Bote vecinal en Arganzuela para contraatacar a Almeida, que se opone al cierre de cocinas industriales

El trabajo de toda una vida de Esther Lomas se materializó con la compra de un piso en el distrito de Arganzuela, en el centro de Madrid. Ahora su vida se centra en pleitear contra el Ayuntamiento de Madrid. “Hice aquí la inversión de mi vida y lo que tengo intención de dejar a mis hijos”, señala esta madrileña de 56 años. En junio de 2021, el sueño se convirtió en pesadilla con la instalación de dos cocinas industriales en los números 6 y 8 del Paseo Imperial, al lado de su casa. Desde entonces, las chimeneas rugen y eructa...

El trabajo de toda una vida de Esther Lomas se materializó con la compra de un piso en el distrito de Arganzuela, en el centro de Madrid. Ahora su vida se centra en pleitear contra el Ayuntamiento de Madrid. “Hice aquí la inversión de mi vida y lo que tengo intención de dejar a mis hijos”, señala esta madrileña de 56 años. En junio de 2021, el sueño se convirtió en pesadilla con la instalación de dos cocinas industriales en los números 6 y 8 del Paseo Imperial, al lado de su casa. Desde entonces, las chimeneas rugen y eructan gases insalubres hasta 15 horas al día. La entrada en funcionamiento de estas factorías reunió a los vecinos en un proceso judicial, cuyo último capítulo ha sido la anulación de la licencia de operatividad a la cocina del número 6, por orden de un juzgado de Madrid. Los vecinos, si cabe la expresión, respiraron tranquilos, aunque por poco tiempo, ya que el Ayuntamiento que preside José Luis Martínez-Almeida, defensor de estas cocinas industriales, recurrió la sentencia que ahora deberá ser juzgada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Tras más de dos años de pugna, los vecinos están machacados y los fondos escasean, así que han iniciado una recolección de dinero en internet para pagar la defensa en segunda instancia.

“Lo que más me molesta es que cada vez que salgo a la terraza pienso en lo que sale por esa chimenea”, afirma Lomas, parada en el balcón de su habitación. Desde este punto se aprecian los tubos metálicos grises que se levantan casi a ras del suelo y ascienden por las cinco plantas del bloque hasta sobresalir por el techo. “Son una auténtica cruz”, afirma Maite Gómez, de 65 años. La presidente de la Asociación Vecinal Pasillo Verde afirma que “no puede ser que se someta a un vecindario a un nivel de ruidos excepcional y emisión de gases, que no solamente el olor a fritanga que impregna la ropa, sino que son nocivos para la salud”. Los residentes han encargado un informe a un grupo arquitectos, que ha concluido que la instalación de las cocinas “generan un riesgo para el medio ambiente, la movilidad y la seguridad o accesibilidad de las personas, resultando una actividad inviable en esa ubicación”.

El Consistorio alega que la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo ordena que la instalación de estas cocinas debe someterse a la ley de evaluación medioambiental, sin embargo, el Ayuntamiento resalta que el Anexo 5 de la norma, que enumera las industrias sometidas a evaluación medioambiental, no incluye a las cocinas industriales. “No podemos dejar pasar por alto este aspecto” ha precisado el consistorio, que define esta posible imprecisión como “un error de forma” que motivo la apelación.

Los vecinos ya han gastado más de 30.000 euros en los juicios, que han recogido en cuotas de 100 euros que han pagado cerca de 300 propietarios. Lomas evidencia una paradoja que los hace sentir doblemente afectados: “El Ayuntamiento paga sus abogados con nuestros impuestos”, así que en este proceso no solo deben costear los honorarios de los abogados que los defienden, sino también de los que los atacan. “Nuestros impuestos están dirigidos a beneficiar a los intereses empresariales”, comenta desde la cuarta planta del número 5 del paseo de los melancólicos ―una calle donde se sienten más irritados que afligidos―.

