Reuniones en un garaje, la ONU y una urbanización empapelada: manual vecinal para doblegar al casero Blackstone

Durante el tiempo en que España vivió confinada en casa por la pandemia había un grupo de irreductibles en Torrejón de Ardoz (Madrid) en plena lucha para que no les sacaran de la suya. Natalia, Ainhoa, Aitor, José, Beatriz, Eva, Antonia y así hasta 83 familias, que lo primero en lo que pensaban al despertarse era cuánto iban a tardar en echarles cuando se levantara el confinamiento. Su casero, el fondo internacional Blackstone, les había dado un ultimátum, si no aceptaban nuevas condiciones de contrato. O las asumían, o tenían que marcharse. No lo aceptaron, lucharon y han ganado. Una b...

Durante el tiempo en que España vivió confinada en casa por la pandemia había un grupo de irreductibles en Torrejón de Ardoz (Madrid) en plena lucha para que no les sacaran de la suya. Natalia, Ainhoa, Aitor, José, Beatriz, Eva, Antonia y así hasta 83 familias, que lo primero en lo que pensaban al despertarse era cuánto iban a tardar en echarles cuando se levantara el confinamiento. Su casero, el fondo internacional Blackstone, les había dado un ultimátum, si no aceptaban nuevas condiciones de contrato. O las asumían, o tenían que marcharse. No lo aceptaron, lucharon y han ganado. Una batalla en la que ha habido bajas por el camino y que se ha librado en un garaje, ha incluido la visita de un representante de la ONU de Nueva York y ha empapelado una urbanización de arriba a abajo.

En la esquina del aparcamiento en el que tantas veces se han reunido, una representación de estos vecinos vuelve a juntarse. Ellos mismos reconocen que antes de todo este embrollo apenas se conocían más allá del intercambio de saludos en el ascensor, algunos ni eso. Ahora quedan para montar en bici o para tomar una cerveza por el barrio. Estas familias han logrado que Fidere, la filial española de Blackstone, se siente a negociar y acabe firmando nuevos contratos sin cláusulas abusivas. “Esto no solo ha sido por nosotros, ha sido por nuestros hijos, sobrinos...”, defiende José Morena, de 48 años y técnico de mantenimiento aeroespacial. En este proceso, pudieron conocer al relator especial de la ONU Philip Alston, que en febrero de 2020 visitó España para evaluar los problemas de desigualdad del país. Alston acudió a la urbanización de Torrejón y, en la pista que hay junto al parque infantil, los vecinos pudieron contarle lo que ocurría.

Fidere había comprado su finca, que era de protección pública, a la Comunidad de Madrid en 2014. “Cuando nos llegó su carta, no le dimos mayor importancia, cambiabas de casero y ya está”, apunta Aitor M., de 42 años, otro de los afectados. El problema llegó cuando se acabó el periodo de protección pública de las viviendas y ese nuevo casero impuso nuevas normas: aumentos del alquiler de hasta el 80%, la pérdida del derecho a compra o el pago de gastos como el IBI o la comunidad que corresponden al casero.

Todo esto se lo contaron a Alston en la época en la que por la noche empapelaban y cubrían con sábanas las fachadas de la finca con mensajes de protesta. Todavía hoy se ven ligeros restos de la cola que emplearon para pegar algunos de ellos. “La pregunta que no parábamos de repetirnos era: ‘¿Por qué me está pasando a mí esto?”, añade José. Y entró en escena el Sindicato de Inquilinas, agrupación ciudadana que reivindica el derecho a la vivienda digna e interviene en casos como los de los vecinos de Torrejón.

“Lo que vimos cuando empezamos a hablar con ellos es la misma estrategia que en otros casos, esperan a que acabe el periodo de protección pública y entonces suben el alquiler y, si no puedes asumirlo, te echan. Cuando nosotros llegamos ya había gente que se había marchado, de hecho”, resume Fernando Bardera, portavoz del Sindicato de Inquilinas.

Si ellos eran la aldea gala, el Imperio Romano lo representaba Fidere. O lo que es lo mismo, uno de los fondos buitre que desde 2013 comenzó a adquirir vivienda pública de la que las Administraciones Públicas en España se deshacía para ganar liquidez. Y eso, a pesar de los compromisos políticos de no hacerlo. “La Comunidad no va a vender ni transmitir viviendas públicas a fondos de inversión o entidades con ánimo de lucro”, aseguró la entonces presidenta Cristina Cifuentes en 2015. Cuando pronunció estas palabras apenas quedaban en manos públicas un millar de viviendas de las más de 30.000 que se habían construido desde 2005 en la región.

