La Fiscalía denuncia a cuatro funcionarios del Ayuntamiento de Majadahonda por irregularidades en unas oposiciones

La Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado a cuatro empleados del Ayuntamiento de Majadahonda por las presuntas irregularidades ocurridas en unas oposiciones a dos puestos de arquitecto municipal. Los resultados del examen, que se realizó el pasado 7 de mayo, fueron tan extremos que tan solo dos personas aprobaron y lo hicieron con notas superiores a nueve, mientras que de los otros 94 opositores ninguno alcanzó más de cuatro puntos. La enorme disparidad entre las calificaciones hizo saltar las alarmas y provocó que cinco afectados interpusieran una denuncia ante la Fiscalía, que ahora ha prosperado, como ha adelantado la Cadena SER.

La denuncia va contra el presidente del tribunal del proceso selectivo, Rafael Emilio Lleonart Torant; el secretario de dicha mesa, Antonio Rosón Fernández; la directora de Recursos Humanos y secretaria suplente del tribunal, Yolanda Mosquera Ambite; y el presidente suplente, José Antonio Sánchez del Toro, todos trabajadores del Ayuntamiento de Majadahonda, acusados del delito de infidelidad en la custodia de documentos. El escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este diario, recoge que estas cuatro personas “pudieran haber dado información de las preguntas del primer ejercicio tipo test a las dos únicas personas que aprobaron”.

La Fiscalía extiende la denuncia a esas dos aspirantes, por el delito de aprovechamiento de información privilegiada. Uno de los hechos que primero hizo saltar las alarmas a los opositores desaprobados fue que una de esas personas ya trabajaba en el Ayuntamiento de Majadahonda a la hora de hacer el test, un dato que ahora ha confirmado la propia administración a este diario, que aclara que se encuentra en la categoría de funcionaria interina.

El Consistorio ―que ante las primeras denuncias se negó a hacer declaraciones porque, aseguraron, se trataba de un asunto desmarcado de la política― defiende que ambas han sido “aprobadas provisionalmente” y que el tribunal, ahora denunciado, “aún ha de resolver sobre las alegaciones de los aspirantes”. Un portavoz ha señalado que ante todo guardan “el máximo respeto” a la actuación de la justicia y a las acciones tomadas por los aspirantes afectados por el proceso, pero que, desde ese respeto, igualmente valoran “el principio de presunción de inocencia de todos aquellos que pudieran llegar a estar investigados”. Los cuatro denunciados del tribunal, confirma un portavoz de la administración, se encuentran trabajando en su puesto con normalidad en estos momentos “ya que son funcionarios públicos”. Además, señala que aún no han recibido notificación de la denuncia por parte de las instancias judiciales o fiscales.

La investigación de la Fiscalía determinó que el examen fue elaborado en un 95% por el presidente del tribunal de la oposición, “que preparó las 80 preguntas más las cinco alternativas y las propuso al resto” de personas en la mesa, “aunque deberían haberlas realizado entre todos ellos”. El escrito aclara que Lleonart tan solo agregó tres ejercicios de los que propusieron sus compañeros. “Las preguntas se encontraban en el ordenador del presidente y en una memoria externa que se encontraba en su poder cuando las aporta a la primera reunión del tribunal”, añade.

El presidente, que fue nombrado en ese cargo el 13 de marzo de 2025, según recoge el documento, reconoció ante el resto de miembros que ya había preparado las preguntas varios meses antes que su designación al frente del proceso. La Fiscalía señala que no se puede comprobar que el examen ―que debió realizarse antes de la fecha en la que efectivamente se llevó a cabo, pero fue pospuesto a causa del gran apagón que sufrió todo el país― haya sido correctamente custodiado por los responsables.

En el escrito se reconoce que el proceso de selección “no fue todo lo ortodoxo” que debería ser. No solo los resultados llamaron la atención de los aspirantes, sino que la forma en la que se manejó el propio test estuvo rodeada de presuntas irregularidades. Varios aspirantes denunciaron a este diario que no existió un sistema confiable para anonimizar los exámenes, como suele ocurrir en la selectividad con tal de que el tribunal no pueda identificar a quién pertenece cada hoja de respuestas. Esos folios y el de los datos personales estaban unidos por una grapa, aseguraron, por lo que creían que cualquiera hubiera podido cambiarlos sin mayor problema, además de saber el nombre de quien lo hizo.

Las notas fueron tan catastróficas que siete de los 96 aspirantes obtuvieron cero puntos, mientras que el tercero con nota más alta logró un 4,57. Sin embargo, las dos primeras aprobaron con un 9,01 y un 9,63 respectivamente.

Varios de los afectados con los que habló este diario ya habían participado en otros exámenes similares, así que estaban muy familiarizados con los temarios y los métodos, por lo que no veían normal que ninguno hubiera podido sacar al menos un aprobado. “Los denunciantes iremos hasta el final”, aclara Daniel Sanz, uno de los aspirantes que ha denunciado, que quiere que esto “sirva de aviso a navegantes en otros procesos”.

El PSOE de Majadahonda, que presentó un recurso de alzada en mayo tras conocer los resultados del proceso selectivo, ha mostrado su “preocupación” al conocer la noticia de la denuncia de los cuatro funcionarios implicados. “Un resultado tan extraño como el sucedido en Majadahonda podría poner en duda si el examen propuesto como primera prueba eliminatoria ha garantizado que todos los aspirantes pudieran demostrar sus conocimientos en un proceso de evaluación fiable y de que se hayan podido cometer presuntas irregularidades en el proceso”, ha comentado el concejal socialista David Rodríguez Cabrera. “Cabría analizar si las preguntas eran claras y adecuadas al objeto de la prueba, si el nivel de dificultad era razonable, si el tiempo de duración era adecuado”, añade.