Los ocho años de lucha de Arantxa contra un fondo buitre que han llevado a Ana Botella ante un juez

Sale del asiento trasero de un coche gris. Le abren la puerta. En los tres tramos de escaleras que hay hasta la entrada de la Audiencia Provincial de Madrid, la exalcaldesa de Madrid Ana Botella es escoltada por dos empleados de seguridad del juzgado. La exregidora mira de soslayo al grupo de personas que la aguarda al final del paseíllo. Poco antes, algunos de ellos se habían abrazado al llegar. Pero ahora, todos guardan silencio, solo se oye un discreto silbido, pero, sobre todo, la miran fijamente. Especialmente una mujer vestida de negro con una larga melena oscura que, al menos, espera un...

Sale del asiento trasero de un coche gris. Le abren la puerta. En los tres tramos de escaleras que hay hasta la entrada de la Audiencia Provincial de Madrid, la exalcaldesa de Madrid Ana Botella es escoltada por dos empleados de seguridad del juzgado. La exregidora mira de soslayo al grupo de personas que la aguarda al final del paseíllo. Poco antes, algunos de ellos se habían abrazado al llegar. Pero ahora, todos guardan silencio, solo se oye un discreto silbido, pero, sobre todo, la miran fijamente. Especialmente una mujer vestida de negro con una larga melena oscura que, al menos, espera un “perdón”. Arantxa Mejías nunca pensó que llegaría a vivir este momento: ver sentada frente a un tribunal a una de las máximas responsables de la venta de su casa a un fondo buitre. Una decisión tomada en los despachos que marcó su vida y la de centenares de familias más.

Dede principios de mes se sientan en el banquillo como acusados el apoderado del fondo de inversión Fidere (filial de la multinacional Blackstone), Alfonso Benavides, y el exconsejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), Fermín Oslé. Se les juzga por la supuesta operación irregular de compraventa de 1.860 viviendas públicas en 2013. El año anterior, las Administraciones públicas, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid, empezaron a deshacerse de vivienda pública. Uno de los objetivos era ganar liquidez en un momento de crisis. Así es como se produjo el gran desembarco de los fondos de inversión como grandes propietarios de pisos en España. Y la pesadilla para miles de inquilinos que perdieron la opción de compra de sus viviendas y vieron cómo los alquileres se duplicaban.

Botella declaró este miércoles como testigo de esta operación, al ser la alcaldesa y máxima responsable de la EMVS cuando se tomó la decisión de empezar a vender masivamente pisos protegidos. Lo hizo con desgana, mirando casi siempre al frente y en ocasiones girando la cabeza de forma lenta hacia su derecha, donde se sienta Mariano Benítez de Lugo, el letrado de los inquilinos. Ante el tribunal defendió la “legalidad” de la operación y que se protegió en todo momento el “fin social” en la venta. Ni a la salida, ni a la entrada de la Audiencia, intercambió palabra alguna con los vecinos.

Unos días antes de la declaración de Botella, en un bar en la plaza de Neptuno, que curiosamente es el lugar de celebración del Atlético de Madrid, equipo de los sufridores, Mejías rememora todo lo que ha vivido desde el día en el que adjudicaron a su familia uno de estos pisos protegidos. “Mi familia vivía en una portería en la zona de Pintor Rosales, en la que trabajaba mi madre. Cuando nos dieron la casa, hará 17 años, fue como si nos hubiera tocado la lotería. ¡Teníamos por fin una vivienda digna!”, recuerda. “Somos una familia obrera, no pobre”, recalca varias veces. Ella es secretaria en un centro médico. Sus padres, su hermana y ella se mudaron a su nuevo piso de Carabanchel. Su lotería. Hasta un día de 2014, a pocos días de las Navidades, en el que una vecina llamó a su puerta y les dijo: “Me acaba de llegar una orden de desahucio”.

La EMVS acababa de vender sus pisos a un fondo de inversión, sin comunicar nada a los inquilinos. De la noche a la mañana su casero pasó a ser Fidere, filial de Blackstone. Arantxa tenía 24 años. No había oído hablar en su vida de fondos buitre. Y de los desahucios sabía lo que veía por la tele, era algo ajeno a ella. Hasta que les llegó el primer recibo en el que el titular era Fidere con una subida considerable del precio a pagar, que por entonces estaba en unos 500 euros. “Yo sé lo que es pagar el alquiler y a continuación pedir a tus familiares para comer. Nunca hemos dejado de cumplir con nuestras obligaciones”, señala. Hoy, pagan una cifra cercana a los 900 euros.