La cascada de procesos judiciales en los que se han visto envueltos los fondos de inversión en estos ocho años no ha dejado de aumentar. Inquilinos que, como los de Torrejón, se han organizado frente a este Goliat. En abril, la lucha incansable de un abogado de oficio que representaba a un albañil hizo que casi 3.000 viviendas vendidas a Goldman Sachs volvieran a ser públicas. Estos días se celebra en la Audiencia Provincial un juicio en el que están acusados de irregularidades en la venta de varias promociones su apoderado Alfonso Benavides, y el exconsejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé.

En este caso, pareció que el fondo quería evitar llegar a juicio. En octubre de 2019 Juan Pablo Vera el presidente de Fidere, aceptó reunirse con los vecinos para tratar de acercar posturas. Poco antes, el pleno de Torrejón de Ardoz aprobó una moción en la que reprochaba a los fondos de inversión por las subidas a las que querían someter a sus inquilinos. El texto también aludía a la Comunidad por haber vendido las viviendas a empresas privadas. Los inquilinos salieron decepcionados de una reunión en la que esperaban mucho y no sucedió nada. Dos semanas después comenzaron a llegar las primeras notificaciones de desahucio, algunas de ellas fechadas el día en el que Vera se encontraba con los vecinos. “Mucha gente se cayó del barco cuando empezaron a llegar esas demandas de desahucio”, señala Ainhoa de Mazo, vecina de 40 años. “El miedo es libre y ellos juegan con eso”, recalca José.

11 años antes de esa moción, en 2008, la Comunidad de Madrid vivía un furor inmobiliario por la construcción de viviendas protegidas. El Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) lanzó un “plan joven de alquiler pionero en toda España” que aspiraba a levantar 82.000 casas para arrendar con opción a compra. Esta promoción de Torrejón pertenecía a esa iniciativa estrella. Los sorteos de las viviendas siempre con focos y flashes. En 2010 Aguirre presidió un acto en el Palacio de Congresos de Madrid en el que se llevó a cabo “la mayor entrega de viviendas protegidas de la historia de la región con 1.235 pisos”, recalcaba el Gobierno regional. Hubo varias ceremonias multitudinarias como esa. Se repitió en 2011, con los máximos responsables políticos posando junto a los entonces dichosos vecinos.

Los abogados del Sindicato de Inquilinas estudiaron a fondo el caso y dieron con una vía poco explorada, que podía funcionar: presentar una demanda colectiva por esas cláusulas abusivas. A los vecinos de Torrejón se sumaron entonces algunos más de Vallecas y Carabanchel. “Cuando nuestra demanda paró los desahucios, porque había dos procedimientos enfrentados abiertos, cambió la estrategia de Fidere”, explica Fernando Bardera. Empezó la negociación. “Ellos no se sentaron, contrataron una empresa para que hiciera ese trabajo. Las conversaciones han durado meses, ha sido intenso”, especifica el portavoz. Fidere encargó esta mediación a una firma especializada en resolver conflictos de empresas.

Debido a la pandemia, estas reuniones se han celebrado por videollamada y en ellas participaba una representación de los vecinos y dos abogados del Sindicato de Inquilinas. ”Al final del proceso, hablaba más con la mediadora que con él”, cuenta Ainhoa señalando a su pareja, Aitor. Ahora lo comentan con una sonrisa, pero sus caras también reflejan la angustia que han vivido. “Para nosotros esta casa representaba la única opción de poder acceder a comprar una vivienda cuando nos la adjudicaron”, recuerda. Ella es profesora y él trabaja en el sector farmacéutico. No se imaginaban lo que tendrían que pelearse por ella. “Yo llegué a un trabajo nuevo y nada más empezar tuve que pedir un día para ir al juzgado y dices: “Voy a dar la imagen de que soy un moroso, que no pago, que a quién hemos contratado...”, se lamenta él.

Al final, estos irreductibles han logrado firmar nuevos contratos con subidas sobre la base del IPC. Bajo la ley actual, estarán vigentes, al menos, siete años.

Este verano, todos los que en algún momento participaron en esta lucha se reunieron en la piscina para celebrar el banquete de la victoria. Pizza y cervezas. Todos rieron, hubo emoción y también exaltación. Eva, la pareja de José, le pidió matrimonio en un momento de pasión. Como en los mejores cuentos, la historia acaba con los protagonistas viviendo felices y comiendo pizza cuatro quesos.

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