la herencia de pujol

El comunicado, publicado a última hora de la tarde del 25 de julio, tenía mucho de voladura controlada. Jordi Pujol, presidente de la Generalitat durante 23 años, referencia política y moral del nacionalismo catalán, y una de las claves de bóveda de la vida pública española desde la Transición, confesaba que su familia había mantenido una fortuna oculta al fisco en el extranjero, y que esta había sido “regularizada” en los días previos ante Hacienda por su esposa, Marta Ferrusola, y sus siete hijos. Pujol informaba de que el dinero, cuya cantidad no especificaba, procedía de una herencia de su padre, Florenci, antiguo agente de bolsa y uno de los fundadores de Banca Catalana, que “tenía miedo de lo que podía pasar (…) a un político muy comprometido”. El relato de Pujol, una mezcla de mea culpa y autojustificación para la posteridad con tintes freudianos, arrojaba más dudas que respuestas y fue inmediatamente interpretado como un intento del expresident de proteger a sus hijos -en especial al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola- cercados por escándalos de corrupción. De hecho, en su carta, Pujol se presentaba como “único responsable” del dinero oculto en el extranjero.

La declaración hacía saltar por los aires la estrategia seguida hasta entonces por Pujol, y que consistía en negar de forma rotunda la existencia de cuentas fuera de España. Hasta el 25 de julio, el expresidente, de forma apenas velada, atribuía las informaciones sobre la fortuna de su familia a su posición favorable al proceso soberanista emprendido por su delfín, el actual presidente de la Generalitat Artur Mas. Al igual que en 1984, cuando la fiscalía lo incluyó en la querella del caso Banca Catalana, Pujol identificaba las investigaciones periodísticas y judiciales con ataques a Cataluña. En la carta remitida a los medios, las referencias eran exclusivamente personales: pedía “perdón” a la “gente de buena voluntad” que hubiera podido sentirse “defrauda” con sus engaños y esperaba que la nota fuera “reparadora” del mal y de “expiación” de sus fallos.

Sin embargo, la realidad desbordó rápidamente el dique levantado por Jordi Pujol. El 15 de septiembre, su hijo mayor Jordi Pujol Ferrusola declaró como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por delito fiscal y blanqueo de capitales. Según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, las sociedades del hereu y de su exesposa, Mercé Gironès, facturaron 8,5 millones de euros entre 2004 y 2012 a 17 empresas contratistas de la Generalitat por unos servicios de intermediación que están en entredicho. La investigación sobre Pujol Ferrusola se inició con una declaración de su antigua amante, María Victoria Álvarez, que contó a la policía supuestos viajes con aquel a Andorra con mochilas cargadas con billetes de 500 euros.

La declaración del expresident hizo saltar por los aires su propia estrategia de negar de forma rotunda la existencia de cuentas fuera de españa

El hijo mayor de Pujol se definió a sí mismo ante el juez como un “dinamizador económico” que hacía negocios “pasando información” sobre temas tan variopintos como la promoción inmobiliaria, los campos solares o la electrificación en el Congo. Sin embargo, las empresas con las que debió mediar, según las facturas que giró, han negado conocerle. Y las empresas que supuestamente le pagaron millones de euros aseguran que lo contrataron de forma verbal. La investigación ha puesto de manifiesto que Pujol Ferrusola movió al menos 2,4 millones de euros de Andorra a México tras ser imputado: en su declaración ante Ruz había negado disponer de cuentas en el extranjero. El magistrado pidió al país norteamericano el bloqueo de los fondos.

Otro hijo del expresident, Oleguer, está imputado también por delitos fiscales y blanqueo. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz lo investiga tras una querella contra la familia Pujol interpuesta por Podemos y Guanyem. El pasado 23 de octubre, el menor de los cuatro hijos varones de Pujol fue detenido durante unas horas por la policía mientras se registraba su casa en Barcelona en presencia del fiscal anticorrupción. Los investigadores tratan de aclarar las multimillonarias inversiones realizadas en España y el extranjero por empresas en las que participa Oleguer Pujol con dinero procedente de paraísos fiscales. Entre las inversiones figuran 1.152 oficinas del Banco Santander; la adquisición de edificios de Bankia; la compra de un hotel en Canarias; operaciones realizadas entre Longshore y Prisa División Inmobiliaria, así como la compra de inmuebles en Palma de Mallorca y la adquisición del edificio del Consejo General de la Abogacía en 2012.