El PP acepta que el empresario Carlos Barrabés no comparezca en la investigación del ‘caso Begoña Gómez’ en la Asamblea

El PP de Isabel Díaz Ayuso, que el pasado verano impulsó en la Asamblea de Madrid una investigación sobre el presunto trato de favor dado por la Universidad Complutense (UCM) a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha renunciado este viernes a la comparecencia del empresario Carlos Barrabés en la comisión correspondiente. Barrabés está imputado en la causa en la que se investiga a la pareja del jefe del ejecutivo por la presunta comisión de los ...

El PP de Isabel Díaz Ayuso, que el pasado verano impulsó en la Asamblea de Madrid una investigación sobre el presunto trato de favor dado por la Universidad Complutense (UCM) a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha renunciado este viernes a la comparecencia del empresario Carlos Barrabés en la comisión correspondiente. Barrabés está imputado en la causa en la que se investiga a la pareja del jefe del ejecutivo por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida durante su trabajo como docente, codirectora de dos másteres propios y una cátedra extraordinaria en el centro educativo madrileño. Según dos fuentes parlamentarias, el empresario, que también fue profesor del máster que dirigía Gómez, envió a la Asamblea una carta excusando su asistencia a la sesión de la comisión del 12 de febrero, a la que había sido convocado, por motivos de salud. Aunque se le ha pedido que aporte un informe médico, según un portavoz oficial del Parlamento regional, su comparecencia ya ha sido descartada.

El juez Juan Carlos Peinado imputó al empresario tras admitir una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias en la que se acusaba a Gómez de tráfico de influencias y tráfico en los negocios para beneficiar al también consultor y que consiguiera varias concesiones públicas. Peinado citó en julio como testigo a Barrabés y, tras tomarle declaración, lo imputó unos días después. Lo hizo a pesar de que la UCO ya había analizado en dos informes la vinculación entre el empresario y la esposa del presidente, sin encontrar irregularidades en las adjudicaciones públicas concedidas al grupo empresarial de Barrabés por la entidad Red.es, entonces dependiente del Ministerio de Economía. Después de imputarle, el magistrado ordenó el registro en las sedes de sus empresas y de su casa mientras el consultor se encontraba enfermo y hospitalizado.

A finales de enero, la Audiencia Provincial de Madrid anuló el registro que se realizó el pasado agosto en el domicilio del consultor y en la sede social de sus empresas, en el que se requisaron varios dispositivos electrónicos, como móviles y discos duros. Entre ellos, los teléfonos de la esposa y de los hijos del investigado, estos menores de edad.

Y esta misma semana, la misma Audiencia volvió a dar un varapalo a la instrucción de Peinado al anular el análisis del móvil y los dispositivos informáticos de Barrabés autorizados por el juez.

Este periódico solicitó al PP su versión sobre la razón que le ha llevado a renunciar a la comparecencia de Barrabés, sin obtener respuesta en el momento de publicación de este artículo.

Tras la baja de Barrabés, estos serán los comparecientes de la penúltima sesión de la comisión de investigación, convocada para el día 12: Isabel García-Lomas Drake, en calidad de responsable de contratación de Barrabés.biz y Profesora del Máster Dirección de Fundraising público y privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro (ONL) impartido en la Universidad Complutense de Madrid; Amado Ramos Guillén, en calidad de Responsable de Indra Business Consulting; y Jose Antonio Martínez Aguilar, en calidad de Director General de Making Science Group.

La gran pregunta, sin embargo, sigue sin resolverse: ¿convocará el PP al presidente del Gobierno para la última sesión de la investigación, fijada para el 19 de febrero? Todo apunta a que sí, pese a que Sánchez no tendría la obligación de acudir a la llamada de la Cámara.

En ocasiones precedentes, los representantes de la administración estatal han declinado la convocatoria de otras cámaras autonómicas con el argumento de que deben rendir cuentas ante el Congreso y el Senado, pero no ante Parlamentos regionales. Una decisión avalada por distintos dictámenes del Consejo de Estado.

Gómez está siendo investigada judicialmente por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida durante su trabajo como docente, codirectora de dos másteres propios y una cátedra extraordinaria.

En paralelo, los trabajos de la comisión de investigación se centran en la relación profesional entre Gómez y la UCM, que empezó en 2012 y acabó en 2024, cuando, en medio de la investigación judicial, la universidad canceló tanto la cátedra como el máster que impartía la esposa de Sánchez.

Legalidad de los trabajos

Cuando arrancaron los trabajos, el PP estaba especialmente interesado en utilizar la comisión de investigación de la Asamblea para poner bajo los focos la relación de Gómez con el rector, Joaquín Goyache, y en que se explicara qué criterio se aplicó para que Gómez dirigiera la cátedra, sin tener titulación superior, y la relación con las empresas que la financiaban.

Durante su comparecencia en la comisión, a mediados de noviembre, Goyache desmontó una a una las sospechas que vierten el PP y Vox sobre la creación de la cátedra de Transformación Social Competitiva impartida por Gómez (“todo fue absolutamente legal y regular”); negó cualquier trato de favor (“desde luego que no (...) no hubo presión”); y desvinculó los trabajos de Gómez de cualquier influencia del presidente Sánchez.

Por su parte, el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales, José María Coello de Portugal, también fue contundente: “No cabe duda de la legalidad”, afirmó durante su comparecencia en la comisión sobre los estudios organizados por Gómez en la UCM.