Ayuso denunciará a Sanidad por elegir solo a un hospital de Madrid de 10 para un programa contra el cáncer

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso (PP), ha abierto este jueves un nuevo frente contra el Ejecutivo central de Pedro Sánchez al anunciar que denunciará ante la Unión Europea la decisión “opaca, arbitraria y poco transparente” que a su juicio ha llevado a que solo un hospital regional (La Paz) haya sido seleccionado por el Ministerio de Sanidad entre la decena qu...

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso (PP), ha abierto este jueves un nuevo frente contra el Ejecutivo central de Pedro Sánchez al anunciar que denunciará ante la Unión Europea la decisión “opaca, arbitraria y poco transparente” que a su juicio ha llevado a que solo un hospital regional (La Paz) haya sido seleccionado por el Ministerio de Sanidad entre la decena que serán de referencia en la lucha contra esta enfermedad dentro de un programa europeo financiado en total con 90 millones de euros.

La Consejería de Sanidad autonómica, que encabeza Fátima Matute, afea que se haya “primado la deslocalización geográfica frente a la eficiencia, excelencia e investigación”; o el poco tiempo para presentar candidaturas. El Ministerio de Sanidad, por su parte, aduce que apostar por la descentralización busca crear una red nacional, y que la premura que exigió el fin del proceso se debe a que apenas hubo candidaturas al principio. Además, precisa que los centros están siendo seleccionados para participar en un proyecto europeo de certificación, no para ser centros integrales de referencia contra el cáncer, como sostiene la Comunidad.

“En junio de 2023 se abre el plazo para optar a ser centro beneficiario único (que es quien va a coordinar la acción) y para ser afiliado y poder participar”, explica un portavoz del ministerio sobre este programa de la UE. “Como beneficiario sale elegido en octubre el Instituto Catalán de Oncología, pero solo reciben la petición de tres aspirantes para ser centros afiliados”, sigue. “El 14 de noviembre el ministerio convoca a las comunidades para decirles que animen a los centros a que se presenten, porque si no, el dinero se va a otro país”, añade.

“En esa reunión se les dice que tienen de plazo hasta el día 28 de noviembre, porque Francia, que es el país que lidera el proyecto, quiere tener el presupuesto repartido el 1 de diciembre”, detalla. “El 28 de noviembre había 20 solicitudes de 11 comunidades y se eligieron centros de diferentes autonomías”, explica. Y remata: “Es verdad que el criterio territorial no se había mencionado, pero también lo es que el procedimiento interno del ministerio lo permite y así se hizo, con el objetivo de crear una red nacional en el futuro… y una red implica incluir a cuantas más comunidades mejor”.

Así, los hospitales seleccionados fueron La Paz (Madrid); el de Navarra; el de Vall d’Hebron (Cataluña); el Clínico Universitario de Santiago de Compostela (Galicia); el Clínico Universitario de Salamanca (Castilla y León); el Universitario y Politécnico La Fe de Valencia (Comunidad Valenciana); el Miguel Servet de Zaragoza (Aragón); el Regional de Málaga (Andalucía); el Universitario Marqués de Valdecilla de Santander (Cantabria); y un hospital de San Sebastián (País Vasco). Además, se eligió también a la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), que no depende de centro hospitalario, según detalla el ministerio.

El conflicto entre el Gobierno central y el autonómico por la selección de estos centros revela un choque de fondo sobre la articulación de España. Sánchez ha hecho bandera de la descentralización, y política de la inauguración de sedes administrativas e institucionales del Estado fuera de la capital del país. Ayuso, por su parte, defiende las ventajas de concentrar todos esos organismos en la región capital, lo que beneficia a sus intereses porque se traduce en una sobreabundancia de empleados públicos y sedes de grandes empresas que potencia a la economía regional. Y por ello saltan las chispas en múltiples terrenos.

“Todos los centros madrileños cumplen con las premisas”, ha asegurado Fátima Matute, que presentó a ocho aspirantes. “Por su importancia y trascendencia, hubiera sido deseable más tiempo para presentar las candidaturas debido a la complejidad de la información a aportar”, ha añadido. “Si el programa craNE2 fija entre sus objetivos que los centros sean capaces de atender al 90% de la población de cada país, no es posible cumplir con los criterios, ya que tan solo la sanidad pública madrileña atiende entre el 35% y el 40% de toda la población con cáncer de España”, ha concluido.

Una argumentación que sigue la estela de las quejas de la presidenta regional, tanto a principios de la semana, como este jueves en el pleno regional: “Tratar de manera sectaria e ideológica algo tan importante como esto me parece que demuestra muy poco por parte del Gobierno”.

Múltiples conflictos

El proceso diseñado para presentar candidaturas a los futuros Cancer Comprehensive Centers (CCCs) ya había provocado una carta de protesta de 30 jefes de servicio de Oncología de los principales centros de referencia españoles, que adelantó La Razón. También Madrid había pedido explicaciones a través de una misiva de su consejera de Sanidad enviada en noviembre, a la que accedió este diario, y que recogía quejas que luego fueron multiplicadas por el PP al pedir una comparecencia de la ministra Mónica García en el Congreso. Desde este jueves, el conflicto sube de tono, y se une a los múltiples choques que ha tenido Madrid con el Gobierno central sobre política internacional, fiscal, sanitaria, económica, eléctrica, migratoria o de gestión del agua.

Así, Madrid tiene tres procedimientos judiciales registrados en la Audiencia Nacional contra las órdenes ministeriales (de 30 de septiembre de 2020; de 11 de marzo de 2021, y de 10 de enero de 2024) dictadas para declarar actuaciones en materia de Salud Pública de obligatorio cumplimiento. En esa misma instancia también se ha denunciado el conflicto de entregas a cuenta en relación con los Presupuestos del año 2019.

Frente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid hay pendiente desde 2020 un recurso contra la fijación de los precios públicos correspondientes a los servicios universitarios. Ante el Supremo se ha impugnado el Real Decreto 902/2021, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para el ejercicio presupuestario 2021, destinadas a financiar el desarrollo de “nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad”, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Y ante el Constitucional se litiga contra el artículo 29 del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural, que establece un Plan de choque de ahorro y gestión energética.

Por último, existen dos procedimientos abiertos por el Canal de Isabel II. En el primero se ha impugnado la parte del RD 35/2023, de 24 de enero, relativa a la demarcación hidrográfica del Tajo, y en el otro se ha impugnado la Orden TEC/1399/2018, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la revisión de los planes especiales de sequía.

Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.