La conexión mortal: una misma mujer detrás de dos asesinatos en Madrid

29 agosto de 2021. Un cadáver desnudo, semicalcinado, sin dedos ni dientes, es hallado en Cerro Murmullo, una ladera ubicada en el Ensanche de Vallecas, en Madrid. Es G. E. S.

27 noviembre de 2021. Los vecinos de la calle de Sierra Toleadana llaman a la policía porque han oído gritos en el piso de un vecino. Cuando llegan, la puerta está cerrada por dentro con pestillo. Consiguen abrirla y encuentran a un hombre muerto, torturado, amordazado y atado. Se trata de F. M. P. E.

En un principio, ...

29 agosto de 2021. Un cadáver desnudo, semicalcinado, sin dedos ni dientes, es hallado en Cerro Murmullo, una ladera ubicada en el Ensanche de Vallecas, en Madrid. Es G. E. S.

27 noviembre de 2021. Los vecinos de la calle de Sierra Toleadana llaman a la policía porque han oído gritos en el piso de un vecino. Cuando llegan, la puerta está cerrada por dentro con pestillo. Consiguen abrirla y encuentran a un hombre muerto, torturado, amordazado y atado. Se trata de F. M. P. E.

En un principio, son dos crímenes aislados en Madrid. No los investigan ni siquiera el mismo grupo de homicidios de la Jefatura Superior de Policía. El primero lo asume el grupo VI y el segundo, el V. Las pesquisas avanzan de forma independiente, hasta que, un día, acabarán confluyendo en una mujer: M. J. B. G.

Lo primero era la identificación de cadáver calcinado. Una labor tremendamente complicada por el estado en el que estaba el cuerpo. Los policías se guardan para sí los detalles de cómo lograron dar con un nombre. Solo deslizan que no existía ninguna denuncia por desaparición que pudiera corresponder con el cuerpo. En paralelo, los investigadores de homicidios se pusieron a trabajar en la escena del crimen.

Al final, la policía científica dio con un nombre: G. E. S. Esto les dio una vida en la que sumergirse, la de un marino mercante español de 63 años que trabajaba para una empresa de hidrocarburos y pasaba largas temporadas en el mar. Un trabajador ejemplar, les contaron en su compañía. También descubrieron la parte oscura. Sufría una grave adicción a la cocaína y también era cliente habitual de la prostitución. Cada vez que ponía un pie en tierra, se lo fundía todo hasta que volvía a embarcar, explican fuentes de la investigación. Y un detalle más que no les pasó desapercibido: cobraba 7.000 euros al mes que no ingresaba en su cuenta por una deuda con Hacienda. Se servía de conocidos con los que tenía más o menos confianza para que recibieran su dinero y se lo entregaran en sus estancias en España a cambio de una comisión.

“Esta práctica tenía sus fallos, porque muchas de estas personas que supuestamente eran de confianza acababan engañándolo”, explica la investigadora que dirigió la operación Murmullo, bautizada así por el lugar en el que apareció el cuerpo calcinado. El último regreso a España se produjo el 26 de agosto de 2021. Nunca más volvió a salir del país. Ese día lo fue a recoger una amiga al aeropuerto, la que en ese momento era su persona más cercana, la que recibía su nómina. Se conocían desde hacía años, de cuando ella ejercía la prostitución. A sus 46 años, la mujer había dejado ese mundo.

La relación entre ambos no había estado exenta de escollos. El 20 de julio de 2018, ella había presentado una denuncia contra G., en la que le acusaba de acosarla con llamadas constantes, tanto a su móvil como al del trabajo que tenía en ese momento, en una inmobiliaria. “Ella ejercía de conseguidora, iba a buscarlo, lo llevaba en coche, le facilitaba droga y lo llevaba a locales de alterne...”, explican fuentes policiales.

Ese 26 de agosto de 2021, los dos acudieron a Torrejón de Ardoz, donde vivía ella y donde acababa de montar un negocio de formación de estética muy cerca de la estación de trenes de Cercanías, tras haber dejado de trabajar como agente inmobiliaria. Las antenas telefónicas sitúan a ambos en las inmediaciones de ese negocio el día de la muerte de G. No volvió a salir de allí con vida, sino envuelto en una cortina de ducha directo a un maletero de un coche. La investigación prueba que la víctima murió por asfixia, pero no se ha determinado cómo se llevaron a cabo las amputaciones a las que sometieron al cadáver.

Tres días después, la mujer pidió a un conocido su vehículo, con el pretexto de hacer una mudanza. Con ese coche, trasladó el cadáver hasta el cerro del Murmullo, lo abandonó bajo un árbol y le prendió fuego. Fue una vecina la que observó humareda y se alarmó por un bulto extraño. Era G. Los investigadores descartan que la persona que le dejó su coche esté implicada en el crimen, pero sí trabajan en la hipótesis de que haya otro sujeto implicado en el asesinato.

