Vulnerables y despojados de sus casas: los desahucios no han parado en Madrid

La imagen de una niña de dos años en la puerta del piso en el que vivía en el distrito de Puente de Vallecas, expulsada por agentes antidisturbios, se convirtió en viral el pasado 14 de julio. Pero la novedad era la fotografía, no la situación. Los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial señalan que en el primer trimestre de 2021 se han decretado 847 órdenes de desahucio en la Comunidad de Madrid, un 6% más que en el mismo período del 2020.

Para entender por qué familia...

La imagen de una niña de dos años en la puerta del piso en el que vivía en el distrito de Puente de Vallecas, expulsada por agentes antidisturbios, se convirtió en viral el pasado 14 de julio. Pero la novedad era la fotografía, no la situación. Los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial señalan que en el primer trimestre de 2021 se han decretado 847 órdenes de desahucio en la Comunidad de Madrid, un 6% más que en el mismo período del 2020.

Para entender por qué familias con menores siguen perdiendo sus casas aún bajo los efectos de la pandemia es necesario observar la realidad del acceso a la vivienda, más allá de los desahucios. Según la estadística pública regional, el grupo de gastos de vivienda es el mayor en las familias madrileñas: hasta un 33,7% del total de ingresos familiares se designaron en 2019 a cubrirlos, sobre otros elementos como alimentación o transporte. Portales inmobiliarios como Fotocasa destilan del gasto general el del alquiler y elevan, para 2020, hasta el 50% el porcentaje de presupuesto dedicado al pago de rentas de arrendamiento. Ambas cifras están por encima del consenso de expertos en vivienda, que marcan en el 30% el salario que debería dedicarse al pago de vivienda, o el 35% que indica el Banco de España.

Manuela y Jesús, los padres de la niña desahuciada junto con su familia, son receptores del Ingreso Mínimo Vital: 934 euros para una familia de seis miembros, la pareja y cuatro hijos, de entre uno y nueve años. Su disponibilidad para pagar una vivienda sería de 327 euros al mes. Pero una rápida búsqueda en los portales inmobiliarios más conocidos arroja cero opciones en el mercado privado.

Los desahucios por impago de rentas de alquiler llevan ya tiempo superando a los hipotecarios. Aunque en teoría tienen protección permanente desde julio de 2019, cuando se modificó la Ley de Enjuiciamiento Civil en su artículo 441 para justificar la suspensión del lanzamiento, siempre que se declare la vulnerabilidad económica y social de la familia que no está pagando la renta. Por un periodo corto, eso sí, de un mes, o tres, si el propietario es persona jurídica. Este es el tiempo en el que queda estipulado que los servicios sociales deben tomar medidas.

Familias sin recursos y en pisos de bancos

A Manuela y Jesús no les sirvió esta herramienta. Ellos no tenían título. Ocupaban un piso que llevaba vacío siete años y que, cuando entraron, era propiedad de Bankia. Y este es el perfil mayoritario de las ocupaciones, de acuerdo a las plataformas de vivienda: familias sin recursos y en pisos vacíos propiedad de bancos. Familias que, además, tienen expediente abierto en los servicios sociales y que son en muchas ocasiones solicitantes de vivienda pública. Manuela lo es, lleva nueve años apuntada en la lista de vivienda de la Comunidad (la Agencia de la Vivienda Social, el antiguo IVIMA), y cinco esperando un sorteo de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS). Esta antigua dependienta de comercio de alimentación dejó de trabajar al nacer su segundo hijo y sobrevivían con el sueldo de Jesús, repartidor. Hasta que ese salario dejó de ser suficiente.

Manuela lleva nueve años apuntada en la lista de vivienda de la Comunidad (la Agencia de la Vivienda Social, el antiguo IVIMA), y cinco esperando un sorteo de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS)

“Si las administraciones hubieran cumplido con su trabajo y hubieran dado una vivienda social a esta familia que es obviamente vulnerable, no tendrían que haber ocupado”, relata Mercedes López, de PAH Vallecas, la plataforma antidesahucios. “Ocupar es una mierda que nadie quiere porque es un sin vivir: entras en una espiral de enfermedades, depresiones y angustias que no le merece la pena a nadie”, asegura. Y a veces, acaba con las Unidades de Intervención Policial expulsando a una familia con menores, como ocurrió el pasado miércoles.

El llamado “escudo social” del Gobierno central en la pandemia tampoco le sirvió a esta familia. El decreto antidesahucios que supuestamente los frenaría mientras duren los efectos de la pandemia deja la decisión en manos del juzgado. No es una paralización de oficio. Hay que justificar la vulnerabilidad con documentos, que será ratificada con un informe de servicios sociales.

En el caso de no tener título, hay un añadido más. Natalia Palomar, responsable de incidencia política de Provivienda, lo aclara: “Cuando no hay título, se concede al juzgado la capacidad de ponderar si se reconoce la suspensión del desahucio. No es automática, se toma en cuenta la situación de vulnerabilidad acreditada, y aquí también otros aspectos como la cooperación del solicitante en la búsqueda de alternativa habitacional”. En Provivienda, estos meses están viendo de todo. “Desahucios que se paran de acuerdo a la protección de la Ley de Enjuiciamiento Civil, otros en los que se usa el decreto antidesahucios, y muchos en lo que nada funciona y se ejecutan, aunque se hayan presentado informes de vulnerabilidad”, detalla. Así ocurrió con la familia de Manuela y Jesús.