Pero antes de convertirse casi en una experta en fondos buitre, lo primero que hizo Arantxa fue ir a una papelería a comprar un taco de post-its. Rellenó todos con un mensaje en el que convocaba a sus vecinos a una reunión para entender qué estaba pasando. Empezó a ver su barrio de lleno de carteles de Fidere allí donde antes había una finca de la EMVS. “Ellos mismos me ayudaron a detectar con esos carteles cuántos afectados podía haber por esta situación”, apunta. Al mismo tiempo, pedía reuniones a diestro y siniestro en el Ayuntamiento, con la Plataforma de Abogados por la Hipoteca, con cualquier político que aceptara recibirla, con abogados... Todos los bufetes le decían que no llevaban esos casos o le pedían cifras “astronómicas” solo por empezar a estudiar el caso.

Un Ferrari con mantenimiento de un 206

Hasta que un día, se presentó en su finca el entonces portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky. “Ahí dije: ‘¿Sí? Pues si vienen a hacerse la foto que nos den también recursos”. Y llegó a sus vidas Pepe Nani, el mote cariñoso con el que llaman al abogado Mariano Benítez de Lugo. Un letrado con 60 años de profesión a sus espaldas, y uno de los artífices de sentar al expresidente Mariano Rajoy ante el juez por el caso Gürtel. “Conocimos a nuestro ángel de la guarda. Tenemos un abogado que es un Ferrari con el mantenimiento de un 206″, indica Mejías. En un principio fue contratado por el PSOE, pero su cliente ha acabado siendo la asociación de vecinos afectados. “Me presenté en su despacho y le dije: ‘Pagarle poco le podemos pagar, pero si necesita manos estamos a su disposición”. La asociación paga a Benítez de Lugo una cantidad simbólica.

“En las primeras reuniones no éramos asociación, pero nos indicaron que para poder personarnos debíamos formarla. Con otro paquete de post-it reunimos a más de 100 personas”, relata la presidenta de la agrupación vecinal. Mejías enumera las personas que formaron parte de esa primera junta; Bea, peluquera; Pilar, cocinera; Jorge, mecánico; Silvia, comercial; Jimena, sindicalista y Concha, psicóloga.

En este tiempo, ha habido momentos de júbilo y decepción. El caso se ha llevado por dos vías: la judicial y la del Tribunal de Cuentas. En 2018, este último condenó a Ana Botella y a seis de sus ediles a pagar 22,7 millones de euros por vender las viviendas de forma “ilegal”. El tribunal consideró que las 18 promociones, entre las que estaba la de Carabanchel, vendidas por 128 millones, se tasaron por un precio por debajo del mercado que entonces estaba en 159 millones. Siete meses después, esa sentencia era revocada por dos votos contra uno. Los dos consejeros que sumaban mayoría fueron Margarita Mariscal de Gante —exministra de Justicia en el Gobierno de José María Aznar, marido de Ana Botella— y José Manuel Suárez Robledano. Ambos fueron nombrados consejeros del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP. El alcalde José Luis Martínez-Almeida renunció a recurrir la decisión.

El recorrido judicial fue el contrario. En un primer momento, el instructor archivó el caso. “Ese día fui al despacho de Mariano para darle un abrazo y decirle que, al menos, lo habíamos intentado”, cuenta Arantxa. Pero en 2019, la Audiencia ordenó reabrirlo y fijar fecha para el juicio. “En mi vida pensé que iba a conseguir que Ana Botella hiciera al menos el paseíllo”, se sorprende todavía hoy. Aún así, tiene pocas esperanzas en que de este juicio salga la solución definitiva. “He dado mi juventud a esto y no me arrepiento, pero me jode que se siga haciendo un circo de esto y que nos digan que dejemos a un lado la parte emocional. Si hubiéramos podido llegar a un acuerdo, nos ahorrábamos muchos días de juicio”, sentencia.

El día que tuvo que declarar como testigo, Arantxa estaba muy nerviosa. Pero segura de lo que quería contar. La historia de una conocida que se ahorcó superada por la posibilidad de verse en la calle, la de una vecina que ha tenido que volver a vivir a casa de sus padres con 40 años, un hombre de 60 años con plenas capacidades al que le sale a cuenta irse a una residencia para tener un techo y comida, otra amiga que mientras “limpia el culo” a su marido, víctima de un ictus, vive con miedo de que la echen de casa. Hubo una historia que se ahorró frente al juez, pero que cuenta con un destello de optimismo: la de dos vecinos solteros que se enamoraron gracias a que se conocieron en la asociación.

Arantxa ni siquiera se ha planteado independizarse, a pesar de tener un sueldo digno, no puede permitírselo. Tampoco se ha parado a pensar cuestiones tan importantes como si quiere ser madre. Está ocupada en otro asunto: “He regalado los años más bonitos de mi vida, he renunciado a mucho por esto. Hay días que me arrepiento de haber cogido ese taco de post-it, pero otros en los que me digo: ‘Nunca se me va a quedar la duda de si podría haber hecho más, porque no me están quitando esta casa a mí, se la quitan a todos los madrileños que son los que la han pagado con su dinero”.

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