La Comunidad impuso tres sanciones leves a una residencia con 26 informes negativos en cuatro años

“¿Por dónde empiezo? Hay muchas cosas que contar”. Así intenta Pablo Bravo empezar a explicar los problemas que hay en la residencia de gestión indirecta de Peñuelas, en Madrid, en la que vive su madre María, de 94 años, desde hace casi 15. En pocos minutos logra enumerar más de 10. “Falta personal, se come muy mal, a la mayoría les duchan dos veces por semana, no hay toallas y los secan con las sábanas, los ascensores no funcionan bien, los timbres para llamar por alguna urg...

“¿Por dónde empiezo? Hay muchas cosas que contar”. Así intenta Pablo Bravo empezar a explicar los problemas que hay en la residencia de gestión indirecta de Peñuelas, en Madrid, en la que vive su madre María, de 94 años, desde hace casi 15. En pocos minutos logra enumerar más de 10. “Falta personal, se come muy mal, a la mayoría les duchan dos veces por semana, no hay toallas y los secan con las sábanas, los ascensores no funcionan bien, los timbres para llamar por alguna urgencia no funcionan...”. Son solo algunos de los obstáculos que se le vienen a la mente y de los que es testigo de lunes a domingo cuando llega a visitar a su madre. Junto a otras familias lleva años presentando reclamaciones, incluso después de algunas muertes de residentes por aparentes incumplimientos legales. Sin embargo, eso se ha traducido en solamente en tres sanciones de 95.000 euros en total por parte de la Comunidad de Madrid hacia la empresa Aralia, encargada del centro desde 2020. Dos de ellas por falta del personal y una por no informar sobre el caso de una mujer que murió ahorcada.

Esos problemas no solo existen a la mirada de los residentes y sus familiares. La Comunidad también ha tenido conocimiento de todos los defectos e incidentes desde el inicio de la gestión de esa compañía en el centro, ubicado en Arganzuela. Así lo revelan los informes de las visitas de los mismos técnicos de la Comunidad, solicitados por el PSOE desde el mes de abril y entregados al partido hace pocos días―exceptuando los de 2022―. Pero las sanciones no son proporcionales. Lorena Morales, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, ha criticado que esto muestra que a las empresas les sale más rentable no tener el personal necesario, que pagar una de sus multas.

Desde las primeras revisiones a este centro, en el que viven 150 mayores, los técnicos detectaron una falta de médicos y enfermeros. En la visita siguiente también, y así sucesivamente, hasta hoy. Ya suman 26 informes negativos y la falta de personal se ha detectado en al menos 17 de ellos. En el último informe, el 3 de octubre de 2024, hacían falta al menos un médico, un gerocultor, un personal de limpieza, un pinche de cocina, un terapeuta ocupacional, un enfermero y un responsable de atención a familiares.

Uno de los problemas más preocupantes para los residentes y sus familias es el fallo en el sistema de llamadas de emergencia desde las habitaciones, que no funciona bien desde octubre de 2021, según datan los informes. Uno de los residentes actuales, quien ha solicitado el anonimato por miedo a represalias, asegura que por las noches los mayores “están vendidos”. “Quien no tenga teléfono para poder llamar y le pase algo, ahí se queda. Pasan las rondas a las 12 de la noche, a las 3 de la madrugada y a las 6. Pero entre esos márgenes de tiempo, si te sucede algo, olvídate”, cuenta. Las incidencias por esta situación suman al menos 10, entre 2021, 2023 e inicios de este año.

La madre de Pablo Bravo también ha sido víctima de esta situación. Con 94 años debe tener un móvil con el que llamar a su hijo por cualquier emergencia. Así lo hizo hace unos meses. “Oye Pablo, que me encuentro muy mal, que no puedo respirar, que me ahogo”, le dijo ese día, según recuerda el hombre. Asegura que en ese momento no había enfermeros ni médicos por la noche y que al llamar al centro la auxiliar le dijo que no “podía hacer nada”. Pablo Bravo tuvo que resolver. Desde su casa, llamó a una ambulancia para que se desplazara a la residencia, que al llegar estuvo un cuarto de hora esperando para poder entrar. Para entrar necesitó la colaboración de la Policía Municipal, que saltó la valla para buscar ayuda dentro del centro.