Una grieta común

Las dos organizaciones coinciden en que hay una grieta común: los servicios sociales y las alternativas habitacionales que se deben proporcionar a las que están obligados, y que no llegan.

En todas las regulaciones, las permanentes o las extraordinarias en pandemia, queda establecido que son las entidades competentes en vivienda quienes deben iniciar un proceso de búsqueda de alternativa habitacional para las familias vulnerables. De hecho, se establece un periodo de tiempo que es el que se paraliza el desahucio para que se ofrezca una solución. Sin embargo, la Comunidad de Madrid, que es quien ostenta la competencia en vivienda, no está interviniendo y lo deja todo en manos de los municipios, que únicamente tienen la posibilidad de alojar para situaciones de emergencia. Y eso no es lo que establece la ley.

Eduardo Gutiérrez, del Colegio Oficial del Trabajo Social de Madrid, explica a EL PAÍS que “no existen canales de comunicación adecuados y fluidos entre los servicios sociales municipales que atienden situaciones de emergencia residencial y la Consejería de Vivienda en Madrid”.

Una fuente oficial del Área de Familias del Ayuntamiento de Madrid asegura que los servicios sociales han reiterado en varias ocasiones ante el juzgado la situación de vulnerabilidad de la familia de Puente de Vallecas desahuciada. Pero fue precisamente un informe desfavorable de un trabajador social de la Junta Municipal de Puente de Vallecas el que provocó la expulsión del día 14, según explica Manuela. “Yo tenía a una trabajadora asignada, me la cambiaron por un hombre que no me conocía de nada y escribió cosas sin preguntarme, como que llevábamos muchos años ocupando y que no éramos solicitantes de vivienda pública” explica, molesta. “Sólo tenía que haberme preguntado, mandó eso al juzgado hace un mes sin reunirse conmigo”.

Desde el Colegio apuntan que los trabajadores sociales soportan la presión a la hora de buscar una alternativa residencial. “Cuando estamos ante un problema estructural, como es el de la vivienda y siendo escasos los recursos alternativos”, se queja Gutiérrez.

Otro actor fundamental en el caso de que los propietarios sean grandes tenedores, son las entidades bancarias y las bolsas de pisos que poseen, y que muchas veces no saben cuántas son. Natalia Palomar, de Provivienda, certifica que, “en ocasiones, hay bancos denunciados por comunidades de propietarios por no pagar las cuotas de la comunidad, y es que las entidades no son conscientes de ser propietarias del piso”.

Por extraño que parezca, ocurre. Un equipo de la Coordinadora de Vivienda de Madrid y la PAH se reunió hace una semana con altos directivos de Caixabank en relación a su cartera inmobiliaria heredada tras la fusión con Bankia, y lo comprobaron de primera mano. La intención de los activistas era establecer una línea de trabajo sobre esos pisos que han llegado desde una entidad rescatada y por tanto, son considerados públicos por las plataformas. “Si no se devuelve el dinero, que se retorne al Estado español en forma de vivienda pública”, es la tesis de salida. La sorpresa fue mayúscula cuando tres directivos de la entidad catalana les reconocieron, según relatan en la plataforma, que no sabían cuántos inmuebles habían llegado desde Bankia, y que necesitaban un año para poder inventariarlos.

La Coordinadora de Vivienda de Madrid, que ha actuado este mes de julio en nueve intentos de desahucio, ya está anunciando el próximo, para el miércoles 21, y también en Vallecas, de una mujer, Cruz, y sus cuatro nietos.

Desde el Colegio de Trabajadores Sociales, Gutiérrez señala la estigmatización de familias que ocupan pisos, “a pesar de que se lleven a cabo por parte de personas que se encuentran en situaciones acreditadas de necesidad, se produce un ruido mediático que los criminaliza, no existiendo alternativas viables en muchos de los casos, por lo que terminan ocupando otra vivienda y se cronifica dicha situación.”

Jon Imannol Reino, el autor de la fotografía que ha centrado la atención en un desahucio, relata que acompañó toda la noche a Manuela y sus hijos. “Cuando ya nos sacó la policía de la casa es cuando al menos a mí me vino el bajón”, cuenta. Este sociólogo de 23 años y fotoperiodista de profesión, que vive con sus padres por imposibilidad económica, tiene claro cuál debe ser la utilidad de su imagen: “Está bien que se haya hecho viral, pero la familia lo que necesita es una alternativa habitacional y yo, trabajo”, aseguraba en su cuenta de twitter al día siguiente.

Pocas horas antes de que lo escribiera, el portal Idealista había publicado, y descolgado tras recibir múltiples quejas, el anuncio en el que se vendía el piso por 135.000 euros, menos de un día después de haber expulsado a Manuela y su familia. “Ver esa fotografía fue muy desagradable para mí”, cuenta ella, ya instalada con sus suegros, en el mismo barrio de Portazgo, y mientras espera una solución, (actualmente conviven 13 personas en la misma vivienda). “En la publicidad del piso se veían los juguetes de mis hijos que la comisión judicial no me dejó llevarme. Yo estaba allí unas horas antes”, se lamenta. “Esa era mi casa”.

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