A pocas horas de la finalización de la colecta, que cerró a medianoche del 29 de diciembre, las donaciones superaban los 6.000 euros. Lomas se siente “encantada” con la campaña en internet: “Hemos recogido lo suficiente para cubrir la mitad del procedimiento”. Además del espaldarazo económico, el bote vecinal da un subidón emocional a estos vecinos que arrastran la sensación de no poder luchar “contra un gigante que lo tiene todo”, en palabras de Lomas. De hecho, las cinco comunidades de propietarios que quedan en pie de lucha ya han acordado aportar el saldo restante para alcanzar los 12.000 euros que costará finalizar los proceso judiciales. El juicio de la cocina del número 8 continúa en curso, pero en caso de que la justicia ordene el cierre del local, los vecinos esperan otra apelación por parte del Ayuntamiento.

El concepto de cocinas industriales ―o cocinas fantasma o dark kitchens― es ambiguo y engañoso. Por lo general, se usa para referirse a una nave industrial que alberga varias cocinas y provee a diferentes cadenas de comida. En la nave de paseo imperial 8, por ejemplo, hay 11 cocinas; en la del número 6, hay ocho; pero en otras zonas de la capital hay infraestructuras con más 38 cocinas en una misma sede. En Madrid, este problema ya es ampliamente conocido, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) contabiliza “una docena de cocinas agrupadas, que suman unas 100 cocinas en total”, según un portavoz de la asociación, que subraya la falta de claridad en el conteo de estas infraestructuras. El Ayuntamiento de Madrid no ha aclarado a EL PAÍS cuántas licencias ha concedido a cocinas industriales.

Esta modalidad de negocio se disparó durante la pandemia, cuando se multiplicó la demanda de la comida a domicilio. Las cocinas fantasma pueden estar al servicio de un solo restaurante o de varios, en este último caso los empleados no están vinculados a las marcas, es decir, que los restaurantes no tienen control total sobre la preparación de los platos que se cocinan en estas naves. Los domicilios preparados en las cocinas fantasma casi se duplicaron en 2021, pasando de 1,4 millones a 2,6 millones. En 2024 estos comercios facturarán 1.300 millones de euros, según previsiones de la plataforma de Uber Eats, difundidos por la empresa Deliverect que gestiona de pedidos online.

Al sentir esta patata caliente entre sus manos, el Consistorio decidió regular el funcionamiento de estas cocinas en julio de este año. “Otra gran trampa del Ayuntamiento”, señala Lomas por el desconcierto de los vecinos ante la nueva normativa que, lejos de blindar las zonas residenciales de este tipo de actividades, “lo que hizo fue consolidarlas”. La nueva regulación permite infraestructuras de hasta 350 metros cuadrados y un número máximo de ocho cocinas por nave. Además, cada factoría debe habilitar un espacio interior para que los riders puedan esperar los pedidos adentro, sin obstaculizar las vías. Este último punto parece papel mojado para los residentes de Arganzuela que se declaran víctimas del caótico tránsito de riders que se aglomeran en la calle, ocupan los estacionamientos de los vecinos y hasta llegan a circular en sentido contrario o a invadir la acera para ahorrarse la vuelta a la manzana.

Tras la nueva normativa, “ahora es más difícil luchar contra estas cocinas”, detalla Lomas, ya que mientras cumplan con las directrices gubernamentales pueden estar incluso “en el bajo de tu casa”. Al estar pensados para entregas exclusivamente a domicilio, estas fachadas pasan desapercibidas, sin avisos promocionales, marcas visibles o información sobre su actividad. Muchas veces los vecinos no se enteran de su instalación hasta que empiezan a operar y el hedor inunda sus hogares. “Cuando quieres reaccionar ya no puedes” afirma Lomas, quien ha optado por extender la ropa por las noches para que no quede impregnada del olor a hamburguesa. “Tengo que estar en verano con la ventana cerrada por el ruido que sale de estas cocinas”, ilustra Lomas.

La del Paseo Imperial no es la primera batalla legal de Arganzuela contra las cocinas industriales. Algo similar ocurrió en las inmediaciones del Colegio Miguel de Unamuno, donde 900 niños estaban expuestos al olor a grasa y a los ruidos molestos que despedía una cocina industrial de 573 metros cuadrados. Los vecinos denunciaron y ganaron, pero el Ayuntamiento recurrió y el proceso se alargó un año más, hasta que finalmente el TSJM falló en beneficio de los vecinos.

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