Las seis familias de María Guerrero se quedan en sus casas y esperan poder negociar con la Sareb: “Queremos un contrato de alquiler, no más”

Después de toda una noche sin dormir, Alfredo Remigio Abad respira un poco más tranquilo. Él es uno de los vecinos de las seis viviendas del número 1 de la calle de María Guerrero, en Carabanchel, que iban a ser desahuciados este miércoles y que finalmente podrán seguir en sus casas, al menos por ahora. “Nosotros lo que queremos es que nos den un contrato para alquilar, no queremos más”, dice en la entrada de su edificio, emocionado, mientras la gente que se había congregado para apoyar a las familias celebra con ellas con cánticos y aplausos. Unos minutos antes de las diez y media de la mañana, la comisión judicial ha abandonado el edificio después de que la Sareb, dueña de la propiedad, pidiese la suspensión del lanzamiento el pasado viernes.

A pesar de que el conocido como “banco malo” había comunicado esta decisión la semana pasada, el bloque ha amanecido con cinco vehículos de la Policía municipal en la puerta, la calle acordonada y agentes en los rellanos. A primera hora, Andrea Cesaroni, vecino del edificio, ha contado por teléfono a este periódico ―la policía no ha permitido acceder o salir de las viviendas―, que los agentes habían llegado sobre las seis y media de la mañana y que no les han permitido salir de los pisos, incluso de aquellos que no iban a ser desalojados. A una madre que iba a acompañar a sus hijos al colegio, asegura, solo la han dejado pasar tras identificarla y recoger sus datos.

Elsa Riquelme, miembro del Sindicato de Vivienda de Carabanchel, comenta que a ella también la han identificado junto con otros miembros presentes, y teme que esto derive en sanciones económicas. “Ha sido intenso”, dice Cesaroni, ya en la calle, sin los furgones policiales. “Cuando empezó a llegar la gente, nos sentimos un poco mejor porque al tener respaldo fuera, la policía también tuvo que salir”, añade.

En la acera de la intersección por la que se accede a la vía, la gente concentrada en apoyo a los vecinos gritaba sin cuartel consignas como “Vergüenza me daría desahuciar a seis familias” o “Gobierno progresista, hipócrita y rentista”. Antes de que llegase la comisión judicial, los manifestantes avanzaron hacia el cordón establecido por las fuerzas de seguridad, ocupando la calle que permanecía abierta al tráfico. Los agentes avisaron al Sindicato de que si no retrocedían, iba a actuar, pero la situación no llegó a más y, tras unos minutos, los allí congregados regresaron a la acera.

Leyre Pérez y Lucía Ríos, de 25 y 23 años, respectivamente, han acudido a mostrar su apoyo a las seis familias que hoy podían perder su casa. “Sientes que hay pocas esperanzas para el futuro en cuanto a nuestra posibilidad de tener una vivienda. Pues, habrá que luchar para intentar que mejore la situación”, cuenta Ríos. Los padres de uno de los residentes, y vecinos del barrio, también se han acercado a mostrar su apoyo. “Es un barrio obrero, en el que ha vivido gente siempre trabajadora. No se puede especular, que es lo que se está haciendo con las viviendas”, apunta Isabel Martínez, la madre.

Los responsables del juzgado han accedido al bloque en torno a las diez de la mañana y no han querido hablar con los representantes del sindicato y, de acuerdo con Cesaroni, tampoco con los vecinos. Tras acceder a los garajes, sobre los que también pesaba un requerimiento, salieron del edificio. Con abrazos, agradecimientos y gritos de “Este desahucio lo hemos parado”, los vecinos de María Guerrero 1 abren un nuevo período en el que esperan poder negociar con la Sareb, que asegura que están estudiando los casos de manera individualizada. Ocho de las 14 viviendas habían recibido un contrato de alquiler social y otras seis una notificación de desahucio tras un proceso iniciado el año pasado después de que la entidad se hiciese con el edificio a finales de 2023.

“Hemos conseguido paralizarlo. Ahora la situación está más estable e intentamos que la Sareb se siente a una negociación colectiva”, apunta Miren Beriain, miembro de la organización sindical y una de las personas asomadas a las ventanas, megáfono en mano, durante la mañana. Buscan llegar a un acuerdo de alquiler que excluya las cláusulas que han identificado como abusivas en los que ya han recibido —que la entidad enmarca dentro de la legalidad— y que se incluya una que prevea la continuidad de los mismos cuando la propiedad sea traspasada al la Entidad Pública Estatal del Suelo (SEPES).