La empresa del amigo de Tomás Díaz Ayuso cobró por cada mascarilla hasta el triple que otros proveedores de la Comunidad de Madrid

El elevado precio que pagó la Comunidad de Madrid por las mascarillas compradas en China por el hermano de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, es una cuestión de interés después de que la Fiscalía europea anunciara la semana pasada su investigación por posible malversación de fondos. Cada cubrebocas KN95 (el equivalente chino de la FFP2 europea) adquirido por Tomás Díaz Ayuso costó cinco euros, uno de los precios más elevados pagados por cualquier administración pública en España, y hasta el triple más caras que otras adquiridas por el Gobierno regional. Esa cuantía ha hecho sospechar a los grup...

El elevado precio que pagó la Comunidad de Madrid por las mascarillas compradas en China por el hermano de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, es una cuestión de interés después de que la Fiscalía europea anunciara la semana pasada su investigación por posible malversación de fondos. Cada cubrebocas KN95 (el equivalente chino de la FFP2 europea) adquirido por Tomás Díaz Ayuso costó cinco euros, uno de los precios más elevados pagados por cualquier administración pública en España, y hasta el triple más caras que otras adquiridas por el Gobierno regional. Esa cuantía ha hecho sospechar a los grupos de la oposición madrileña que el dinero público se usó indebidamente en ese contrato de 250.000 mascarillas que costó 1,5 millones de euros.

Tras conocer la indagación de la Fiscalía europea, Más Madrid trasladó el viernes a esa instancia una denuncia de posibles delitos en el manejo de fondos públicos que incluía su propio análisis de otros precios pagados por la Comunidad de Madrid en las fechas cercanas al 1 de abril de 2020, cuando fue adjudicado el contrato investigado. Según su examen de una selección de cinco contratos madrileños, el precio de las mascarillas KN95 y FFP2 osciló entre los 1,63 euros la unidad y los 2,29 euros. Es decir, las mascarillas compradas por Tomás Díaz Ayuso costaron algo más del triple que las más baratas que adquirió la Comunidad.

Otros análisis independientes hechos durante la pandemia muestran que cinco euros era un precio muy alto: la organización de transparencia Civio publicó en marzo del año pasado un análisis exhaustivo de decenas de miles de contratos (de ayuntamientos, comunidades y el Estado) y encontró que el rango de las FFP2 iba de los 0,25 euros a los 8 euros y el de las KN95 de los 0,87 euros a los 11,25 euros.

El Tribunal de Cuentas publicó en octubre su fiscalización de los contratos de ayuntamientos de grandes ciudades y averiguó que el precio más alto de las FFP2/KN95 lo había pagado el Ayuntamiento de Madrid el 25 de marzo de 2020: 6,24 euros por unidad, en un contrato que está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por las supuestas comisiones millonarias que al parecer se llevaron dos empresarios madrileños. Ese mismo mes, el Ayuntamiento de Zaragoza adquirió mascarillas FFP2 por 1,6 euros la unidad. Solo los Ayuntamientos de Madrid y Sevilla adquirieron mascarillas de esa calidad a un precio superior a 5 euros la unidad.

Caos en el mercado chino

La semana pasada, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dividió en dos la investigación del caso después de que la Fiscalía europea reclamara su competencia porque la Comunidad usó fondos comunitarios para comprar las mascarillas. El órgano de la Unión Europea manifestó su desacuerdo con la solución, que considera “un desafío a la supremacía” del derecho de la UE. El caso estalló en febrero, cuando la anterior dirección nacional del PP acusó a la presidenta Ayuso de haber favorecido a su hermano en el contrato de 250.000 mascarillas FFP2 por 1,5 millones de euros otorgado a la empresa de un amigo de ambos, Priviet Sportive SL. El hermano de la líder madrileña hizo las gestiones para adquirir la mercancía y trasladarla a España, según ha revelado ella, que asegura que por ello solo facturó 55.000 euros más IVA. Tomás Díaz Ayuso cobró de esa empresa al menos 283.000 euros en 2020, pero aún no ha quedado claro por qué concepto.

En un aparente ejercicio de transparencia, la Comunidad ha facilitado a los medios de comunicación el expediente del contrato, pero nada se dice en esos papeles sobre Tomás Díaz Ayuso, cuyo rol quedó oculto. Tampoco aparece en ese expediente la factura pagada al proveedor chino, Jiaxing Yinuo Busway Co. Ltd., una empresa de Zhejiang, en el este de China. Esta omisión ha impedido que los medios conozcan cuánto dinero ganaron con la operación Tomás Díaz Ayuso y su amigo, Daniel Alcázar, el dueño de Priviet Sportive SL.

El mercado chino fue un caos durante la primavera de 2020, cuando compradores internacionales regateaban precios e incluso se hacían con mercancía ya vendida, ofreciendo en los aeropuertos un importe más alto. Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción señalan que por muy altos que fueran los beneficios conseguidos por los intermediarios, es imposible imputarles ningún delito porque los contratos de emergencia, permitidos por ley en situaciones de crisis, eliminan controles habituales en los contratos públicos.

La oposición, sin embargo, piensa que es posible determinar que hubo un mal uso de dinero público. Una duda que plantea el delito de malversación es si el pago de un sobreprecio puede ser perseguible o si debe limitarse a contratos celebrados sin contraprestación (el pago de dinero público por servicios nunca realizados). El propio Partido Popular ha interpretado que así es. Tras la reforma del Código Penal en 2015, quedó ampliado el ámbito de aplicación del delito para incluir pagos excesivos, según argumentó el grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid en su denuncia a la Fiscalía de 12 contratos de la pandemia que supuestamente benefician a personas cercanas al Gobierno central. La Fiscalía aún no ha anunciado si admitirá a trámite esa denuncia, que anunció el mes pasado la presidenta.

Como parte de su defensa, la dirigente popular ha usado datos de precios falsos, como han resaltado verificaciones de prensa y Más Madrid en su denuncia a la Fiscalía europea. El Gobierno de Ayuso publicó el 18 de febrero un comunicado en el que aseguraba que la Comunidad había comprado en abril de 2020 mascarillas a precios superiores a los cinco euros pagados en el contrato de Priviet Sportive SL. Se incluían los siguientes cinco ejemplos: Biogen FFP3: 10,5 euros; Palex FFP2: 6,5 euros; Lost Simetry FFP2: 6 euros; Helianthus FFP2: 5,95 euros; y Barna FFP2: 5,3 euros. Según estas verificaciones, en los casos de Biogen, Barna, Lost Simetry o Palex, Ayuso dio precios de mascarillas FFP3, lo que resulta engañoso, ya que son de mayor calidad que las compradas por su hermano.