“Quemados por dentro y asados por fuera”: el infierno de trabajar en verano en los juzgados de plaza de Castilla de Madrid

Cerca de 80 empleados de los juzgados de plaza de Castilla, uno de los de mayor actividad en la capital, se han unido a la manifestación convocada por los sindicatos CSIF, STAJ y Comisiones Obreras para denunciar las altas temperaturas que deben que soportar durante la jornada laboral. Los termómetros se han convertido en una herramienta de trabajo más para ellos, con los que han llegado a medir hasta 39 grados en el interior de la sede judicial. Algunos de ellos afirman haber experimentado dolores de cabeza, mareos, agotamiento y hemorragias nasales, todos ellos síntomas de estrés térmico. Julia Damiá, delegada de prevención de Comisiones Obreras y portadora del megáfono durante la concentración, ha afeado a la Comunidad de Madrid que “no se puede jugar así con la salud de los trabajadores”. El Gobierno regional ha enviado seis unidades de refrigeración portátiles para aliviar la situación, pero algunas de ellas no se pueden usar porque están defectuosas o porque las condiciones de las salas no lo permiten. Los trabajadores exigen que se arregle el sistema de climatización, que consideran a todas luces defectuoso.

A las diez de la mañana de este miércoles, comenzaron a salir los trabajadores a la puerta principal del edificio, mientras sostenían pancartas y gritaban arengas. Entre ellos ha estado Rosa González, que trabaja en la primera planta de los juzgados. Su puesto está rodeado de armarios, escritorios y una ventana que da al paseo de la Castellana. Aunque la vista es privilegiada, la ubicación la expone a los rayos de sol desde primera hora de la mañana, una situación que, afirma, ha reducido su productividad y pone en riesgo su salud.

“Lo notamos bastante: sentimos cansancio, irritabilidad, estamos apagados y la agudeza mental se hace bastante pobre”, describe esta trabajadora, que sostiene un cartel en el que se aprecia un termómetro y una llama junto a la frase “en estos juzgados estamos asados”. El dilema es diario: dejar la ventana abierta para que corra el aire o cerrarla para aislar un poco el calor. González sostiene: “Somos un servicio social esencial para que la democracia funcione, pero somos nosotros los que se están dando cuenta que es esto lo que no está funcionando”.

El calor ha ralentizado la actividad de los juzgados —ya de por sí saturados, tras superar en 2022 el medio millón de causas pendientes—, como lo refleja el testimonio de una trabajadora, que prefiere no revelar su identidad por temor a represalias. La mujer afirma que el sofoco repercute “muchísimo” en la actividad judicial: “Antes nos quedábamos después de terminar la jornada, pero ahora a las 14.00 se va todo el mundo, hay bajas y el rendimiento es muchísimo menor por el calor”. Ella misma asegura haber sufrido “dolores de cabeza continuos, subidas de tensión y agotamiento”, mientras los papeles se amontonan en pilas cada vez más altas sobre los escritorios.

La Administración regional ha asegurado a EL PAÍS que “es falso” que las temperaturas hayan alcanzado los 39 grados dentro de los juzgados de plaza de Castilla, ya que ninguna de las “mediciones diarias” que realiza la Comunidad ha arrojado ese registro. Fuentes de la Consejería de Justicia, de quien depende el mantenimiento de las sedes judiciales, han informado de la reparación de “dos bombas de refrigeración que estaban teniendo algunas disfunciones en el sistema, pero ahora mismo se encuentran ya a pleno rendimiento” y anuncian para “los próximos días otros trabajos para seguir mejorando el rendimiento de las instalaciones eléctricas y de climatización”.

Los funcionarios que este miércoles han salido a la calle para volcar su malestar ya han planteado su postura por la vía administrativa con múltiples escritos. Una documento con fecha del 6 de junio dirigido a la Delegación de la Inspección del Trabajo de Madrid contenía fotografías de mediciones del interior de varias salas. A las 13.00 de ese día, la temperatura rondaba los 32°, aun cuando el Real Decreto 486/1997 establece que “la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17° y 27°”. Un día después de tomar la temperatura en los juzgados, el CSIF trasladó la información a la Dirección General de Infraestructuras judiciales de la Comunidad de Madrid, con la advertencia de que “la medición de temperatura y humedad se encuentra dentro de parámetros por encima de lo legalmente permitido”.

Damiá ha acusado a la Comunidad de financiar la Ciudad de la Justicia con el dinero que ahorra del mantenimiento de los juzgados en funcionamiento, una idea plasmada en algunos carteles exhibidos durante la concentración con citas como “la Ciudad de la Justicia se paga con mi salud. A 40° sin aire acondicionado”. Otras sedes como los juzgados de primera instancia de la calle del Poeta Joan Maragall o los de lo contencioso-administrativo de la Gran Vía también han reportado dificultades por altas temperaturas y a causa de fallos en el sistema de climatización, una denuncia reflejada en un comunicado del 7 de junio publicado por CSIF.

Otro empleado que solicita anonimato “para evitar problemas” ha lamentado que tenga que pasar “toda la tarde sudando”, mientras trabaja. “Es un atentado a nuestra salud”, señala el hombre de 60 años, antes de detallar que en ocasiones lo ha agobiado “la sensación de respirar mal”. “Me parece indigno”, resume el trabajador, quien ha visto “más de una vez, a compañeros que se han sentido mal”.

Un vistazo a la literatura científica revela una relación entre el aumento de las temperaturas y la siniestralidad laboral. Un estudio de 2023, firmado en España por cinco investigadores, apunta que “dado que los accidentes laborales aumentan durante las olas de calor, los servicios de prevención de riesgos y las administraciones públicas deben tomar medidas especiales para prevenirlos”. Otra investigación que analizó las cerca de 16 millones de lesiones laborales notificadas en España entre 1994 y 2013 calcula que el país pierde 370 millones de euros cada año por bajas laborales asociadas a las temperaturas extremas.

La Comunidad de Madrid formalizó el 22 de mayo de 2024 un contrato por 6.200 millones de euros por los servicios de conservación y mantenimiento de las sedes de los órganos judiciales hasta 2027. A pesar de eso, el calor no es el único síntoma de abandono del edificio de plaza de Castilla, según los trabajadores, que respaldan su versión con fotografías en los móviles.

González afirma que tiene una silla “que parece un toro mecánico”, mientras la otra mujer entrevistada para este artículo ha señalado que “el techo se cae a pedazos”. El trabajador que ha declarado de forma anónima ha asegurado que por varias semanas han estado “sin papel higiénico”. Además, el sindicato CSIF ha informado de “problemas en el funcionamiento de las apps informáticas y también fallos de suministro eléctrico por defectos de las instalaciones”.

Este caldo de cultivo ha provocado que los juzgados de plaza de Castilla trasciendan este miércoles a los medios de comunicación por un tema desligado a cualquier causa judicial. Hoy los trabajadores se han citado por primera vez en la calle y el jueves volverán como ha recordado Damiá por el megáfono a modo de despedida: “Mañana nos volvemos a ver aquí para defender nuestra salud”.

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