La familia Díaz Ayuso: tres años de polémica en polémica en la Comunidad de Madrid

Hace una semana, Isabel Díaz Ayuso retó a Mónica García (Más Madrid), la líder de la oposición, en la Asamblea: “Cada año contratamos con 12.300 empresas, tan solo en 2021 hay 330.000 contratos, si empezamos a tirar del hilo hay amigos y familiares de muchos de ustedes relacionados de alguna manera (...) Le animo, ya que es tan valiente, a que demuestre una sola prueba de que yo tengo algo que ver, o alguien de mi Gobierno, con un contrato con alguien de mi entorno. Y si no, dimita”. Esa afirmación, lanzada cuando la líder conservadora ya sabía que...

Hace una semana, Isabel Díaz Ayuso retó a Mónica García (Más Madrid), la líder de la oposición, en la Asamblea: “Cada año contratamos con 12.300 empresas, tan solo en 2021 hay 330.000 contratos, si empezamos a tirar del hilo hay amigos y familiares de muchos de ustedes relacionados de alguna manera (...) Le animo, ya que es tan valiente, a que demuestre una sola prueba de que yo tengo algo que ver, o alguien de mi Gobierno, con un contrato con alguien de mi entorno. Y si no, dimita”. Esa afirmación, lanzada cuando la líder conservadora ya sabía que la dirección nacional del PP estaba investigando las supuestas conexiones de su familia con contratos firmados con la Comunidad durante la pandemia, resume cómo está afrontando la presidenta regional las polémicas que afectan a sus allegados, y que estallaron antes incluso de que llegara al poder, en 2019, con el caso Avalmadrid. Al ataque.

El contrato que investiga el PP asciende a 1,5 millones de euros a cambio de lograr mascarillas durante lo peor de la pandemia, y fue concedido por la vía de emergencia (a dedo) a una empresa liderada por un amigo de la infancia de los hermanos Díaz Ayuso en Sotillo de la Adrada (Ávila), según adelantó la web eldiario.es. Priviet Sportive SL, que se dedicaba al negocio textil y ganadero, obtuvo el encargo el 1 de abril de 2020. A cambio, entregó 250.000 mascarillas FPP2 y FPP3 a 6,05 euros cada una.

“Los hechos conocidos son de gravedad”, ha dicho este jueves Alfonso Serrano, el portavoz del PP en la Asamblea, sobre que su propio partido esté investigando a la líder conservadora. “La presidenta actuó con lealtad, responsabilidad, avisando al alcalde”, ha añadido, en referencia al presunto uso de una empresa municipal para la investigación. “Creo en la honestidad de la presidenta. No existe motivo ninguno para investigarla. Todos los contratos están publicados y son conocidos por todos los grupos”, ha ampliado sobre el acuerdo de la polémica.

Para cuando la oposición se enteró de aquello, en noviembre de 2021, ya llevaba tiempo poniendo la lupa sobre la presunta relación entre los familiares de la presidenta de la Comunidad y determinados contratos públicos. Así, desde la Asamblea se preguntó al Gobierno por todos los acuerdos firmados con Artesolar Iluminación, empresa para la que trabajaba el hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso, bajo el título de “proyect development manager”, según su perfil de LinkedIn. También por los acuerdos rubricados con Arteconfort, relacionada administrativamente con esa compañía.

Afrenta personal

El episodio fue vivido por Díaz Ayuso como una afrenta personal, según transmitió entonces con toda claridad. Consideró que se estaba condenando a su hermano a la muerte civil por el mero hecho de ser su hermano. Un desencuentro con los portavoces de la izquierda que se agravó después, cuando una diputada del PSOE, Carmen López, insinuó que Tomás Díaz Ayuso influía en los contratos que firmaban los hospitales públicos madrileños.

“Se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar”, dijo, provocando una polémica que acabó con su expulsión del pleno y el consecuente abandono del hemiciclo de toda la oposición al PP (Más Madrid, PSOE, Podemos y Vox) en señal de protesta.

Hasta el que se vive este jueves, aquel fue el último capítulo de una larga ristra de presuntos escándalos relacionados con la presidenta regional. El primero, de hecho, arrancó en el verano de 2019, cuando aún no había llegado al poder, y todavía negociaba con Vox y Cs.

Fue el caso Avalmadrid. Esta entidad semipública, según el discutido dictamen de una comisión de investigación de la pasada legislatura, habría dado un trato “preferente” y “personalizado” a Díaz Ayuso en 2011, cuando informó a la entonces diputada popular sobre las condiciones de un aval concedido a una empresa participada por su padre (MC Infortécnica) para que lograra un crédito de 400.000 euros. El dinero nunca se recuperó en su totalidad. Y antes de cualquier impago, la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid aceptó la donación del piso paterno, que así quedó luego fuera del alcance de los acreedores.

La polémica persiguió a Díaz Ayuso durante la legislatura en la que el PP compartió el poder con Cs. Y llegó a la presente, donde la oposición se lo recordó en los primeros plenos. Entonces, como ahora, la presidenta de Madrid estalló, de nuevo retadora: “Si tienen algo que decir vayan a los tribunales y si no dejen de ir a lo personal contra las familias de las personas que nos dedicamos a la política”,

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