“Trastornos” y “autolesiones”, el desgarro de 139 discapacitados desahuciados de su centro de toda la vida

Cualquier desahucio es un drama pero si, como en este caso, afecta a 139 personas vulnerables con síndrome de down, autismo o parálisis, resulta trágico. En los centros de día y residenciales Almanzor y Avantos de Pozuelo de Alarcón (Madrid), creados por Telefónica a través de su asociación ATAM (Asociación Telefónica para Asistencia a Minusválidos) en 1982 e inaugurados entonces por la Reina Sofía, se encuentran cada día —muchos desde hace décadas— José Ángel Vázquez, de 42 años y con parálisis cerebral motora; José Garrote y Pilar Fernández,...

Cualquier desahucio es un drama pero si, como en este caso, afecta a 139 personas vulnerables con síndrome de down, autismo o parálisis, resulta trágico. En los centros de día y residenciales Almanzor y Avantos de Pozuelo de Alarcón (Madrid), creados por Telefónica a través de su asociación ATAM (Asociación Telefónica para Asistencia a Minusválidos) en 1982 e inaugurados entonces por la Reina Sofía, se encuentran cada día —muchos desde hace décadas— José Ángel Vázquez, de 42 años y con parálisis cerebral motora; José Garrote y Pilar Fernández, de 33 años, con síndrome de down y que se han hecho medio novios; Jorge Manada, de 39 y con autismo; José Nicolás, de 82 y con un retraso cognitivo grave; o Pedro Cejuela, de 59 y síndrome de down, que el pasado 25 de abril se manifestaba junto a su padre y su hermana frente a la sede de Telefónica en el número 27 de la Gran Vía de Madrid, con un pito en la boca y gritando: “¡No al cierre! ¡No al cierre!”.

Fueron “los niños”, angustiados quienes anunciaron a finales del pasado mes de marzo la mala noticia a sus familias. “¡Se van todos, papá!”, le dijo asustado José Ángel Vázquez a su padre. Acababa de llegar a casa en la ruta desde el Centro de Día Almanzor, al que acude desde hace 36 años —desde que tenía seis—, por su parálisis cerebral. Su padre escribió inmediatamente una pregunta en su cuaderno que al día siguiente vino respondida por escrito: “Cierran el 29 de abril, SSH S.L. [la empresa que los gestiona] dice que están en quiebra y que la Comunidad de Madrid reubicará a los usuarios y a nosotros nos ayudarán a encontrar empleo”, decía la nota de su tutor.

El nerviosismo y la inquietud se ha apoderado de las familias, muchos de ellos exempleados de Telefónica, que llevan décadas con sus hijos, hermanos, o tíos, en esos centros. Sus protestas de las últimas semanas han servido para ganar algo de tiempo y aplazar el cierre un mes, hasta al próximo 31 de mayo.

“Los cambios son fatales para estas personas, son muy sensibles a cualquier modificación en su vida”, explica Mariluz Manada, hermana de Jorge, que lleva 30 años en el centro como hijo de empleado de Telefónica y que llama “mamá” a Araceli Barceló, su monitora de siempre. “Desde hace unas semanas ha vuelto a autolesionarse tras años sin hacerlo”, cuenta Manada. “Los ruidos, los cambios de colores de las paredes, cosas que a nosotros nos parecen nimiedades, para ellos son tremendamente estresantes”, añade.

“La principal base para trabajar la discapacidad son las rutinas y por eso los cambios, la pérdida de relaciones, la ausencia de referencias físicas y personales generan un fuerte impacto y un aumento del estrés, la ansiedad y la desorientación en estas personas, y conllevan posteriormente cambios en la conducta, comportamientos disruptivos, autolesiones...”, señala el psicopedagogo Juanjo Millán, director de Área 44, centro especializado en dificultades del aprendizaje. “Por ejemplo, todo el tema sensorial afecta muchísimo al autismo, cualquier modificación en la luminosidad, los sonidos, el olor, el tacto, el color de las cosas... aumenta las estereotipias [movimientos involuntarios]”, agrega. “Y la pérdida de relaciones significativas les desestabilizan emocionalmente, porque su estabilidad depende de esas rutinas, de esos vínculos de ese ecosistema confiable”, explica.

“¿Qué va a pasar ahora con nosotros?”, pregunta Jorge, consciente de que pueden separarlo de sus compañeros y de Araceli. “Jorge vive en el centro desde que murió mi madre”, cuenta Mariluz. “Es feliz allí, sale conmigo y con mis hermanos a merendar o de vacaciones, pero siempre prefiere volver a lo que considera su casa, su familia; otros ya solo tienen la familia del centro, porque han muerto sus familiares o sus familias no se pueden hacer cargo”, advierte Manada. “Mi padre trabajó toda su vida en Telefónica y ahora, aun jubilado, sigue pagando la cuota mensual de 12 euros para ATAM”, recalca. “A todos los trabajadores de Telefónica se les retiraba esa cuota mensual de sus nóminas, salvo que se opusieran”, asegura. Se trataba de una aportación para un fin social de una institución “sin ánimo de lucro y declarada de Utilidad Pública por el Consejo de Ministros en 1977, según su página web.

Los centros y las instalaciones del complejo para discapacitados y la gran finca boscosa en la que se asientan pertenecen a ATAM (Asociación Telefónica para Asistencia a Minusválidos). La asociación, propiamente dicha, nació como consecuencia de un acuerdo de Telefónica (entonces empresa pública) y sus empleados en 1974, para atender a sus familiares con dificultades intelectuales. Por eso, entre el 55% y el 60% de los usuarios actuales de los centros que levantaron en Pozuelo son hoy todavía parientes directos de empleados de la multinacional de telecomunicaciones.

