La izquierda de Madrid denunciará la medida de PP y Vox de informar sobre el supuesto síndrome postaborto si llega a aplicarse

La izquierda en el Ayuntamiento de Madrid ha adelantado este miércoles que no va a permitir que el Ayuntamiento informe de manera obligatoria a las mujeres que acudan a los servicios municipales del supuesto síndrome que les causa abortar, pese a que no está respaldado por la ciencia. Fue la medida que propuso este martes Vox en el pleno de Cibeles y que fue aprobada con los votos de los populares, pero el equipo de Gobierno municipal tiene aún que estudiar los pasos que dar para aplicarla. Los servicios técnicos y jurídicos del Consistorio están en este momento estudiando la viabilidad de la ...

La izquierda en el Ayuntamiento de Madrid ha adelantado este miércoles que no va a permitir que el Ayuntamiento informe de manera obligatoria a las mujeres que acudan a los servicios municipales del supuesto síndrome que les causa abortar, pese a que no está respaldado por la ciencia. Fue la medida que propuso este martes Vox en el pleno de Cibeles y que fue aprobada con los votos de los populares, pero el equipo de Gobierno municipal tiene aún que estudiar los pasos que dar para aplicarla. Los servicios técnicos y jurídicos del Consistorio están en este momento estudiando la viabilidad de la iniciativa. Si finalmente entra en vigor, tanto el PSOE como Más Madrid acudirán a los tribunales para tumbarla porque consideran que vulnera varias leyes y derechos reconocidos en España, como la Ley General de Sanidad y la Ley de Salud Sexual y Reproductiva.

Nadie en el PSOE ni en Más Madrid esperaba el martes que la iniciativa que traía Vox a la cámara fuera a salir adelante. El PP gobierna en Madrid con mayoría absoluta y no necesita los votos de Vox para gobernar. La sorpresa fue cuando, durante la votación, el concejal popular José Fernández dio el sí después de que Vox rechazara las alegaciones presentadas por el partido de José Luis Martínez-Almeida. “Es increíble que el Partido Popular esté plegándose a la agenda ideológica de Vox, que estén entregados a esa agenda ultra”, ha comunicado Rubiño.

La portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha pedido al PP que use su mayoría absoluta para retirar el acuerdo al que llegó el martes en el pleno municipal con Vox. Maroto ha mandado también un mensaje al presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, para que desautorice a Almeida si decide seguir adelante con la iniciativa. “Vamos a llegar hasta el final para parar lo que consideramos ilegal”, ha añadido. El secretario general de los socialista madrileños, Óscar López, ya adelantó por la mañana en Televisión Española que su equipo jurídico se ha reunido “para preparar acciones judiciales”.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz (PP), ha respondido esta mañana a López que lo que debería estudiar su equipo jurídico son medidas jurídicas contra el Ministerio de Igualdad por los fallos en las pulseras anti maltrato. “No vamos a admitir una sola lección de feminismo de salón de todos estos socialistas y todos estos de izquierdas que ahora pretenden decirle al Partido Popular cual debe ser la defensa de las mujeres”, ha criticado. También ha defendido que la medida aprobada por su grupo es pertinente porque el aborto “es un fracaso social”.

Lorena Morales, diputada socialista en la Asamblea de Madrid, ha señalado la contradicción entre las postura de los populares al aborto y su políticas para prevenirlo. “Madrid es la única región que no financia métodos anticonceptivos modernos ni la píldora del día después”, ha reprochado. “Tampoco se da ningún tipo de formación afectivo sexual”. Después se ha dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para recordarle que el asunto trasciende al Ayuntamiento porque se está hablando de “una prestación sanitaria y la información depende de la Consejería de Sanidad”.

A falta de que el gobierno de Almeida decida cómo aplicará la iniciativa, el PSOE hace un llamamiento a los trabajadores de los organismos públicos gestionados por el Ayuntamiento para que se acojan al derecho de objeción de conciencia, recogido en el artículo 47 del Código Deontológico de los Trabajadores Sociales para los casos en los que “la aplicación de la norma o mandato institucional suponga un conflicto con sus principio éticos, religiosos o morales”.

Según María Durán, de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, de aplicarse la medida se estaría cometiendo “un delito de coacción” por obligar a empleados públicos a “contravenir una norma explícita”.

El portavoz de Más Madrid, Eduardo Rubiño, ha señalado que desde su partido creen que se está vulnerando la Ley General de Sanidad porque “protege a los ciudadanos de cualquier práctica anticientífica” y el supuesto síndrome postaborto no está reconocido. También consideran que la medida contradice la Ley de Salud Sexual y Reproductiva porque “incide en que este tipo de formas de amedrentar a las mujeres cuando van a ejercer un derecho como el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo son cosas que no tienen cabida en nuestro país”. Por eso, ha adelantado que, de ponerse en práctica, su partido acudirá a los tribunales y llamará a la movilización de mujeres para hacer “frente a este insulto a sus derechos”.