Un juez “pide” al autor de los protocolos para residencias pruebas de que se opuso a su contenido discriminatorio, según la acusación

Nuevo avance para las familias en el caso residencias: un juez ha pedido al principal redactor de los protocolos de triaje que aporte las pruebas por escrito de que se opuso al contenido que consideró discriminatorio, según ha asegurado este miércoles uno de los abogados de las asociaciones de familiares. La petición se ha producido después de que ese autor, el médico Javier Martínez Peromingo, reiterara en un juzgado de Collado de Villalba lo que había dicho el día anterior en otra vista judicial en Plaza de Castilla: que se quejó de esos documentos al alto cargo madrileño que se los encargó. Peromingo, que no ha hecho declaraciones a la prensa, está imputado en siete juzgados de la Comunidad de Madrid por muertes sin hospitalización que se produjeron en la primera ola de la pandemia.

La versión de Peromingo puede ser clave porque lo que se dirime es si se cometió un delito de discriminación en la prestación de un servicio público, en este caso la asistencia sanitaria. Según el relato que los abogados de las familias han hecho de las sesiones de este martes y miércoles, Peromingo ha desviado las culpas hacia el alto cargo sanitario que le encargó esos protocolos, Carlos Mur. Este también está imputado en ambos procedimientos pero no se ha personado en ninguno. Según le ha dicho a EL PAÍS, no ha sido notificado y está dispuesto a colaborar porque las “familias merecen conocer toda la verdad”. Tampoco ha comparecido otro investigado, Pablo Busca, el antiguo gerente de las ambulancias del Summa 112.

“Una vez más ha vuelto a señalar a Carlos Mur como el responsable de estos protocolos”, ha dicho a los periodistas que esperaban en la calle el abogado de las familias, Carlos Castillo, quien ha dicho que Peromingo ha calificado de “excluyentes y discriminatorios” los criterios para acceder al hospital contenidos en las tres primeras versiones de los protocolos (18, 20 y 24 de marzo de 2020), pero no así el de la última versión, del 25 de marzo.

Todos los protocolos para residencias recomendaban descartar la hospitalización de los pacientes con dependencia mental o física, pero las tres primeras versiones usaban la escala de Barthel, que mide del 1 al 100 la autonomía del paciente, mientras que la última introdujo un baremo de fragilidad del 1 al 9.

El origen de los protocolos está en una reunión el 13 de marzo en el edificio Sollube del complejo financiero de Azca, sede de varios departamentos del Servicio Madrileño de Salud. En medio del pánico por un posible colapso hospitalario, un grupo de geriatras de hospital, entre ellos Peromingo, fue convocado por Mur para abordar cómo iban a filtrar las llamadas de residencias pidiendo hospitalización para sus enfermos. La idea, según la había anunciado a la prensa un día antes el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, era que los mayores enfermos fueran tratados en las propias residencias, una de varias medidas extraordinarias en respuesta a la ola de coronavirus. Durante un mes, esos geriatras aplicaron el triaje para las residencias de sus respectivas zonas, de acuerdo con esas directrices.

Después de cinco años de escaso avance judicial, las familias de los fallecidos han logrado en 2025 progresar en la investigación. Peromingo es uno de los cuatro exresponsables autonómicos que han sido imputados en distintos juzgados de la región. Este martes fue el primero de ellos que declaró ante un juez, en el juzgado de instrucción 23 de Madrid.

En la sesión de este miércoles, en el juzgado 2 de Collado Villalba, Peromingo también se quejó de que Mur firmó y difundió los primeros protocolos sin el permiso de los geriatras, según ha contado Castillo. “Ha señalado que los documentos que le enviaron (los geriatras) al señor Mur por el cual ellos establecían una serie de criterios de tratamiento para las personas que residían en las residencias no son los mismos que luego el señor Mur envió en sus correos y que ellos consideraron discriminatorios”, ha dicho Castillo.

Peromingo también ha negado que se produjera la medicalización o refuerzo sanitario de las residencias, según Castillo. “En la zona que él actuaba no tuvo constancia de que se hubiera derivado a ningún médico”, ha dicho el abogado acusador. Peromingo aplicaba el filtro a las 47 residencias que dependían de su hospital, el Rey Juan Carlos de Móstoles, en el sur de la región.

El caso de Collado Villalba, en el número dos de instrucción de esa localidad de la sierra madrileña, versa sobre la muerte sin hospitalización de Luis Yanci a los 72 años en la residencia Sanitas Torrelodones. Su hija Bárbara declaró en ese mismo juzgado en verano y hoy esperó a las puertas del edificio soportando la lluvia y el frío junto a una veintena de manifestantes.

Allí también aguardaba Yolanda Sanz, cuya madre murió con 62 años en otra residencia de la zona, pero que no ha conseguido personarse en este procedimiento y ha interpuesto un recurso al Tribunal Constitucional. Cuando vio salir a Peromingo, acompañó a los periodistas que intentaban sin suerte alguna que el médico dijera unas palabras, mientras él caminaba cabizbajo.

Ella le soltó con rabia: “¡62 años y vas tan tranquilo paseando! ¿Me estás escuchando? ¡No tienes vergüenza! ¡Cinco años y ocho meses!“. Él se mantuvo en silencio, se montó en su coche y se largó.

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