El misterioso caso de Miguel González, el pintor de los 1.641 contratos a dedo con la sanidad de Ayuso

13.39 de este lunes. Miguel González coge el teléfono:

−Hoy estoy liao. Tengo mucho trabajo.

González es un pintor vallecano “de toda la vida”, aunque nació en un pueblito de Ávila hace 71 años. Este fin de semana ha sido protagonista de un tuit viral con más de 300.000 visualizaciones. La publicación es de Óscar Hernández, una especie de detective ciudadano anónimo especializado en sus ratos libres en la sanidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. A las 19.24 del sábado ...

13.39 de este lunes. Miguel González coge el teléfono:

−Hoy estoy liao. Tengo mucho trabajo.

González es un pintor vallecano “de toda la vida”, aunque nació en un pueblito de Ávila hace 71 años. Este fin de semana ha sido protagonista de un tuit viral con más de 300.000 visualizaciones. La publicación es de Óscar Hernández, una especie de detective ciudadano anónimo especializado en sus ratos libres en la sanidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. A las 19.24 del sábado alertaba a sus casi 7.000 seguidores de que había descubierto en las bases de datos públicas que un señor residente en Puente de Vallecas, titular de Pinturas Rosell SL, había ganado 1.182 contratos con el hospital Ramón y Cajal, uno de los gigantes de la sanidad madrileña. “Esto es la libertad, amigos (emoticono de la estatua de la Libertad)“, decía en su tuit.

Miguel González cuelga el teléfono. Pero al rato devuelve la llamada. Ha visto ese tuit y quiere aprovechar para aclarar a los periodistas que no es cierto, como andan diciendo algunos en redes, que él forme parte de un entramado oscuro de sociedades. De paso, explica que su empresa Pinturas Rosell se llamaba antes Pinturas Miguel González, fundada por él hace 50 años. Con ese nombre, empezó a trabajar para grandes clientes: el Museo del Prado, la Expo 92, Don Juan, el padre del Rey Emérito... “Yo lo único que he hecho es hacer las cosas bien y por eso he tenido éxito con la pintura”, remacha.

Su relación con el Hospital Ramón y Cajal comenzó hace tres décadas, no recuerda el año exacto. El número de contratos con ese hospital es por tanto mucho mayor a lo que indicó el detective tuitero, pero solo es posible conocer el dato desde 2016, la fecha más antigua en el Portal de la Contratación: desde entonces, según ha verificado EL PAÍS, son 1.641 los contratos menores (a dedo) adjudicados a las empresas de González, es decir, un encargo cada 48 horas. Son trabajos del tipo “Repaso goteras” (363 euros), “pintado aseo por avería agua” (278,28), “bordillo piramidin y taxis” (3.430,35), y muchos otros para pintar laboratorios, consultas o habitaciones de planta, entre otras zonas del hospital. En total: 4,7 millones de euros.

González cuenta que no hay nada malo en este proceder. “Los que llevan mantenimiento me llaman y ya está. La mayoría de las veces son repasos. Me dicen ‘Miguel, que tienes que venir a repasar lo que sea’”. Sin embargo, los expertos en contratación consultados alertan de que se está cometiendo un fraude de ley porque los contratos menores deberían ser la excepción y no la regla. Ese tipo de procedimiento está permitido por la ley, pero se fija un límite de 15.000 euros en caso de contratos de servicios, como es este caso. Si se supera ese umbral la ley obliga a anunciar la licitación para que compitan por ella varias empresas, pero para evitar ese escenario, los encargados de contratar suelen “trocear” los contratos, como todo indica que ha sucedido aquí.

Así, por ejemplo, en solo diez días de julio de 2021, Miguel González recibió a dedo 59 contratos menores con el mismo objeto: “pintura y entelado varias zonas del hospital” por un valor conjunto de 62.668 euros. Esta práctica se repite a lo largo del tiempo.

