Vecinos y empresarios de Tres Cantos piden más seguridad contra los incendios

Tres Cantos tiene cerca de 53.000 habitantes y, últimamente, más de un incendio al año. El último fue también el más grave y ...

Tres Cantos tiene cerca de 53.000 habitantes y, últimamente, más de un incendio al año. El último fue también el más grave y castigó especialmente a Soto de Viñuelas, la urbanización más exclusiva de la ciudad, donde viven aproximadamente 2.500 personas. Cuatro familias perdieron sus casas ese día; otras 14, sus jardines; y Mircea Spiridon, la vida. Un mes y medio después del fuego que calcinó más de 1.500 hectáreas, varios vecinos se han reunido junto a representantes de la Asociación de Empresarios de Tres Cantos (AETC) para exigir medidas urgentes tanto al Ayuntamiento como al Gobierno regional. Todos reman juntos porque, dicen, el interés es tan urgente como común.

En los últimos tres años, el municipio ha sufrido cinco incendios, de los cuales tres se originaron en zonas muy próximas. Es un espacio de pastos entre la urbanización más exclusiva de la localidad, Soto de Viñuelas, y un nuevo barrio construido por la empresa FCC al norte de la ciudad. Allí se hizo la fotografía que se convirtió en el símbolo del desastre: en medio de un campo calcinado, un hato de vacas descansa bajo la sombra de un árbol intacto. Es precisamente en esa zona arrasada donde se proyecta un plan de desarrollo urbano para crear 20.000 casas más.

Pese a la situación, Tres Cantos no está declarada como Zona de Alto Riesgo (ZAR) por el Gobierno regional y, por tanto, no tiene la obligación de tener un Plan de Actuación Municipal ante Emergencias por Incendios Forestales. Tener uno obliga a reforzar la prevención de incendios, desde limpiar maleza hasta fijar protocolos de actuación. Gran parte de la propagación de este fuego se dio por la velocidad del viento, que superó los 70 kilómetros por hora, pero también por la cantidad de arbustos y vegetación seca en los campos que rodean las casas, que actuaron como gasolina para las llamas, y que con un plan de este tipo deberían haber sido retirados.

Hay dos vías posibles para que un municipio pase a ser considerado ZAR. La primera, que la Comunidad de Madrid lo incluya por su propia iniciativa. La segunda, que el Ayuntamiento, en manos del PP desde 2012, solicite ser declarado como tal y el gobierno regional, también gestionado por los populares, lo apruebe. Hasta la fecha, el consistorio no lo ha pedido.

Con la vista puesta ahora en reparar los daños, los vecinos se encuentran en medio de un proceso burocrático de dos frentes. Por un lado, las negociaciones con las compañías de seguros para arreglar sus casas y recuperar sus coches calcinados. Por otro, la batalla con la administración para conseguir una rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles, el IBI, que les ayude a afrontar sus pérdidas económicas y también arrancar los restos de árboles calcinados en sus jardines y los setos quemados con los que perimetraban sus casas. Tienen que pagar una tasa 300 euros por cada ejemplar que retiren.

“Nos sentimos abandonados, quemados, prácticamente ignorados tras una primera reacción de las autoridades, que de momento ha sido más para la galería que para ayudar realmente a los vecinos”, cuenta el presidente de la Mancomunidad de Soto de Viñuelas, Fernando Maristany. Explica que las ayudas “son entre cutres e inexistentes” y que tanto él como el resto de propietarios están expectantes por ver qué medidas van a tomar las administraciones no solamente para reparar los daños, sino para prevenir incidentes similares en el futuro.

Hasta el momento, el Ayuntamiento ha pagado entre 500 y 5.000 euros a los vecinos afectados ―un desembolso de 100.000 euros en total de las arcas públicas―, pero ellos critican que ese dinero se les va solo en quitar los árboles. Fue una medida que aprobó la Junta de Gobierno Local de manera voluntaria, porque no hay ninguna normativa que obligue al consistorio a hacerlo. Fuentes del equipo de gobierno aseguran que no es una manera de reconocer su culpa, sino que solo es “una manera de ayudar a los vecinos en todo lo que se pueda”.

El Ayuntamiento también ha agilizado la retirada de ramas y escombros, ha habilitado un canal de comunicación con los vecinos y ha puesto un servicio de atención psicológica gratuita. “Nada más relevante, poca cosa”, critica Maristany. Lo que sí agradece él y los vecinos es la ayuda de la empresa regional de gestión de agua Canal de Isabel II, que les ha rebajado un 80% el precio del agua y les permite recuperar sus jardines a base de regarlos con insistencia.

Los empresarios, que nunca hasta ahora se habían posicionado en una lucha conjunta con las asociaciones vecinales, ponen el foco en el desastre que se podría haber producido si las llamas hubieran llegado a las instalaciones del laboratorio farmacéutico Normon, que trabaja con gran cantidad de productos químicos y que pudo salvarse gracias a un plan de emergencias privado que tenía la empresa.

La distancia entre el edifico y el punto donde se frenaron las llamas por ese frente es de solo unos pocos metros. Desde la Asociación de Empresarios de Tres Cantos piden que se extremen las medidas de prevención, que se desbroce la zona cercana al polígono industrial e, incluso, que se haga un cortafuegos allí.

Tres Cantos es un municipio principalmente residencial, pero con mucha industria. La creación del Parque Tecnológico de Madrid allí en los años 80 y un suelo mucho más barato que el de la capital atrajo a muchas empresas al polígono industrial, que queda en el límite de la ciudad con el campo que se ha quemado en el último incendio. Gran parte de la actividad económica de allí se reparte entre oficinas de datos de grandes empresas, como el de BBVA, y laboratorios farmacéuticos, que trabajan con reactivos muy inflamables. Uno de los miedos que hubo la noche del incendio fue que las llamas llegaran a uno de ellos y provocaran una nube tóxica.