Díaz Ayuso ultima el nombramiento del nuevo administrador de Telemadrid para este miércoles

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid prevé aprobar este miércoles el nombramiento del administrador provisional con el que el PP y Vox controlarán Telemadrid, según avanza una fuente gubernamental. Isabel Díaz Ayuso ya ha reducido a una terna los candidatos a ocupar un puesto creado con la reforma legal que aprobó la Asamblea el pasado jueves, y que supone la destitución de la actual dirección de la compañía. La ratificación del nue...

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid prevé aprobar este miércoles el nombramiento del administrador provisional con el que el PP y Vox controlarán Telemadrid, según avanza una fuente gubernamental. Isabel Díaz Ayuso ya ha reducido a una terna los candidatos a ocupar un puesto creado con la reforma legal que aprobó la Asamblea el pasado jueves, y que supone la destitución de la actual dirección de la compañía. La ratificación del nuevo directivo requiere de mayoría absoluta, la que suman PP y Vox, y se buscará tras el verano en la Asamblea, aunque el resultado de la votación no es vinculante. Así, el administrador provisional ejercería el poder en Telemadrid desde este mismo jueves, y hasta que en el futuro los partidos logren un improbable acuerdo para designar a un nuevo director general.

Es una diferencia clave. Para ratificar al nuevo administrador provisional, el Ejecutivo de Díaz Ayuso solo necesita mayoría absoluta, lo que alcanzará sin problemas la combinación de los votos de PP y Vox. Sin embargo, la designación de un nuevo director general requiere de una mayoría de dos tercios, lo que obliga a que los partidos de derechas se pongan de acuerdo con los de izquierdas. Un pacto que en estos momentos parece imposible. Y una oportunidad para el PP: la nueva ley permitirá que el administrador elegido por PP y Vox permanezca en el cargo incluso si en las elecciones de 2023 cambia el gobierno, porque no hay mecanismo de destitución.

De hecho, el administrador solo dejará el puesto cuando haya un nuevo director general, lo que siempre pasará por un acuerdo multipartito que necesariamente tendrá que contar con la formación conservadora, salvo que se vuelva a modificar la ley.

Así, el PP se ha asegurado el control de la televisión y la radio públicas, puesto que el administrador tiene las mismas competencias y funciones que el director general. Además, puede ejercer ese poder sin límite de tiempo, mientras que el mandato del director general está limitado a cuatro años.

Fuentes gubernamentales precisan que el nombramiento no se negocia con Vox, aunque el perfil profesional del elegido debe de ser del agrado de la extrema derecha para que esta lo apoye en la Asamblea.

La aprobación de la reforma de la ley sin contar con la oposición de izquierdas (Más Madrid, PSOE y Podemos) provocó el reproche del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacia Ayuso en la reunión que mantuvieron el viernes. El Ejecutivo central, señalan fuentes de La Moncloa, no estudia un recurso ante el Tribunal Constitucional, como le ha solicitado Más Madrid, pues considera que dar ese paso no depende de la voluntad política, sino del contenido jurídico de la norma. En consecuencia, detalla un interlocutor del Consejo de Ministros, el texto pasará por el proceso de revisión habitual.

En paralelo, el PSOE estudia diferentes vías para acudir al Alto Tribunal, para lo que se necesita la firma de 50 senadores o diputados. El largo tiempo que está consumiendo el equipo jurídico del partido para dilucidar si el recurso sería viable, o no, resume la complejidad de un caso lleno de aristas jurídicas.

Primera: la reforma de la ley de Telemadrid se ha tramitado en lectura única, y sin permitir que la oposición presente enmiendas. Segunda: pese a que la nueva norma establece que tres meses antes de que finalice el mandato del director general se iniciará el proceso de sustitución, eso no se ha hecho ahora.

Tercera: José Pablo López, el director general destituido, podría acudir al Constitucional si quisiera, según fuentes jurídicas, porque la nueva ley incluye una disposición hecha a su medida, y que convierte a la norma en retroactiva. De esta forma, su mandato se recorta en dos años (de seis a cuatro), para dar por finalizada su etapa en la televisión y radio públicas, que ha estado marcada por el aumento de las audiencias y su choque constante con el equipo de Díaz Ayuso.

Y cuarta: según fuentes jurídicas, que el administrador provisional sea elegido por el Gobierno, y que la Asamblea solo tenga que ratificarle, en una votación sin efectos sobre su permanencia en el cargo, podría abrir la vía de reclamar que usurpa las funciones de la Cámara como órgano designador de la persona que manda en la corporación.

Pero nada de eso preocupa en el PP. El partido está convencido de que no será posible encontrar grietas en el proceso de aprobación de una ley que sirve como aviso de lo que viene: con las elecciones de 2023 en el horizonte, que se haya priorizado el control de la televisión y la radio públicas avanza la larga precampaña electoral en la que se convertirá la legislatura.

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