La jueza envía al novio de Ayuso al banquillo por el caso del fraude fiscal

Una jueza de instrucción ha enviado este lunes al banquillo de un juzgado de lo penal de Madrid al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, por la causa de fraude fiscal. El auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso EL PAÍS, es el último paso procesal en el juzgado de instrucción, antes de que tome las riendas el juez que decidirá si lo condena. Amador aún podría evitar el juicio si la Audiencia Provincial estima un recurso de apelación que presentó el 1 de septiembre. El empresario considera que sus derechos han sido vulnerados durante la fase de instrucción porque no se han aceptado pruebas que había solicitado.

La magistrada, Carmen Rodríguez-Medel, ha asumido las peticiones de todas las acusaciones. Así, el auto pide que se le juzgue por fraude fiscal y por falsificación en documento mercantil (los dos delitos que han protagonizado el proceso), pero también por los tipos penales de delito contable continuado y pertenencia a organización criminal. Estos dos últimos delitos habían sido solicitados en sus escritos de acusación por PSOE y Más Madrid, que son parte en este proceso como acusación popular, pero no por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Los dos partidos de izquierda habían argumentado en su escrito de acusación conjunto que Amador y los cuatro empresarios que elaboraron para él las facturas consideradas falsas constituían una organización criminal. En cuanto al delito contable, PSOE y Más Madrid habían reconocido que cuando se produce un fraude fiscal queda absorbido por este último delito, según la jurisprudencia, pero lo habían incluido porque procesalmente tenían restringida la solicitud de pena por fraude fiscal.

La pertenencia a organización criminal del artículo 570 ter del Código Penal se castiga con penas que oscilan de un mes a cuatro años, según la gravedad de los supuestos. En cuanto al delito contable continuado del 310, las penas oscilan de cinco a siete meses.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado han pedido tres años y nueve meses de cárcel para Amador. Además, Amador se enfrenta a otra investigación en el juzgado 19 por un presunto soborno a un directivo del gigante de la sanidad privada Quirón. PSOE y Más Madrid solicitan cinco años de cárcel.

El auto de este lunes lo ha dictado la jueza sustituta Carmen Rodríguez-Medel, quien se encarga del juzgado 19 de instrucción hasta que entre el nuevo encargado, el magistrado Antonio Viejo, a quien fue asignado ese destino la semana pasada. La jueza que ha investigado a Amador durante un año y medio, María Inmaculada Iglesias, se jubiló voluntariamente en agosto.

Amador fue procesado por la jueza Iglesias el 28 de mayo por dos presuntos delitos de fraude fiscal en concurso con otro de falsedad en documento mercantil. Con el procesamiento, la jueza preparaba el camino para el envío a juicio y pedía a las partes que mandaran sus escritos de acusación.

El empresario recurrió su procesamiento el 1 de septiembre ante la Audiencia Provincial. Esa es su última baza para evitar sentarse en el banquillo de los acusados.

La investigación había sido iniciada en mayo de 2022 por Hacienda, que concluyó que Amador había defraudado al erario público 350.910 euros con la ayuda de 15 facturas falsas. La tormenta política vino después, en marzo del año pasado, cuando se filtró la denuncia de la Fiscalía y la presidenta Ayuso respondió diciendo que se trataba de una cacería contra ella.

Rodríguez-Medel también ha enviado al banquillo a los cuatro supuestos colaboradores de Amador. El mexicano Maximiliano Niederer y tres sevillanos, David Herrera Lobato, y los hermanos José Antonio y Agustín Carrillo Saborido.

Hasta tres años para el juicio

Será un juez de lo penal quien decida si condena a Amador. Estos juzgados se encuentran en la calle Julián Camarillo, en el este de Madrid, y son competentes para tomar la decisión final cuando la pena máxima es menor de cinco años. Fuentes judiciales indican que el juicio podría retrasarse entre dos y tres años debido a la saturación que sufren. La demora hubiera sido menor de haber sido competente la Audiencia Provincial, que juzga delitos más graves, añaden estas fuentes.

Este auto de Rodríguez-Medel ha sido conocido el mismo día que otra resolución suya que supone un nuevo varapalo para Amador. La magistrada rechazó el jueves de la semana pasada la pretensión del empresario de suspender la apertura del juicio oral hasta que la Audiencia Provincial decidiera si estima su recurso. “No ha lugar a la suspensión interesada al no apreciarse causa para ello siendo los recursos no suspensivos con carácter general en el procedimiento abreviado”, ha respondido la jueza en una providencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Aún no existe fecha para la deliberación de los magistrados de la sección tercera de la Audiencia. Fuentes judiciales indican que esa decisión podría retrasarse “varios meses”.

Rodríguez-Medel continuará en el juzgado 19 hasta el 15 de octubre, cuando el magistrado Viejo asuma la titularidad, según fuentes de Plaza de Castilla. Hasta entonces podría también tomar decisiones en el otro procedimiento abierto contra la pareja de Ayuso. Esa pieza consiste en un presunto soborno de medio millón de euros al directivo de Quirón que lleva años contratando a las dos consultoras de calidad sanitaria de Amador.

La magistrada interina es la titular de otro juzgado de instrucción de Plaza de Castilla, el 51, y fue elegida como sustituta por el decanato de esos juzgados, de entre los jueces que se presentaron como voluntarios.

Tiene 53 años y se hizo conocida por ser la jueza que puso contra las cuerdas al líder del PP, Pablo Casado, y a la presidenta Cristina Cifuentes, en el caso Master. Otro caso notorio fue la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, por autorizar la manifestación del 8-M en 2020. Sobre él consideró que habría podido cometer un delito de prevaricación y otro de lesiones por imprudencia profesional.

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