Nóos e imputación de la infanta

La hermana del Rey, la infanta Cristina de Borbón, quedó imputada en 2014 en el ‘caso Nóos’, por decisión del juez instructor José Castro, contra el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y de la Abogacía del Estado. En febrero pasado, la infanta, esposa de Iñaki Urdangarin, tuvo que declarar durante más de cinco horas en el juzgado y, finalmente, al cabo de ocho meses el magistrado la incluyó en el listado de acusados, y ha pedido que se siente en el banquillo del futuro juicio en 2015. Ahora el juez tiene el respaldo de la Audiencia de Palma y no como sucedió en mayo de 2013 cuando la sala se opuso a una inicial imputación.

Tan solo la acusación popular, el pseudo sindicato ultra Manos Limpias, actúa contra a la infanta por su supuesta cooperación en los dos delitos fiscales de su marido, en 2007 y 2008 y le pide ocho años de prisión. Hasta 20 acusados, la mayoría excargos del PP de Baleares, Valencia y Madrid, irán a juicio.

Con la instrucción concluida, el fiscal Pedro Horrach solicita 19 años y medio de cárcel y 3,5 millones de multa para Iñaki Urdangarin. El esposo de la Infanta afronta un abanico de supuestos delitos de los que deberá responder ante el tribunal: malversación de caudales públicos, estafa, prevaricación, falsedad en documento público, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración, dos delitos contra la hacienda pública y uno delito de blanqueo de capitales. Al ex presidente de Baleares, Jaume Matas, del PP, por su implicación en el caso, se le reclaman 11 años de reclusión.

El 'caso Nóos' también llamado ‘caso Urdangarin’ se suscitó en 2010 al destaparse sospechas penales por la malversación de seis millones de euros públicos por parte de Urdangarin y de su socio Diego Torres en su Instituto Nóos, que se proclamaba entidad altruista, sin ánimo de lucro semejante a una ONG. Nóos logró partidas de los Gobierno de Baleares, Comunidad Valenciana y Ayuntamiento de Madrid. Posteriormente, la causa derivó hacia la Infanta porque fue miembro de la junta de Nóos y es copropietaria con su esposo de la empresa Aizoon que fue destinataria de fondos supuestamente ilegales y que manejó dinero defraudado a Hacienda.

El fiscal no ve a la Infanta sospechosa de actividad delictiva sino que la considera una victima, indefensa y discriminada “por lo que es” por el juez. Aun así le reclama casi 600.000 millones de euros por su lucro personal de los fondos defraudados por su esposo aunque cree que no conocía su origen ilegal ni ser administradora de la empresa. La defensa de la infanta depositó esta partida para que no tenga que ser parte civil en la vista ni sea llamada a declarar como testigo, como pretende la fiscalía, en el caso de no ser imputada.

El fiscal Pedro Horrach solicita 19 años y medio de cárcel y 3,5 millones de multa para Iñaki Urdangarin

Para Hacienda y la Audiencia de Palma, Aizoon, la empresa de los duques de Palma es una “sociedad pantalla con finalidad defraudatoria”. Iñaki Urdangarin carga con una fianza de responsabilidad civil de 6 millones de euros, por lo que sufre el embargo de la mitad del 'palacete' de Pedralbes en Barcelona, en el que la familia gastó parte de los fondos bajo sospecha. Durante meses y meses la policía y Hacienda han escrutado las cuentas, gastos y bienes de Cristina de Borbón y la prensa los ha divulgado. La familia Urdangarin-Borbón, que vivía en Estados Unidos, retornó a Europa, abandonó la mansión, la puso en venta y se trasladó a vivir a Suiza.

Este asunto es uno de los episodios judiciales de supuesta corrupción de más larga trayectoria y resonancia en España, por la presencia de la hija del Rey Juan Carlos y de su yerno. El tema ha tenido impacto en la imagen de la Monarquía y ha motivado, posiblemente, su evolución, El seguimiento del escándalo se ha centrado finalmente -durante 2014- en la imputación de la Infanta. El tema nació de una investigación sobre los sobrecostes millonarios (de 48 a 110 millones) de la obra del velódromo Palma Arena y el posible enriquecimiento personal del que era presidente del Gobierno de Baleares de Jaume Matas.

La entrega de una documentación sobre impagos y excesos por parte del Ejecutivo balear del PSOE fue la primera piedra del origen del ‘caso Nóos’ en 2008. Pero, casi de casualidad, en 2010 se concretó en lo que es al hallar el fiscal Pedro Horrach y el juez José Castro, una carpeta casi vacía de un convenio millonario –sin justificar- con el Instituto Nóos. Al reclamar datos, tirando del hilo apareció Urdangarin y luego su esposa.