Ha habido también situaciones de confusión en las que se han intercambiado las pastillas entre residentes ingresados, múltiples reclamaciones por no avisar a las familias sobre las caídas de sus familiares y, en verano, una mujer ingresada por una ola de calor debido a la falta de aire acondicionado. Actualmente, también hay unas obras en marcha que dejan a los residentes prácticamente sin acceso al patio.

Sin embargo, estos problemas detallados en los informes alcanzan mayor gravedad cuando terminan en el fallecimiento de un residente. Uno de ellos ocurrió el 19 de junio de 2023. “Sé de un señor que iba en silla de ruedas y al entrar al ascensor de espaldas (de frente no se puede solo por la diferencia de altura), se le volcó la silla y se mató”, cuenta Bravo. El ascensor no estaba bien equilibrado y se formaba un escalón al entrar, un problema habitual en un centro con equipamientos muy viejos, según afirman varios familiares de residentes.

Pocas sanciones

Por esta tragedia no hubo sanción. Únicamente, según consta en los informes, 10 días después hubo una visita en la que los funcionarios de la Comunidad registraron al menos cinco incumplimientos legales, entre ellos el de este ascensor. Los técnicos reconocían que en el ascensor central seguía habiendo un escalón y que en algunas plantas “era más pronunciado que en otras”. “Debido a los incidentes ocurridos se debe reparar esa deficiencia a la mayor brevedad posible”, pedían.

Las únicas tres multas que ha recibido la empresa se produjeron en 2023. Una fue por la precaria cantidad de enfermeros. En un periodo de 10 días, la Consejería consultó a diario el personal y en el 70% de los casos no hubo ni un enfermero de noche. Debieron pagar 45.561 euros. Otra se dio por las reiteradas veces en las que el personal de enfermería no registraba haber dado la medicación a los mayores. Por esto se les sancionó con 24.851 euros. La última fue por la muerte de una mujer que fue encontrada ahorcada. Pero la multa, otra vez de 24.851 euros, no fue por la muerte en sí, sino debido a que el centro no reportó el caso a la Consejería como una muerte violenta.

Estas penalizaciones dejan fuera la mayoría de problemas diarios de los residentes. Lorena Morales, diputada del PSOE, llevó el lunes este caso a la Comisión de Familia y Asuntos Sociales y criticó que la vida de los mayores “no vale nada para la Comunidad”. “Están ustedes haciendo algo muy perverso porque el mensaje para las empresas es que les sale más rentable no tener el personal que debieran, que pagar una de sus penalidades, en el caso de que les llegue”, le reclamaba a Óscar Álvarez, director general de Atención al Mayor y a la Dependencia en Madrid. Efectivamente. Las multas en un año sumaron 95.000 euros, mientras el pago del total de personal que se les solicita es de al menos 116.000 anuales, según ha calculado EL PAÍS con la tabla de salarios publicada en la página web.

Álvarez, por su parte, defendió que Madrid es una de las comunidades con mayor volumen de inspecciones técnicas y defendió que “el objetivo no es castigar por castigar”. “Los informes detectan múltiples aspectos, pero no todo se basa en la sanción, tanto las inspecciones se centran en la mejora. En intentar evitar al máximo cualquier fallo que se detecte y cuando se perciben algunos aspectos de incumplimientos graves, proceder como corresponde en la legislación”. Con respecto a Peñuelas, reconoció que las obras actuales afectan a los residentes, pero que será para mejora. Este periódico ha solicitado una entrevista a la nueva directora del centro, María Victoria Bravo, en el puesto desde hace dos semanas, pero no ha contestado la petición.

La Comunidad de Madrid firmó el primer contrato con la empresa Aralia en diciembre de 2019, por un plazo de 3 años, por un valor de casi 13 millones de euros. En 2022, y debido a la gran cantidad de reclamaciones, según ha dicho la diputada del PSOE, se sacó otro pliego para cambiar de empresa, pero quedó desierto y tuvieron que prorrogar el contrato con la empresa. En septiembre de 2023 se hizo nuevamente, pero tampoco se presentaron empresas interesadas en esa subasta, teniendo incluso que ampliar el plazo de inscripción. El último día, la misma empresa Aralia se inscribió, y, al ser la única, fue la adjudicataria con un presupuesto de 13 millones de euros. Para la diputada socialista, esto ha hecho que la empresa ahora “esté envalentonada” y sin nada que perder. Las familias llevan mucho tiempo al límite y las sanciones parecen ser desproporcionadamente leves.