Una pizarra con los nombres de las víctimas del maltrato

El despacho es muy pequeño. Apenas hay espacio libre cuando los cuatro agentes de la Guardia civil en el puesto de Majadahonda, dos hombres y dos mujeres, ocupan sus lugares de trabajo. Entre las mesas, los ordenadores y los teléfonos, no hay mucho sitio disponible. Destaca una pizarra blanca amplia en la que están escritos, en columnas, nombres de mujeres (no más allá de una treintena) junto a fecha y horas. Los nombres pertenecen a mujeres sometidas a vigilancia; los días y las horas, el momento en el que deben recib...

El despacho es muy pequeño. Apenas hay espacio libre cuando los cuatro agentes de la Guardia civil en el puesto de Majadahonda, dos hombres y dos mujeres, ocupan sus lugares de trabajo. Entre las mesas, los ordenadores y los teléfonos, no hay mucho sitio disponible. Destaca una pizarra blanca amplia en la que están escritos, en columnas, nombres de mujeres (no más allá de una treintena) junto a fecha y horas. Los nombres pertenecen a mujeres sometidas a vigilancia; los días y las horas, el momento en el que deben recibir una llamada telefónica para verificar si todo está en orden y nada a su alrededor, por insignificante que pueda parecer, es motivo de preocupación. De estos cuatro agentes depende la seguridad de 384 víctimas de maltrato, de las 9.069 que actualmente cuentan con ese tipo de vigilancia en la Comunidad de Madrid, según datos de la Delegación del Gobierno. Es el sistema VioGén.

Fernando y Laura son dos de estos guardias civiles. Llevan años dedicados a esta tarea y confirman algo que ha quedado constatado desde hace tiempo: que la violencia de género no entiende de clases, de educación, ni de origen. Lo saben bien ellos que operan en algunos de los municipios de España con mayor renta económica. En su demarcación se encuentran tres de los que están entre los 10 más ricos: Boadilla del Monte, Villanueva de la Cañada y Majadahonda. “Aquí nos encargamos de víctimas que tienen miedo porque sus maridos son muy poderosos y de las que han venido aquí y trabajan como empleadas del hogar, algo habitual en esta zona”, cuenta Fernando. De hecho, la nacionalidad que predomina en sus archivos es la española, pero seguida muy de cerca por algunas de Centroamérica y de República Dominicana, de donde suelen provenir las mujeres que se encargan de la limpieza de los hogares de lujo. El temor se puede infundir de muchas formas, no solo con golpes. También con la amenaza de que con unos contactos influyentes, tu vida puede quedar arruinada. “Sí, puede haber un coche de vigilancia a las puertas de un chalé, igual que de un piso humilde”, puntualiza Laura.

El equipo que trabaja junto a esa pizarra con nombres azules forma parte del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), que aglutina a todos los actores involucrados en la protección de la víctima de maltrato. En Madrid, 29 de los 77 municipios están integrados en él y la Delegación de Gobierno aspira a que lo hagan todos ellos, porque muchas veces son los agentes municipales los que más cerca están de lo que pasa en sus localidades. La semana pasada, se incorporó Las Rozas, incluido en el territorio en el que operan Fernando y Laura. En otras muchas comisarías y comandancias habrá otras pizarras con los nombres de las 69.391 víctimas incluidas en este sistema en todo el país.

Este equipo de cuatro personas se encarga de alrededor de 390 casos nuevos cada año, una cifra que se mantiene estable desde hace varios años. Desde esta pequeña oficina situada al lado de una de las sedes de los juzgados de Majadahonda, se meten cada día en las casas de decenas de víctimas para asegurarse de que el terror no vuelve a entrar por sus puertas. Han visto expedientes duros, que les cuesta olvidar y digerir, incluso a guardias civiles dedicados a esto desde hace una década.

Antes de la pandemia, los agentes las visitaban en persona. Desde las restricciones, cambiaron la rutina y ahora el 90% de los contactos son por teléfono. Es así cuando no hay ningún problema, pero están al lado de las mujeres si ha habido peligro o si tienen que escoltarlas a alguna parte. Las conversaciones con algunas de ellas son breves, se reducen a monosílabos. Son las que no han querido seguir adelante con el proceso porque confían en que el maltrato algún día acabará. “Yo sé manejarlo para que no se enfade”, les ha comentado alguna de ellas. “Es un círculo que empieza una y otra vez. Está la fase de luna de miel, en la que el agresor se muestra más entregado que nunca porque sabe que ha hecho algo mal, y poco a poco eso vuelve a degenerar en los golpes e insultos”, detalla Fernando.

