de Telemadrid, de la Comunidad de Madrid, del ayuntamiento de la capital y de la Fundación Caja Madrid. El PP y el PSOE han expulsado a todos los afectados. Hacienda investiga, uno a uno, sus gastos para tratar de reclamar el dinero no declarado.

Según la versión oficial, Bankia empezó a investigar en diciembre de 2013 el caso a raíz de la publicación en eldiario.es de uno de los correos personales recibidos por Miguel Blesa. En él, Enrique de la Torre, secretario del Consejo con Blesa, habló de que había “tarjetas black a efectos fiscales” para consejeros y ejecutivos”. El mismo gastó más de 300.000 euros, en su mayoría en extracción en efectivos en cajeros. La búsqueda fue muy complicada porque los gastos de los ejecutivos estaban ocultos en una cuenta donde se anotan los quebrantos por operaciones en los cajeros automáticos y otros problemas técnicos.

En la investigación del caso, el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón preguntó a Rato por una transferencia de algo más de seis millones de euros recibida en 2011 de Lazard, entidad que asesoró a Bankia en diferentes servicios bajo su presidencia y por los que cobró ocho millones. Este asunto podría convertirse en una causa separada. Rato no declaró este dinero ni a Bankia ni a la CNMV. Incluso afirmó al regulador que no tuvo conflicto de interés en los dos últimos años. Pese a esta irregularidad, el organismo presidido por Elvira Rodríguez no ha comunicado la apertura de una investigación. Rato ha salido del Santander, (que ha disuelto el Consejo Asesor Internacional), pero se mantiene en Telefónica y en una empresa socia de La Caixa. En el caso de las tarjetas, Blesa y Rato parecen ser los principales objetivos del juez.