Avalmadrid dio un trato “preferente” e “irregular” a la empresa del padre de Ayuso, según la Asamblea

Avalmadrid, una entidad semipública que financia a pymes y empresas, dio un trato “preferente” y “personalizado” a Isabel Díaz Ayuso en 2011, cuando informó a la política popular sobre las condiciones de un aval concedido a una empresa participada por su padre (MC Infortécnica) para que lograra un crédito de 400.000 euros. Esa es una de las conclusiones del dictamen de la comisión de investigación sobre el caso, apoyado por PSOE, Más Madrid, Podemos y Vox, y que el PP y Ciudadanos consideran contrario al reglamento,...

Avalmadrid, una entidad semipública que financia a pymes y empresas, dio un trato “preferente” y “personalizado” a Isabel Díaz Ayuso en 2011, cuando informó a la política popular sobre las condiciones de un aval concedido a una empresa participada por su padre (MC Infortécnica) para que lograra un crédito de 400.000 euros. Esa es una de las conclusiones del dictamen de la comisión de investigación sobre el caso, apoyado por PSOE, Más Madrid, Podemos y Vox, y que el PP y Ciudadanos consideran contrario al reglamento, además de contradictorio, por haber unido en el mismo documento la posición del partido de Rocío Monasterio (que denuncia “irregularidades” en el caso) y la del de Ignacio Aguado (que recuerda que la Fiscalía no vio indicios de delito cuando se denunció y subraya “el pleno respeto” de la comisión a las decisiones judiciales).

Además, según ese polémico balance, sobre el que se pronunciarán los servicios jurídicos de la Cámara madileña, la compañía actuó de manera “irregular” en el proceso de aprobación de la operación y fue “negligente” cuando fracasó y le tocó intentar recuperar el dinero público perdido. En medio, la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid aceptó la donación del piso paterno, que así quedó fuera del alcance de los acreedores.

Las dificultades para investigar las actividades de Avalmadrid, y su presunto trato de favor a empresas y empresarios vinculados a los Gobiernos del PP, se resumen en un número: más del 90% de los comparecientes solicitados no han pasado por la comisión, incluyendo a todos los expresidentes regionales y a la propia Díaz Ayuso. Ese choque constante entre las seis formaciones con representación en la Asamblea se ha visto reflejado este martes, cuando la izquierda ha tenido que maniobrar para evitar que la investigación se quedara sin conclusiones.

Así, PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos IU Madrid en Pie han votado a favor de un único dictamen que recoge las conclusiones de Vox y Ciudadanos, que han salido adelante, mientras que el PP, Cs y Vox solo han apoyado sus propios balances. Un juego parlamentario que mantiene viva la polémica.

El dictamen con dos conclusiones distintas aprobadas (las de Cs y Vox) será llevado al pleno de la Asamblea, donde se debatirán y cada grupo podrá incluir votos particulares, según Vox, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos.

Sin embargo, Cs ha pedido un informe a los letrados de la Cámara porque defiende que el reglamento no recoge la posibilidad de unir dos conclusiones en un único dictamen, sobre todo cuando son contradictorias.

El PP, por su parte, coincide con ese criterio, y opina que el dictamen puede ser suspendido cuando llegue a la Mesa de la Cámara, donde la derecha tiene mayoría. “Hay un error de los servicios jurídicos de la comisión, que dicen que se puede unir las dos conclusiones”, ha dicho una fuente popular. “Pero hay muchas dudas jurídicas de que la Mesa lo vaya a calificar, serán sus servicios jurídicos los que digan si esto debería acabar con una comisión sin dictamen. Es un bochorno institucional”.

En el centro del conflicto, como siempre desde que arrancó la comisión, ha estado el caso que afecta a la familia de Díaz Ayuso y la valoración que de él se hace en las conclusiones patrocinadas por Vox.