La organización anticorrupción Transparencia Internacional considera que el caso del pintor del hospital pone de manifiesto las advertencias que han hecho a las autoridades españolas sobre los riesgos de los contratos menores. Un informe de 2023 reprocha al Estado español la regulación imprecisa de estos contratos que trae como consecuencia el abuso de la figura y el fraccionamiento ilícito del objeto del contrato. “No sabemos si en este caso del hospital hay fraude o corrupción, pero tratándose de fondos públicos deberíamos tener más respeto”, le dice a este diario su director ejecutivo en España, David Martínez.

Otro problema es la falta de supervisión, según la organización madrileña Audita Sanidad. El economista que hace de portavoz, Vicente Losada, dice que llevan años denunciando sin éxito ante distintos órganos de fiscalización madrileños y estatales el abuso de los contratos menores por la Consejería de Sanidad de Madrid. “En 2019, presentamos una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción alertando de que el 50% de los contratos menores dados por la Consejería habían sido fraccionados y nos vinieron a decir que les parecía muy mal esa práctica, pero no podían hacer nada si no presentábamos una prueba de que alguien se llevaba una comisión”, dice Losada.

El asunto es de gran entidad. Según Audita Sanidad, los contratos menores suponen el 99,4% de los contratos adjudicados por la Consejería de Sanidad. En números absolutos la cifra ronda los 400.000 contratos de este tipo, por un valor que oscila entre los 800 y 900 millones de euros.

Losada dice que el control debería comenzar dentro de la Comunidad, en la Intervención General, un órgano de control financiero, pero lamenta su pasividad. Cuando estos órganos actúan, dice, sufren represalias, y cita el ejemplo de la interventora general de la Junta de Andalucía que fue cesada en enero, solo tres meses después de publicar un informe muy duro en el que detectaba irregularidades en el 92% de los contratos menores sanitarios adjudicados en 2021, por un valor total de 1.223 millones de euros.

Otros hospitales madrileños sí sacan a concurso la conservación de la pintura. Por ejemplo, el Hospital Clínico San Carlos lo licita por 24 meses a cambio de 452.797 euros. Los pliegos exigen la presencia permanente de un oficial y un ayudante, así como el refuerzo de otros pintores en casos puntuales.

A preguntas de este diario, la Consejería de Sanidad evita responder si está investigando el caso de la conservación de pinturas en el Hospital Ramón y Cajal. Un portavoz responde por escrito que en 2024 iniciaron en ese centro un proceso para modificar la forma de selección de las empresas de conservación y mantenimiento: “Este procedimiento se encuentra en revisión para solicitar la autorización pertinente por la Agencia de Contratación Sanitaria [un órgano autonómico], con estimación del próximo 5 de diciembre”, contesta el portavoz. “El único objetivo que se persigue con este expediente es el de minorar la contratación menor en este aspecto. No obstante, desde el año 2024 se ha venido realizando una política de minoración de los contratos menores, que expresa sus máximos resultados en 2025″.

El pintor González cuenta al teléfono que su primer trabajo para el hospital lo hizo precisamente gracias a que ganó una licitación pública en la que obtuvo la “calificación máxima”, en los años noventa. No sabe decir cuándo empezaron los contratos menores. En su historial también figura un contrato de emergencia durante la pandemia (cuando proliferaron esos encargos porque se permitió por ley contratar sin apenas límite) para reformar y pintar la nueva UCI, por valor de un millón de euros.

Él cuenta que su empresa ha menguado mucho con respecto a lo que fue. “Hace cuarenta y pico años tenía 100 empleados y hacía muchas más cosas, hoteles, museos...”, dice. Ahora tiene solo a 11. “Tengo a uno o dos de ellos haciendo la fachada del Ramón y Cajal ahora mismo”.

En realidad, dice, se quiere jubilar cuanto antes. “Estoy muy cansado. No quiero pintar más. Ni al Ramón y Cajal ni a nadie”.

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