Especialmente en esos casos, es donde radica la importancia de que las mujeres sientan que no están solas desde el principio. El lenguaje técnico de los abogados a los que muchas veces acaban de conocer cuando empieza el juicio, las implicaciones de las medidas de protección, el régimen de custodia en el caso de que haya niños... El laberinto en el que se interna una víctima puede dar vértigo y provocar que algunas renuncien. “El primer contacto con la víctima es muy importante, para que entienda qué es lo que viene por delante y siga adelante con el proceso”, apunta Fernando.

Hasta septiembre, se estimaba que el 10% de las víctimas decidía no declarar contra su agresor, aunque hubieran sido denunciantes. Esto ya no es posible por una modificación legislativa. “Recuerdo una mujer con una quemadura enorme en la espalda. Creo que todo había comenzado por una discusión sobre la cena o cualquier otra tontería. Cuando nos encontramos con ella en el juzgado nos contó que había hablado con su suegra y creía que era mejor no declarar contra él. Y nos lo decía con esa herida aún reciente...”, relatan los agentes. El riesgo está presente incluso cuando no es visible. La última víctima de un crimen machista fue Claudia, una adolescente de Totana (Murcia) de 17 años. Nadie en su entorno sospechaba que su exnovio Johan pudiera matarla.

Horror de puertas adentro

También se ocupan de la otra parte, la de los maltratadores, y vigilan que, por ejemplo, no se acerquen a la casa o el trabajo de las mujeres. “Por parte de los agresores sigue funcionando el ‘mira lo que me has obligado a hacer”, señala Fernando. Cuando los guardias civiles contactan con ellos para que les queden claras las medidas de alejamiento, se comportan de forma exquisita con los agentes: “Todos nos respetan mucho, todos tienen algún conocido o familiar guardia civil...”. El horror lo guardan de puertas para adentro. En algunos casos, el proceso se inicia aun sin denuncia de la mujer, porque la agresión ha sido pública o la causa se ha abierto de oficio por el parte de lesiones de los sanitarios o los agentes. Ahí es cuando más riesgo existe de que ella siga atrapada en la espiral de golpes e insultos. “Me han prohibido el contacto con mi mujer, ¿pero no le puedo dar un mensaje a través de mi hermano?”, les han llegado a preguntar algunos de los denunciados. “Ahí es cuando te toca explicarles que no, y que tampoco pueden ir a tomar café en el bar de al lado de su casa, aunque ella esté trabajando”, señalan los agentes.

Según el nivel de riesgo, el contacto entre los agentes y las víctimas es más o menos frecuente. Si se evalúa como alto o extremo, las llamadas son diarias. “Con algunas incluso varias veces al día”, indica Laura. A veces, van a visitarlas. Lo hacen de paisano. “Ellas tampoco quieren que los vecinos vean guardias civiles cada dos por tres”, señalan. Cuando tienen que acompañarlas al trabajo, a la compra o al colegio de sus hijos, sí que lo hacen en el coche oficial. “Para que la protección sea bien visible”, puntualizan. Un marcaje continuo hasta que el agresor desaparece de la vida de la mujer, o se considera que está fuera de peligro.

Pero luego está otro grupo de mujeres, que en algunas circunstancias terminan siendo casos dramáticos. Se trata de aquellas que no han querido denunciar, que han tratado de retirar la denuncia, o que minusvaloran el riesgo que están corriendo, pero a quienes el juez ha determinado, aun con su oposición, que deben ser sometidas a una vigilancia. Restan importancia a todo cuanto les sucede. Creen que controlan la situación, o que se trata de un caso leve, de un episodio de violencia sin importancia. Todavía confían en su pareja.

La vigilancia no puede ser eterna y, en ocasiones, se determina que hay motivos para suspenderla. En esos casos, la mujer siente alivio porque nunca ha estado plenamente convencida de que necesitaba protección. Sin embargo, los agentes conocen cuál es la cruda realidad: según las estadísticas del Ministerio de Igualdad, el 80% de las mujeres que fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en 2021 no habían denunciado o habían retirado la denuncia.

Entre los centenares de mujeres que han formado parte de la pizarra se paran a hablar de una que creyó que iba a engrosar las listas de víctimas mortales. Su marido llegó a tenerla incluso encerrada en casa. “Hay que verla cómo empezó y cómo acabó. Es que el cambio se nota incluso físicamente. Cuando la conocimos había perdido 30 kilos, estaba encorvada y con el paso de los meses descubrimos a otra mujer”, explica Laura. Aquella superviviente celebró después de la pandemia un gran cumpleaños en su jardín. Tenía mucho que festejar. Los guardias civiles que formaron parte de su día a día durante años estuvieron invitados. Había vuelto a nacer.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero se ha de borrar la llamada del dispositivo.

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