Los audios de la inspectora M. que inició el caso contra la pareja de Ayuso: “Se utilizan facturas falsas”

La inspectora M. de Hacienda que en mayo de 2022 inició las pesquisas al empresario Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, detalló el pasado marzo en un juzgado los indicios que le llevaron a denunciar el caso a la Fiscalía por fraude fiscal. Ahora, seis meses después, EL PAÍS ha accedido a la declaración de dos horas y 38 minutos de la funcionaria, quien explicó con argumentos técnicos un caso que la presidenta madrileña ha intentado desacreditar como una cacería contra ella.

La inspectora M. habló sobre el trabajo que realizó entre mayo de 2022 y enero de 2024, antes de que estallara el escándalo. En ese año y medio examinó con lupa las declaraciones del impuesto de sociedades de 2020 y 2021 de las dos consultoras sanitarias de Amador. Cuando concluyó su tarea, remitió el expediente a la Fiscalía porque los hechos cumplían con los dos requisitos del delito de fraude fiscal: superaba los 120.000 euros defraudados por año y existía dolo, es decir, intención de delinquir.

Buena parte de su exposición la dedicó a desgranar los indicios que le llevaron a concluir en un informe de 187 páginas que Amador había actuado con voluntad delictiva. Así, se refirió a las 15 facturas que consideró falsas y que otros cuatro empresarios elaboraron para él por un valor conjunto de 1,7 millones de euros. Las usó para desgravar sus cuantiosos ingresos y pagar a Hacienda una cuantía insignificante. En total, la cantidad defraudada ascendió a 350.910 euros, según su investigación.

La declaración tuvo lugar el pasado 21 de marzo en el juzgado 19 de instrucción de plaza de Castilla de Madrid, donde la jueza María Inmaculada Iglesias llevaba en ese momento un año de investigación. Aquel día también declaró por un tiempo mucho menor, cuatro minutos, una inspectora que elaboró un informe jurídico tras las averiguaciones de la inspectora M.

Dos meses después de aquellas dos comparecencias, Iglesias asumió la acusación y procesó a Amador por dos delitos de fraude fiscal en concurso con uno de falsificación de documentos mercantiles. La Fiscalía ha pedido tres años y nueve meses de cárcel para Amador. La pareja de Ayuso ha recurrido este mes esa decisión ante la Audiencia Provincial, su última carta para evitar el banquillo.

Estos son cinco audios destacados de la declaración de la inspectora M. (El texto ha sido ligeramente editado para facilitar la lectura).

Audio uno. Inspectora: “Aquí tenemos dos delitos contra la Hacienda pública. Se utilizan facturas falsas”.

La jueza (J). En primer lugar, le voy a preguntar si se ratifica el informe que ha emitido respecto de los hechos que son objeto del procedimiento.

Inspectora (I). Sí. Ratifico el informe.

J. Resuma las conclusiones.

I. Aquí tenemos dos delitos en contra de la Hacienda Pública. Un primer delito del ejercicio 2020 por el que se acusa a la sociedad Maxwell Cremona (consultora sanitaria de la que es dueño González Amador) de haber defraudado una cuota de 155.000 euros. Y un segundo delito en contra de la Hacienda Pública, igual por el Impuesto sobre Sociedades de 2021 al mismo obligado tributario por un importe de 195.591 euros. Entendemos que hay dos delitos en contra de la Hacienda Pública, aunque los dos ejercicios están muy relacionados porque se están utilizando facturas falsas para reducir la cuota tributaria.

La inspectora también explicó a la jueza los motivos por los que saltaron las alarmas de la Agencia. Este mismo miércoles, Ayuso repetía en una entrevista en Antena 3 la idea de que el Gobierno de Pedro Sánchez ordenó la inspección para buscar su “aniquilación”. Pero la explicación que da la inspectora M. se basa en que los números de Maxwell no les cuadraban.

I. Lo que detectamos es que había un incremento muy considerable de los ingresos en 2020 respecto de 2019. En concreto, tiene unos ingresos de 2,3 millones de euros, aproximadamente. El hecho de que se incremente la facturación en una empresa no suele ser llamativo. Lo que es llamativo es que baja la tributación, lo que no nos resulta lógico. Si tengo 375.000 euros de ingresos en 2019 y paso a 2,3 millones en 2020, pues tendré que incrementar la cuota tributaria. Y, por el contrario, nosotros verificamos que no.

Audio dos. Abogado de la pareja de Ayuso: ¿Cuándo tiene conocimiento de que don Alberto González Amador es pareja de la presidenta?

Gabriel Rodríguez-Ramos, uno de los dos abogados de Amador, está a punto de terminar su interrogatorio a la inspectora. Pregunta sobre la relación entre Amador y Ayuso:

Abogado de Alberto González Amador (A): Una pregunta que se está aireando. ¿Cuándo se tiene conocimiento de que don Alberto González Amador es pareja de la presidenta de la Comunidad?

Inspectora (I). Uff, esto es un tema personal que yo no tengo por qué responder.

(A). ¿No nos lo puede decir?

Jueza (J). No, letrado. Disculpe. Perdón.

(I). Eso es un tema personal. Yo… de ahí no me… no puedo definirme.

(A). Se comenta…

(J). No, no. Letrado.

(A). Le iba a preguntar institucionalmente. Digo la Agencia Tributaria…

(J). No, letrado.

