Madrid rectifica y mantiene los conciertos educativos a los 11 centros católicos de FP

La marcha atrás de la Consejería de Educación se escenificó el jueves con una llamada telefónica. Rocío Albert, viceconsejera, llamó a José Antonio Poveda, secretario general de Escuelas Católicas, y le confirmó la fórmula que habían encontrado para recular: los 11 centros educativos privados de Formación Profesional (FP) que enseñan Grado Superior ya no se quedarán sin concierto, lo ...

La marcha atrás de la Consejería de Educación se escenificó el jueves con una llamada telefónica. Rocío Albert, viceconsejera, llamó a José Antonio Poveda, secretario general de Escuelas Católicas, y le confirmó la fórmula que habían encontrado para recular: los 11 centros educativos privados de Formación Profesional (FP) que enseñan Grado Superior ya no se quedarán sin concierto, lo extenderán hasta el curso 2026-27 y lo harán gracias a una disposición adicional incluida en el último momento en el decreto de Primaria que trata el régimen de conciertos, cuyo dictamen se debatirá en el consejo escolar el próximo martes. “Han reconsiderado la situación”, explicó este viernes Poveda.

La polémica comenzó en diciembre. Entonces, el Consejero de Educación, Enrique Ossorio, avanzó a Escuelas Católicas que el curso que viene se quedarían sin concierto en esos 11 centros, los mismos que en 2016 habían ganado una batalla en el Tribunal Supremo que obligó a la Administración a restaurar el convenio, extinguido por el Gobierno de Ignacio González con Lucía Figar en Educación. Y lo hizo basándose en un supuesto informe elaborado por los servicios jurídicos del Ejecutivo.

El viernes 25 de marzo los malos augurios se confirmaron. Albert y Manuel Bautista, director general de la educación concertada, se reunieron en la misma Consejería de Educación con los 11 representantes de los centros. Allí les dieron la puntilla y les avanzaron que pronto recibirían un escrito confirmando la decisión, así que tendrían que asumir que se convertirían en centros privados. “No queremos”, insistió después Rosario Cardo, directora de la Institución Profesional Javeriana, uno de los afectados. “Nuestra labor no es hacer negocio”, defendió.

La matrícula cuesta allí lo mismo que en un centro público (360 euros), por lo que alumnos de clase baja y media que no consiguen plaza en la educación pública (con largas listas de espera) encuentran esa salida.

Tres días después de que EL PAÍS publicara la historia de aquel tenso encuentro con Albert y Bautista y anunciara de nuevo una batalla en los juzgados, los 11 representantes de los centros fueron citados otra vez en la Consejería de Educación, el 18 de abril, aunque en este caso la reunión tendría lugar con la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero Ossorio.

“La reunión se mantiene”, cuenta Poveda. “Pero creemos que será para confirmar lo que nos ha dicho Albert por teléfono”. Un portavoz de la Consejería de Educación ha confirmado a este periódico que “se ha encontrado la manera para que se pueda continuar y puedan seguir su labor educativa”. Dice, además, que “se estaba buscando una solución a esta situación, como finalmente ha sucedido”, por lo que niega que les dijeran a los 11 representantes de las escuelas católicas que la decisión ya estaba tomada. Sin embargo, no es lo que cuentan las 12 personas que estuvieron en la otra parte de la mesa en aquella reunión con Albert y Bautista. Escuelas Católicas escribió, nada más salir, una nota que titularon Desolación e indignación en los centros concertados de FP de Madrid.

“La prueba de que no es como dicen”, defiende Poveda, “es que en la disposición quinta de la Ley Maestra [norma educativa madrileña] nos habían sacado de ahí y han tenido que hacer ahora una disposición adicional única para incluirnos”. En ese texto, que se debatirá el próximo martes, se especifica que el régimen de conciertos previsto en el decreto que sacó la Comunidad de Madrid en enero de 2021, pensado para salvar y alargar a diez años los conciertos educativos (hasta entonces duraban hasta seis), “será de aplicación a todos los conciertos educativos vigentes en el momento de la entrada en vigor del decreto, con independencia de que tuvieran un plazo de vigencia diferente al ordinario fijado mediante acuerdo entre la Administración y los centros educativos”, como era su caso.

La singularidad de este caso se remonta a 2012. En aquel momento, Figar anunció que eliminaba los conciertos de 50 centros educativos privados de FP de Grado Superior. Se excusó en la falta de fondos, aunque lo cierto fue que destinaron aquel dinero, el mismo, a los famosos cheques escolares, un dinero que recaería en los centros privados.

De aquel grupo de 50 centros, 11 decidieron pelear en los tribunales, hasta que volvieron al régimen de conciertos cuatro años después, justo lo que duró la contienda legal. Fue entonces cuando el Tribunal Supremo les dio la razón, en 2016: estimó que se había cometido una ilegalidad y obligó a la Administración a restituir el daño.

Y aquí llega el supuesto engaño, la base de toda la polémica. La sentencia esgrime que los centros tenían derecho a renovar el concierto por el periodo correspondiente. Entonces, la Comunidad de Madrid les ofreció un pacto en forma de convenio: si ellos renunciaban a pedir una indemnización, a cambio ejecutarían la sentencia acoplada a los nuevos tiempos, ya que algunos ciclos ofertados en 2012 se habían extinguido y habían nacido nuevos. “Hicimos borrón y cuenta nueva”, contó Poveda. “Decidimos renunciar al dinero como acto de buena fe”, insiste. Y de ese modo firmaron el pacto por cuatro años, “los mismos que duraba un concierto”, porque les aseguraron que así podrían renovar cuando se agotara el plazo.

Transcurrido ese tiempo, ahora, la Consejería de Educación argumentó ante los centros que el convenio había caducado y que sus servicios jurídicos estimaban que la ejecución de sentencia solo se podía haber llevado a cabo con el pago de aquella indemnización. Ante el nuevo lío que se avecinaba, y la polémica generada dentro del mismo Gobierno regional tras la publicación en EL PAÍS, la solución ha llegado en el último momento y con una disposición adicional. Tendrán, por ahora, cuatro años más.

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