El Canal de Isabel II hace caja: busca “el precio más alto del mercado” para vender 46 inmuebles

El Canal de Isabel II, la empresa pública más grande de la Comunidad de Madrid, se dispone a hacer caja. Con sus negocios americanos en el ojo del huracán por la intervención de las autoridades de Colombia y la República Dominicana, la compañía quiere lograr “el precio más a...

El Canal de Isabel II, la empresa pública más grande de la Comunidad de Madrid, se dispone a hacer caja. Con sus negocios americanos en el ojo del huracán por la intervención de las autoridades de Colombia y la República Dominicana, la compañía quiere lograr “el precio más alto del mercado” para 46 inmuebles a los que no logra dar salida desde 2018. Y por eso acaba de licitar un contrato de subasta electrónica por 70.000 euros: el objetivo es espolear la demanda en un momento en el que el apetito comprador está a régimen, puesto a dieta por las incertidumbres que generan la pandemia de la covid, el alza de los precios de las materias primas, y las consecuencias que está teniendo en la economía mundial la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

“Se me hace muy cuesta arriba aceptar que se desprendan con esta ligereza de terrenos e inmuebles que son de propiedad pública”, lamenta Alejandro Sánchez, diputado de Equo integrado en el grupo parlamentario de Más Madrid. “Creo que habría que buscar usos alternativos que beneficien de forma más directa a la ciudadanía que no simplemente hacer caja”, propone este representante, que recuerda que el Canal es una empresa “saneada” y sin urgencias económicas. Y plantea: “Se puede llegar a acuerdos con los ayuntamientos afectados o se pueden realizar concesiones a 25 o 50 años con entidades privadas, pero no perder la titularidad. En el caso de terrenos urbanizables se podrían poner a disposición de la Agencia de la Vivienda Social para construir vivienda pública, de la que estamos tan necesitados en la Comunidad”.

“El Canal vuelve a las andadas, en la misma línea de liquidación de equipamientos públicos que durante años viene llevando a cabo la Comunidad de Madrid, logrando de una tacada desprenderse de lo que es de todos y que se enriquezcan algunos ávidos y avisados promotores”, secunda la crítica Diego Cruz, del PSOE. “Asistimos con indignación a la perdida de patrimonio y recursos de las administraciones públicas”, subraya. Y pone un ejemplo: “En 2014, el Canal adquirió a Arpona (empresa de la Comunidad para el arrendamiento y promociones de la región) el edificio situado en la calle del Buen Suceso número 12 por 14 millones de euros. Nunca fue utilizado. Seguimos desconociendo el verdadero objeto de la compra. En 2017, se adjudicó mediante subasta esta propiedad a la Universidad Rey Juan Carlos por 16,7 millones, sin atender solicitudes de diálogo para estudiar su transacción directa para necesidades municipales. Hoy estas dudosas operaciones pueden volver a producirse”.

Además de ese edificio de la calle del Buen Suceso, la compañía pública se deshizo de una parcela residencial en la Ciudad de los Poetas, en 2006, por otros 16 millones. Ese año también ingresó otros 6,5 millones de euros por parcelas de las que era copropietario en Vallecas, según información remitida a la Asamblea regional de Madrid. Ejemplos que ponen en contexto la venta que se intentará ahora, llena de dificultades por el contexto económico.

“Debido a la heterogeneidad de los diferentes inmuebles patrimoniales a subastar, unido a que los valores económicos del mercado inmobiliario todavía se mantienen por debajo de los valores anteriores a la crisis generada por la pandemia COVID-19, Canal de Isabel II, por razones de oportunidad de mercado, no puede determinar si se van a subastar los 46 inmuebles, si bien, esta Empresa Pública prevé que se puedan subastar 23 de los 46”, advierte la compañía en los documentos que acompañan a la licitación del contrato para la subasta, y que ponen énfasis en la necesidad de ganar el máximo dinero posible con la operación. “Se pide que en la plataforma electrónica se avise de forma proactiva a aquellos inversores que, por capacidad financiera, [o] preferencias de inversión, puedan estar interesados en la subasta de los inmuebles, así como [que], se informe a posibles bancos financiadores que por su core capital puedan también estar interesados en la subasta de los bienes inmuebles, de esta forma se pretende obtener el precio más alto de mercado”.

Los 46 inmuebles se distribuyen por toda la región. De Madrid capital a Navalcarnero, pasando por Leganés, Rivas-Vaciamadrid o Buitrago de Lozoya, se oferta de todo. Desde propiedades que se disparan hasta los 8,7 millones a otras que apenas superan los 33.000 euros, según una tasación válida en septiembre de 2021 a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Desde inmuebles clasificados como urbanos, a otros clasificados como urbanizables. Y desde bienes que rozan los 6.000 metros cuadrados a bienes que no llegan ni a los 100.

Fuera del proceso, sin embargo, quedan algunas de las propiedades más apetecibles de la empresa. Por ejemplo, la Residencia Santillana, en Manzanares el Real, un chalet de lujo de más de 2.000 metros cuadrados que ha recibido todo tipo de usos privados por los distintos gobiernos regionales desde los años 80: se han celebrado reuniones de trabajo, fiestas y retiros privados de políticos, y se ha alojado discrecionalmente a distintas personas. Ese fue el caso de Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, a su paso por Madrid a inicios de 2020.

Un reflejo de que el Canal de Isabel II es la gran inmobiliaria pública de la Comunidad de Madrid: en su balance hay oficinas, viviendas, aparcamientos, terrenos de uso industrial, con calificación de rústicos... una cartera de la que ahora se intenta deshacer vendiendo 46 propiedades al mejor postor.

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