(I). No tengo ni idea.

(A). ¿No se comenta esto?

(J). A ver letrado…

(I). Yo de esto... no tengo. No me meto en la vida personal de nadie. No es un hecho que viene en nuestro informe.

(A). Tiene usted razón.

(J). Efectivamente.

Audio tres. Inspectora: “No tienen trabajadores con capacitación para prestar el servicio”

En este fragmento la inspectora M. pone el foco sobre los supuestos colaboradores delictivos de Amador. En concreto aquí habla de tres vecinos del pueblo sevillano de Arahal que en 2021 emitieron 13 facturas por valor conjunto de 178.000 euros que el empresario usó para desgravárselas como gastos. La funcionaria explica que sus compañeros visitaron el municipio y descubrieron que esos negocios no existían. También se refiere a que detectaron una práctica habitual en los fraudes fiscales con ayuda de facturas falsas: un ingreso bancario es seguido de una rápida retirada de efectivo en cajero.

Inspectora (I). Vimos que (las empresas de Arahal) no tienen trabajadores con capacitación para prestar el servicio, vimos que se ingresan los fondos y se retiran. Además, se hicieron actuaciones de visita de los domicilios donde se encuentran las sociedades y nos dimos cuenta de que uno es el domicilio fiscal del propio Juan Herrera Lobato (uno de los presuntos colaboradores), otro es el domicilio fiscal de los otros dos hermanos. No hay rótulo. No desempeña ahí ninguna actividad. Se trata de domicilios particulares. En uno estaba el padre.

Esto nos puso de manifiesto que nos encontramos con 13 facturas emitidas por seis empresas carentes prácticamente de medios humanos y materiales. Llegamos a la conclusión de que igualmente nos encontramos ante facturas falsas.

Audio cuatro. “Nuestra sorpresa es que en los registros mexicanos no consta esa factura”.

Otro de los supuestos colaboradores es un mexicano llamado Maximiliano Niederer. Es el responsable de una factura abultada por 620.000 euros, que emitió en 2020 para Amador a nombre de una empresa agrícola mexicana, MKE Manufacturing SA. Amador lo justificó como un pago por ayudarle en la apertura del mercado sanitario en el país americano, pero el documento no especificaba ni cómo se ha fijado esa retribución, ni quién era el cliente sanitario supuestamente encontrado. En este audio se aprecia cómo Hacienda colabora con otros países para verificar si la información de los contribuyentes españoles es veraz.

Inspectora: Nosotros hemos requerido a las autoridades mexicanas para ver esta sociedad, para ver si MKE realmente prestó algún servicio a Maxwell Cremona. Y nuestra sorpresa es que nos dicen que en sus registros no les consta. Reiterado el requerimiento, nos mandan todo el listado de facturas emitidas por MKE y, efectivamente, nos reiteran que no les consta que esta factura haya sido emitida por esa empresa mexicana.

Audio cinco. Inspectora: “Me da igual que se hubieran reunido si al final no hay un acuerdo”

La factura con el mayor monto, 920.000 euros, la emitió en 2021 también el mexicano Niederer, pero ahora en nombre de una empresa de Costa de Marfil, un país africano con el que España no tiene convenio de intercambio de información fiscal. Esto dificultaba la tarea de la inspectora M. pero los indicios la llevaron a concluir que también era falsa. Amador explicó que pagó a esa compañía, Gayani, por haber hecho de intermediaria para acceder al Gobierno de ese país africano en una negociación para vender vacunas contra la covid. El problema es que esa venta no se produjo. Costa de Marfil sacó una licitación que ganó otra empresa. Amador supo el 19 de julio de aquel año que había perdido, pero el 1 de octubre incluyó la factura en su contabilidad.

El abogado de Amador trató de defender esa factura diciendo que habían probado documentalmente que hubo un viaje a Costa de Marfil y reuniones con ministros. Y la inspectora le respondió que eso daba igual. Que el negocio nunca se materializó y por eso no debió añadirse.

Abogado de Alberto González Amador (A): Entiendo que habla francés porque aquí hay algunos documentos...

Inspectora (I): Sí, sí.

A: En concreto se señala expresamente que el ministro (de Costa de Marfil) ha hecho una demanda a Tech Pharma (una empresa granadina que colaboró con Amador) de dos millones de dosis de vacunas y que el modo de pago aceptado será una letra de crédito irrevocable, divisible y transferible por vía bancaria.

I: Sí, efectivamente.

A: Lo dijo el Gobierno, ¿no?

I: Sí, lo dijo el Gobierno. Lo que pasa es que... a ver. ¿Qué revela todo eso que me está usted contando y qué es lo que nosotros también entendíamos? Que hubo una serie de negociaciones y que al final no se llegó a ningún acuerdo. Es una factura proforma (un documento preliminar) que habrá sido aceptada por el Gobierno de Costa de Marfil, pero al final no fue esa la forma en la que se adquirieron los dos millones de vacunas. Se adquirieron mediante una licitación pública. Acudieron empresas de todo el mundo y la española no fue la adjudicataria. Es más, cuando (Maxwell) firma el acuerdo con Gayani expresamente se dice que únicamente se va a devengar esta comisión si es la adjudicataria. Al final no fue la adjudicataria. Me da igual que se hubieran reunido (con el ministro), si no hay al final un acuerdo.

Jueza: Explicada ya está cuestión letrado.

A: Perfecto.

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