La mujer continuó con su vida con normalidad, incluso llegó a hacer creer a su entorno que la desaparición de G. había sido voluntaria. Su negocio seguía abriendo y recibiendo alumnas, a las que formaba en pedicuras y manicuras. Ella tenía una relación especial con los dueños de un bar cercano y seguía teniendo contacto con sus excompañeros en la inmobiliaria. Un día, una de las empleadas de su antiguo trabajo la llamó, según informes policiales, para proponerle una idea. Le contó sabía que el dueño de la inmobiliaria tenía en su casa una caja fuerte con grandes cantidades de dinero en efectivo. Lo sabía porque, además de su jefe, era su primo. El marido de la mujer que llamaba y él se odiaban desde que la policía los investigó por un caso de blanqueo, en el que acabó detenido el dueño de la inmobiliaria.

Según el plan, los primos aportaban la información con las rutinas de la víctima y dónde estaba la caja fuerte y la mujer del centro de estética se encargaría de buscar a los autores materiales. Los amigos del bar cercano a su local, en Torrejón, tenían contactos en el mundo de la delincuencia. Ella cumplió con su parte del plan. Consiguió a los atracadores y formó parte activa en el golpe. El dueño de la inmobiliaria era F. M. P. E., el inquilino de la calle Sierra Toledana, el segundo asesinato.

El atraco se fijó para el 29 de noviembre. Según las investigaciones, el dueño de ese piso era “extremadamente desconfiado” y nunca habría abierto a alguien que no conociera. Por eso, ese día, entre las 8.30 y las 9.30, la que llamó presuntamente a su puerta y él vio por la mirilla fue M. J. B. G. Ella fue la que abrió paso a los dos hombres, que se iban a encargar de sustraer el dinero. Una vez cumplida su misión, se marchó. Pero lo que sucedió en el interior no formaba parte de la idea inicial.

El dueño de la inmobiliaria se resistió ferozmente, ellos lo golpearon como unos salvajes, tanto que esas heridas acabarían produciéndole la muerte. De su boca no salió la combinación de la caja, por lo que tuvieron que utilizar los cuchillos de cocina de la víctima para desencajarla a la fuerza. Él, mientras, agonizaba en el suelo magullado y atado. Cuando los asaltantes obtuvieron su botín huyeron y él aprovechó sus últimas fuerzas para cerrar la puerta con llave desde dentro. Poco después, murió, solo, en la entrada de su casa. Una de las primeras personas que acudió a la vivienda, tras la llegada de la policía, fue el marido de la prima de la víctima, supuesto inductor del crimen.

El Grupo V de homicidios entró entonces en escena, sin tener ni idea de que sus pesquisas acabarían estando unidas con el caso del cadáver calcinado en el que trabajaban sus compañeros del VI. La clave, en este caso, fue la exhaustiva inspección ocular de la vivienda, que los llevó a encontrar las etiquetas de los útiles que los atracadores habían utilizado en el asalto. En esas adquisiciones, guantes y bolsas, encontraron huellas, pero necesitaban situar a los sospechosos juntos y haciendo esa compra. La colaboración ciudadana fue clave para averiguar que el bazar en el que habían hecho la compra se encontraba en Parla. Obtuvieron el ticket, una prueba más con la que apuntalar el caso. Esa gestión bautizó el caso: el crimen de la etiqueta.

Gracias a las intervenciones telefónicas, a los posicionamientos de los móviles y a varias imágenes de cámaras de videovigilancia, los investigadores del Grupo V llegaron a recomponer la cadena que había propiciado el crimen de la etiqueta, pero faltaba el eslabón central. Los primos y los autores materiales no tenían ningún tipo de nexo, alguien los tenía que haber puesto en contacto. Fue en el momento de una detención cuando un implicado mencionó a una “señora rubia de unos 40 años” a la que el día del golpe habían ido a recoger a un local de Torrejón. Les dio más detalles sobre el lugar: un centro de estética cuya propietaria era M. J. B. G.

Cuando teclearon en la base de datos su nombre, descubrieron que tenía antecedentes de 2009 por estafa y que constaba una denuncia que ella había presentado: la que le había puesto el 20 de julio de 2018 por supuesto acoso. El nombre del denunciado también aparecía en sus bases, era el marino mercante víctima de homicidio en agosto de 2021. La denuncia contenía un detalle más interesante: uno de los teléfonos que la mujer había facilitado era el de su trabajo en una agencia inmobiliaria, la de la víctima del crimen de la etiqueta. Acababan de conectarse ambos crímenes. Los investigadores del Grupo V acudieron a su celda a notificarle los nuevos cargos que se le imputan por este segundo homicidio. Lleva en esa cárcel desde febrero de 2022. Nunca ha confesado su participación en ninguno de los asesinatos.

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