Las guarderías ilegales de perros aumentan cada año en Madrid: pisos sin licencia, animales desaparecidos y un mercado negro

Son un peligro creciente. En un momento en que cada vez más personas compran o adoptan un perro, las guarderías caninas se han convertido en un negocio cada vez más lucrativo. Pero junto con el dinero llega la ilegalidad. De un tiempo a esta parte, también son cada vez más numerosas las guarderías clandestinas de perros que funcionan desde viviendas particulares. Lo hacen sin licencia ni supervisión, y se promocionan en redes sociales con tarifas muy por debajo del mercado. En los últimos tres años, la Policía Municipal ha intervenido al menos 15 de estos negocios clandestinos en Madrid. En el mes de septiembre, en el madrileño barrio de Hortaleza, en Manoteras, la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Nacional inspeccionó un piso de 70 metros cuadrados donde se localizaron siete perros en condiciones deplorables. A los responsables se les ha impuesto una sanción inicial de 5.000 euros, que podría alcanzar los 50.000 en caso de reincidencia. “La proliferación de guarderías informales es real y cuantificable: estimamos cerca de 5.000 cuidadores no registrados y denuncias que se disparan en periodos vacacionales. La saturación de los servicios reglados y la confianza ciega en aplicaciones han creado un mercado sumergido que pone en riesgo el bienestar de los animales cada vez más”, asegura un portavoz de la Comisaría de Medio Ambiente de la Policía Municipal.

El funcionamiento de estos negocios ilegales tiene consecuencias directas en las mascotas y en sus dueños. Alma Silva Escobar, directora financiera de 40 años, se iba este verano de vacaciones 15 días a Paraguay. Para ello, decidió contratar a una cuidadora y dejar con ella a su perrito, Floki, a través de la app Rover. Hasta ahí, todo aparentemente normal. En la aplicación, la cuidadora aparecía con 5 estrellas y 25 reseñas, todas buenas. Todo se empezó a enrarecer cuando la supuesta profesional le dijo que si hacían el negocio por fuera de la app no le cobraría comisión. Silva aceptó: iba a pagar 10 euros la noche en vez de 15. Dos días después de que Floki llegara al lugar, la noche del 31 de julio, su dueña recibió un mensaje: “Floki está mal de la tripa porque es alérgico”. Este llegó junto con fotos en los que, según relata Silva, se veía a un Floki triste y en mal estado. Unos días después, la cuidadora le mandó un mensaje a Silva diciéndole que Floki se había escapado y que no lo encontraban. Cuando la familia regresó el 3 de agosto, la comunicación súbitamente se cortó: “La cuidadora nunca puso la denuncia ni hizo nada por encontrarlo”, denuncia Silva.

Desde entonces, la búsqueda ha sido frenética: carteles por el barrio, mensajes en grupos vecinales, seguimiento de pistas en chats. La Policía incluso llegó a montar guardias en la zona. Pronto descubrieron que la cuidadora ya había sido denunciada antes y que su perfil en la plataforma había sido desactivado. Por ahora, Floki no ha aparecido. “Nos quedamos atrapados en una red que funcionaba por apps, pagos en efectivo o Bizum y reseñas que no garantizaban nada”, dice Silva con voz exhausta y todavía afectada por la pérdida de un perro que ha sido su fiel compañero durante los últimos 10 años.

Por ahora, la Comisaría de Medio Ambiente ha recogido por escrito la intervención realizada en la guardería ilegal que alojó a Floki. La inspección, realizada el 18 de agosto por la Unidad de Medio Ambiente y la comisaría del distrito, respondía a varias denuncias vecinales. El inmueble carecía de licencia y de condiciones mínimas para el bienestar animal. Según un comunicado de los agentes, el negocio acumulaba 15 denuncias previas por desapariciones y malos tratos. La nota concluye con una advertencia: no dejar a las mascotas en manos de particulares sin autorización ni instalaciones adecuadas y desconfiar de precios excesivamente bajos.

En este piso también estaba Max, como lo llama su dueña, Alexandra Hernández. El perro llegó a la casa de Hernández hace un año. Primero, lo hizo de paso, ya que ella hacía de hogar de acogida, y después fue adoptado por la familia. Este verano decidió dejarlo un fin de semana con una cuidadora recomendada por una amiga, también a través de Rover. La dueña volvió un día antes de lo previsto y encontró a Max temblando, sin apetito y con una herida en el hocico. En el piso, relata, había más perros en condiciones muy malas. Le habían quitado el collar antiparasitario y no le habían proporcionado ni su comida ni sus juguetes. La alerta definitiva llegó cuando una vecina, la propietaria del inmueble, habló con Hernández para alertarle de la situación en que tenían a los perros. Su amiga también le confesó que, en visitas anteriores, el perro había vuelto “muy raro”.

Una búsqueda rápida, este miércoles, en plataformas como Mil anuncios y en redes sociales muestra decenas de supuestos refugios, hogares y casas de acogida que no cumplen los requisitos para operar legalmente: carecen de licencia, no declaran ser un núcleo zoológico y no emiten facturas. La Policía Municipal asegura que, aunque la mayoría son ilegales, atraparlos no es tan fácil, pues muchas veces el negocio ilegal se confunde con lo que se conoce como Síndrome de Noé, un trastorno mental que se caracteriza por la acumulación de animales en el domicilio. “Es a partir de ese año cuando empezamos a diferenciar estos casos, coincidiendo con la expansión de plataformas como Rover, PetBacker o Gudog”, señalan fuentes policiales. “Estas aplicaciones profesionalizaron de forma informal el cuidado de mascotas, lo que facilita su detección por las molestias que generan”.

Fernando Sánchez, presidente de la fundación Salvando Peludos, relaciona este auge con el aumento de animales de compañía. “Hemos vivido un boom de gente que quiere tener animales”, explica, lo que ha multiplicado las ofertas de cuidado: “Algunas son legales, pero otras compiten ilegalmente en precio, no en calidad”. En una ciudad con 323.175 perros censados, según datos de 2024, Sánchez recuerda las mínimas garantías que deben exigir los dueños: “El lugar debe tener dos registros obligatorios: licencia de actividad y núcleo zoológico”. Añade que la falta de trazabilidad debido a los pagos en efectivo, las recogidas sin contacto físico y las cuentas inhabilitadas convierten lo que parece una opción económica en un riesgo real: “Esto solo se descubre cuando un animal muere o desaparece”.

La Comisaría Medio Ambiente explica que el aumento de mascotas ha desbordado los servicios autorizados y empuja a muchos tutores hacia cuidadores no registrados que, pese a parecer más familiares, pueden poner en riesgo el bienestar animal. Por su parte, Sánchez recuerda un caso que ocurrió hace dos años en El Álamo, donde varios vecinos de la localidad denunciaron la muerte, desaparición y maltrato de animales que dejaron durante sus vacaciones estivales en una residencia canina a cargo de un cuidador. “Cada cierto tiempo volvemos a escuchar esta historia, y cada vez está más en auge. En este caso, la residencia dejó morir a cuatro perros”, recuerdan.