Ayuso defiende a Ryanair en su pulso con Sánchez por las tarifas de Aena: “Se ponen palos a los motores”
La presidenta de Madrid asegura que si la compañía deja de operar en aeropuertos regionales “se cierran decenas de puestos de trabajo”
Isabel Díaz Ayuso y el consejero delegado de Ryanair, Eddi Wilson, se han mostrado este martes en sintonía a la hora de criticar al Gobierno de Pedro Sánchez por la política tarifaria de Aena, la empresa estatal que gestiona la red de aeropuertos de España. Wilson ha destacado Madrid como un lugar competitivo frente a “algunos, que no lo son”, en referencia a los aeropuertos regionales en los que ha cancelado 1,2 millones de plazas para el próximo verano por el incremento del 6,5% de las tarifas aéreas para 2026. El Gobierno central asegura que el incremento se produce después de años de tasas congeladas y con la intención de seguir ofreciendo un buen servicio a los viajeros. “Ryanair seguirá creciendo en España porque le conviene y gana dinero, pero no aceptaremos sus chantajes”, ha dicho Óscar Puente, el ministro de Transportes.
Ryanair amenazó este año con reducir su número de vuelos de forma drástica por esta subida de tarifas y lo ha cumplido. Ese número de plazas se ha reducido hasta en tres millones en un solo año, si se tienen en cuenta otros recortes anteriores. La guerra resulta evidente entre los directivos de la aerolínea irlandesa de low cost y los ministros de Sánchez. El más directo a la hora de señalar al Gobierno socialista ha sido David Simón, director de asuntos públicos de la aerolínea para España y Portugal. “Mientras otros han puesto piedras, Madrid siempre ha estado dispuesta a reconocer el rol de Ryanair”, ha dicho.
Ayuso se ha posicionado al lado de la compañía de manera inequívoca. Precisamente, esta mañana ha inaugurado en Madrid un centro de formación de pilotos de Ryanair, un acto en el que ha lamentado que por culpa de esta disputa “se cierran decenas de puestos de trabajo directos e indirectos; se ponen palos en los motores”. Las decisiones políticas “hay que tomarlas con gran cautela”, ha recalcado. “No somos conscientes del daño que pueden crear”, ha dicho a continuación. Para la presidenta, Ryanair es “algo más” que una aerolínea que opera en los aeropuertos españoles. “Es un socio destacado en el desarrollo de la cohesión territorial y el turismo de España. Beneficia a todos los ciudadanos, hay que pensar en el bien común. (...) Y no en cálculos políticos”, ha añadido Ayuso.
El aumento de las tarifas ha pasado el filtro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y entrará en vigor en marzo de 2026. Desde Ryanair se ha calificado la decisión de la empresa pública de “injustificada y perjudicial”. Ese discurso lo ha aprovechado Ayuso para destacar Madrid como una región en la que conviven con mejor armonía la inversión, la burocracia y los precios ajustados.
El Gobierno de Pedro Sánchez se ha mantenido en firme ante lo que considera las exigencias “arbitrarias” de una sola compañía. En su día, Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, subrayó que España es una gran potencia turística ”gracias a su conectividad aérea y a la calidad de la red gestionada por Aena”. “Este activo se tiene que seguir manteniendo, y esto significa unas tasas racionales, que han sido congeladas durante años y que Aena necesita para seguir manteniendo la calidad de la infraestructura aeroportuaria”.
Por contra, la presidenta ha tirado de cifras para justificar el haber tomado partido por la compañía. Según los datos que ha presentado, la aerolínea lleva más 11.000 millones de euros invertidos en el país. Es responsable, ha añadido, de más de 376.000 puestos de trabajo de forma directa o indirecta, y aporta a la economía nacional 27.000 millones de euros.
La política de Ryanair es de la de no dar un paso atrás. La compañía low cost ha reducido el número de plazas o ha dejado de operar en aeropuertos como el de Santiago de Compostela, Jerez de la Frontera, Vitoria, Asturias, Valladolid, Tenerife Norte y Vigo, entre otros. Lejos de amedrentarse por la multa de 105 millones que le impuso el Ministerio de Consumo por cobrar a sus viajeros de manera indebida por el equipaje de mano, ha elevado a 2,5 euros la prima a sus empleados por cada una que detecten que no cumple con las medidas. Junto a Ayuso, presiona al Gobierno para que dé marcha atrás.