El programa del PP para las europeas: rechazo a la amnistía, control de la inmigración y vaguedad sobre Palestina
Los populares proponen crear un delito de traición a la UE y posponer la prohibición de los coches de gasolina y diésel
A seis días de las elecciones europeas de este domingo, el PP ha hecho público al fin el programa electoral completo con el que concurre a la cita con las urnas. Se trata de 80 propuestas, con un primer bloque de marcado acento nacional —centrado en la ley de amnistía y en la corrupción— y con aires de influencia de Vox en la apuesta por un mayor control de la inmigración. En materia de política exterior, el PP no menciona el reconocimient...
A seis días de las elecciones europeas de este domingo, el PP ha hecho público al fin el programa electoral completo con el que concurre a la cita con las urnas. Se trata de 80 propuestas, con un primer bloque de marcado acento nacional —centrado en la ley de amnistía y en la corrupción— y con aires de influencia de Vox en la apuesta por un mayor control de la inmigración. En materia de política exterior, el PP no menciona el reconocimiento del Estado palestino —que promueve el Gobierno de Pedro Sánchez y que los populares han rechazado públicamente en los últimos días—, mientras en política medioambiental defiende posponer la prohibición de los coches que emitan CO₂ (los que usan gasolina y diésel), que la UE ha fijado para 2035.
Ley de amnistía. El PP comienza su lista de compromisos electorales para las europeas hablando de la amnistía a los encausados por el procés independentista catalán, el primer punto del programa y el eje central de su campaña, pese a que en las elecciones catalanas de mayo los populares orillaron ese asunto. El documento se compromete a seguir reclamando que la UE ponga trabas a la aplicación de la ley, que ya ha sido aprobada por el Parlamento, pero aún no ha entrado en vigor. “Lideraremos en las instituciones europeas la defensa del Estado de derecho como piedra angular de la UE frente a la Ley de Amnistía y demás ataques del actual Gobierno a la separación de poderes y otros valores comunes”, dice el programa del PP.
Corrupción política. Los populares plantean que la nueva Directiva anticorrupción de la UE “refuerce las exigencias y sanciones ante posibles conflictos de intereses en los Gobiernos”, una medida que ponen sobre la mesa en plena investigación judicial a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por tráfico de influencias. El PP defiende, además, que esa directiva prohíba “la concesión de indultos y amnistías por delitos de corrupción, como ya ha aprobado el Parlamento Europeo”. Por último, los populares proponen la creación de un delito europeo de traición, “con el fin de castigar a quien coopere con una potencia extranjera hostil para perjudicar la seguridad o defensa europeas o atente contra la integridad territorial de los Estados miembros”.
Inmigrantes y valores europeos. El PP quiere poner trabas a la inmigración, exigiendo a los inmigrantes que cumplan “con los requisitos mínimos de integración y de adherencia a los principios y valores recogidos en la carta de derechos fundamentales de la UE”, pero el programa no aclara de qué forma se exigiría ese compromiso. Los populares apuestan además por un mayor control de las fronteras europeas. “Reclamaremos una mayor presencia de la Guardia Europea de Fronteras y Costas en territorio español, en estrecha colaboración con nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, particularmente en las islas Canarias, en Ceuta y Melilla y en aquellas zonas donde existe mayor presión migratoria”, señala el documento para los comicios del 9-J. También proponen “facilitar y agilizar la expulsión de aquellos nacionales de terceros países que, aun residiendo de manera legal en los Estados de la Unión, hayan sido condenados a pena de cárcel”, mediante un cambio en la Directiva de Residentes de Larga Duración.
Menos políticas verdes. La influencia de la extrema derecha se percibe en la política medioambiental, aunque el PP evita atacar, como sí hacen los partidos ultras, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. No la menciona, pero tampoco la censura. Los populares sí pretenden, en todo caso, una relajación de algunas políticas verdes: defienden, por ejemplo, posponer la prohibición de venta de coches de combustión (gasolina y diésel) “hasta que la electrificación en España alcance la cobertura suficiente” y se pueda “garantizar la capacidad de compra de vehículos eléctricos de las familias”. El pasado 28 de marzo, los ministros de Energía de la Unión Europea aprobaron la legislación que prohibirá la venta y matriculación, a partir de 2035, de vehículos que emitan CO₂.
Gestión de los fondos europeos. El PP también cuestiona la gestión de los fondos europeos Next Generation EU, que, según el programa de los populares, “no están alcanzando, al menos en nuestro país, sus objetivos por una gestión muy deficiente que impide la llegada de estos recursos a los operadores económicos”. Feijóo también ha criticado la gestión de estos fondos durante la campaña y que hayan “endeudado a los europeos en 750.000 millones”. En su programa, el PP apuesta por “fondos europeos que promuevan la reindustrialización de la economía y la incorporación de innovación en los sectores tradicionales”, a través de “herramientas más eficaces que garanticen su absorción”. Los populares defienden el papel de las autoridades regionales y del sector privado en el diseño y planificación de estos fondos
Israel y Palestina. En materia de política exterior, el PP propone un “alto el fuego inmediato y duradero” ante “el conflicto entre Israel y Hamás”, “cuyo punto de partida debe ser la liberación de los rehenes por parte de Hamás y la entrega de las armas de esta organización”, subraya el programa, que no reprocha al Gobierno de Israel el asesinato de más de 35.000 palestinos en Gaza. El partido de Alberto Núñez Feijóo apuesta por un rol más activo de la UE en las negociaciones de paz para encontrar una salida “basada en una solución de dos Estados democráticos”. No menciona, sin embargo, el reconocimiento del Estado palestino que promueve el Gobierno de Pedro Sánchez, y al que Feijóo se ha opuesto en las últimas semanas por considerar que ahora no se dan las condiciones.