“Las irregularidades detectadas en la concesión y seguimiento del aval de MC Infortécnica revela, en el mejor de los casos, un trato personalizado y preferente, y una gestión negligente en su seguimiento y recobro”, se lee en el texto impulsado por la extrema derecha, y aprobado con el apoyo de los votos de la izquierda. “El coordinador de riesgos de Avalmadrid informa el 2 de marzo de 2011 a sus superiores de que el importe del crédito solicitado por los avalistas tiene más riesgo del que se garantiza mediante la hipoteca que se ofrece como garantía, ya que el valor de tasación del inmueble hipotecado en dicha operación es muy inferior al importe del crédito”, recuerda sobre una bandera roja que fue ignorada explícitamente, según documentación a la que accedió EL PAÍS (“OK adelante”, se ordenó). “El caso MC Infortécnica revela, en el mejor de los casos, un trato preferencial”, insisten los ponentes, que añaden: “Es un caso que sin ninguna duda se puede considerar como irregular tanto por el proceso de aprobación (….) como por la falta de diligencia, como mínimo, por parte de los servicios de recobro de Avalmadrid cuando el aval fue ejecutado, favoreciendo la posibilidad de que los deudores eludieran la responsabilidad patrimonial”.

Así, la hoy presidenta aceptó la donación del piso familiar unos seis meses antes de que hubiera que hacer frente a la primera cuota del préstamo, con lo que evitó el embargo de los acreedores. Una preocupación que estaba en el primer plano de sus inquietudes cuando consiguió el contacto de un ejecutivo de Avalmadrid, ayudada por una viceconsejera del Gobierno regional, Eva Piera.

“Mi familia no quiere más que estar tranquila, jubilarse y tener una casa donde vivir y llevar la enfermedad de mi padre [alzhéimer]. Es todo muy difícil”, escribió en un correo electrónico que adelantó este diario.

Las conclusiones de la comisión de investigación, en cualquier caso, no se centran únicamente en la polémica que rodea a la presidenta. También establecen una conexión irrefutable entre algunos avales técnicamente incomprensibles, y posteriormente ruinosos, y los intereses de los sucesivos Gobiernos del PP.

“Resulta obvio e innegable que, aparte de esa utilización legítima y útil de Avalmadrid, ha habido un no mayoritario, pero tampoco desdeñable, mal uso de la misma para intereses ilegítimos”, se lee en las conclusiones impulsadas por Vox. “Avales a grandes empresas que nada tienen que ver con el objeto de Avalmadrid, avales a empresas que poco después caían en suspensión de pagos como consecuencia de la debilidad tanto de su solvencia como de sus planes de negocio, cartas de recomendación y mails que pedían actuaciones irregulares, llamadas de teléfono a la carta, trato de favor a empresas vinculadas con políticos del Partido Popular, avales a empresarios cercanos al Gobierno y al Partido Popular, avales a empresas participadas por los fondos de capital-riesgo de la propia Comunidad, avales que no se hubieran dado a otros madrileños en tales condiciones”, se enumera. “Básicamente lo que se conoce como privilegios, que se une en este caso al agravante de la pérdida del dinero público, tanto de dinero gestionado por la comunidad autónoma como por la Administración General del Estado”.

Hay casos paradigmáticos. Por ejemplo, los avales concedidos al empresario Gerardo Díaz Ferrán, del grupo Marsans, tras una carta en su favor del entonces consejero de Economía, Antonio Beteta. O los que obtuvo Arturo Fernández, propietario del Grupo Cantoblanco, presidente de los empresarios madrileños entre 2007 y 2014 –esta asociación es uno de los socios protectores– y por tanto consejero de Avalmadrid. Ambos sumaron cifras millonarias que nunca se recuperaron.

Ni el caso de Díaz Ayuso ni los de Díaz Ferrán y Arturo Fernández han tenido recorrido judicial alguno, pese a las denuncias correspondientes. Sin embargo, la conclusión de que hubo mala praxis en Avalmadrid, una entidad financiera sin ánimo de lucro que tiene, entre otros socios, a la Comunidad de Madrid, no se circunscribe a la opinión subjetiva de los diputados que han apoyado el dictamen. El Banco de España ha sancionado en los últimos meses con más de 500.000 euros a la cúpula de la entidad, incluyendo a la Consejería de Economía regional, por no aplicar los controles preceptivos a la hora de conceder los avales.