Durante décadas, ATAM (con más de 40.000 socios de empresas ligadas al grupo Telefónica, según su web) gestionó directamente ese complejo de Pozuelo como una entidad sin ánimo de lucro. Pero, a partir de 2008 implementó un plan de negocio, coincidiendo con la implantación de la Ley de Dependencia, según informes de sus auditorías de cuentas a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Comenzó entonces a compartir la gestión con una empresa creada ad hoc (Servicios Sociales Habilitadores S.L.), donde tenía una participación del 51%. El 29 de abril de 2015, ATAM, según los mismos informes, adquirió por permuta el 100% de SSH S.L. para, ese mismo día, transmitir el 100% de las participaciones a la ONG ABD (Asociación Bienestar y Desarrollo). “El 1 de mayo de 2015 SSH S.L. se hace cargo de la gestión en los centros de la sociedad: dos residencias, un centro de día y otro ocupacional”, recogen las auditorias. Ni Telefónica, ni ATAM, ni SSH S.L., ni ABD, han respondido a la pregunta acerca del porqué de esas permutas ni sobre sus objetivos. Y los miembros del comité de empresa aseguran desconocerlo pese a haberlo preguntado.

“No te voy a decir nada”, responde airada la subdirectora de ATAM, Teresa Alonso, a la llamada de EL PAÍS. “Solo te voy a contestar a una cosa y no voy a contestar a nada más: esos centros [Almanzor y Avantos] no están gestionados por ATAM, y las familias ya tienen nuestra respuesta”, dice tras puntualizar que ella es la responsable del Servicio de Atención a Familias de la institución y que consultará con sus superiores si atienden las preguntas de este diario. Nadie más lo hizo. El director de ATAM es Ignacio Aizpún.

Ahora, cuando el cierre de los centros es inminente y José Ángel, Pedro, Jorge, Pilar, José y otras 135 familias y 64 trabajadores viven sumidos en el desasosiego, Telefónica y ATAM dicen que “esos centros ya no tienen nada que ver con ellos desde hace años: “No los operamos nosotros”. En la sociedad gestora, ABD,-SSH S.L. no hacen declaraciones “porque es un tema muy delicado”, según traslada un portavoz. Y en la Comunidad de Madrid andan locos buscando plaza para reubicar a los afectados, algunos de los cuales ya han rechazado las nuevas ubicaciones que les han sugerido en residencias de ancianos.

El complejo de Pozuelo contaba con unas instalaciones modélicas en un emplazamiento natural idílico de 14 hectáreas de bosque en Pozuelo de Alarcón (Madrid), que ahora colinda con el mayor desarrollo urbanístico previsto en el cotizado municipio madrileño. “Había colegio, granja, piscina, pista de tenis, servicios médicos, de seguridad, actividades (baile, teatro…), huerto...”, recuerda Maribel Albarrán, también hija de otro trabajador de Telefónica y sobrina de José Nicolás, de 82 años, que lleva la mitad de su vida en este centro, en el que tiene una colección de cintas de cassettes de todos los tiempos, su pasión aparte del Atleti.

Ante el desconcierto, la ausencia de comunicaciones oficiales, y el temor por el sufrimiento de “los niños”, los familiares se organizaron vía WhasApp y mandaron una batería de preguntas a los responsables. A ATAM, como fundadores, gestores y propietarios de los terrenos e instalaciones del complejo. A la Comunidad de Madrid, como financiadora del servicio para los 139 usuarios de esos centros desde 2008. Y a ABD-SSH S.L. como sucesores de ATAM en la gestión.

Las respuestas les fueron llegando con cuentagotas. Primero en forma de carta: “Pese a los esfuerzos realizados y a los sacrificios económicos de los últimos años, hemos llegado a una situación límite que nos impide seguir gestionando los centros y que nos ha conducido a su cierre. Hemos hablado con la Dirección General de personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid, que se pondrán en contacto con ustedes para proceder a la reubicación de las personas usuarias”, firmaba el 20 de marzo la consejera delegada de ABD, María de los Ángeles Guiteras Mestres.

En la Dirección General de Dependencia de la Comunidad de Madrid aclaran en un mensaje escrito de respuesta a las preguntas de EL PAÍS: “La Comunidad de Madrid ya está asignando nuevas ubicaciones para los 139 usuarios con discapacidad intelectual de la Residencia con Centro Ocupacional Avantos y del Centro de Día y Residencia Almanzor, ambos propiedad de Servicios Sociales Habilitadores S.L.”. Y puntualizan: “Esta actuación se lleva a cabo por la decisión unilateral de esta empresa de cerrar estos centros, el próximo 31 de mayo, debido a un problema propio de gestión, ajeno completamente a la Comunidad de Madrid”. Para concluir apostillando: “La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha abonado siempre en tiempo y forma la financiación de las 139 plazas concertadas con esta entidad”, y deja así claro que lo único que hace es pagar lo estipulado por cada usuario.

“ATAM, el brazo social y de atención a la discapacidad de Telefónica, se ha ido ocultando paulatinamente bajo ese entramado empresarial”, dice una veterana trabajadora de la asociación que ha visto el “progresivo desmantelamiento” y que, como muchos, no quiere dar su nombre por temor a represalias laborales. Muchos de los 64 empleados tienen sueldos mileuristas.

Familias, usuarios y trabajadores se han movilizado y se han reunido con representantes de todas las partes implicadas, sin que nadie les haya dado una solución satisfactoria y adecuada para los principales afectados. En las últimas semanas se han manifestado en la sede de Telefónica en Gran Vía, frente a sus puertas de cristal, cerradas y en obras, donde se lee: “Estamos transformando el lugar donde empezó todo para ti”.

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