El nuevo Instituto Anatómico Legal abrirá tras 15 años

Hace 15 años que la expresidenta Esperanza Aguirre dio el sí a un megaproyecto en Valdebebas, al norte de Madrid. Era otra megaconstrucción para la región con un presupuesto de más de 300 millones de euros que debía culminarse en 2011. Aquel 17 de enero de 2005, el entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada, dijo que la nueva Ciudad de la Justicia de Madrid mediría lo mismo que 30 campos de fútbol. Resultado: un agujero patrimonial de 105 millones de euros. Una herencia que Aguirre dejó al PP madrileño que, tras su marcha, pasó primero a manos del expresidente Ignacio González y luego a la ...

Hace 15 años que la expresidenta Esperanza Aguirre dio el sí a un megaproyecto en Valdebebas, al norte de Madrid. Era otra megaconstrucción para la región con un presupuesto de más de 300 millones de euros que debía culminarse en 2011. Aquel 17 de enero de 2005, el entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada, dijo que la nueva Ciudad de la Justicia de Madrid mediría lo mismo que 30 campos de fútbol. Resultado: un agujero patrimonial de 105 millones de euros. Una herencia que Aguirre dejó al PP madrileño que, tras su marcha, pasó primero a manos del expresidente Ignacio González y luego a la expresidenta Cristina Cifuentes, que se desentendió.

Sobre el plano eran 12 edificios. Algunos, incluso, iban a llevar el sello de los arquitectos más vanguardistas del momento, como Norman Foster (era el encargado de las sedes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de la Audiencia Provincial) o Zaha Hadid (sede de los Juzgados de lo Social). Sobre la realidad de hoy solo se vislumbra uno: el Instituto de Medicina Legal, el único de los 12 que se llegó a terminar. Este miércoles, el Consejo de Gobierno de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, aprobará una inversión de 4,3 millones de euros para concluir sus obras y ponerlo a punto. Y, si todo va según lo previsto, se inaugurará en octubre, coincidiendo con la apertura del nuevo Hospital de Pandemias de la región, a muy pocos metros.

“Este Instituto de Medicina Legal se va a convertir en una referencia a nivel europeo”, dijo este martes su consejero de justicia interior y víctimas, Enrique López, en un encuentro privado con los medios. La idea del Ejecutivo es retomar el fallido proyecto de Aguirre. Con esta inversión volverán las obras a la Ciudad de la Justicia que, según el consejero, cambiará de nombre y estará lista para la próxima legislatura. “El nombre todavía no está claro”, dijo. Con la apertura en octubre del Instituto de Medicina Legal se cerrarán las puertas del Instituto Anatómico Forense de Madrid, ubicado en un edificio trasero de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense e inaugurado a finales de los años setenta. Desde entonces, recibe a los fallecidos a los que hay que practicar autopsias.

El nuevo Instituto de Medicina Legal costó 21,3 millones de euros, a los que hay que sumar los 4,3 millones de las nuevas obras que se aprobarán hoy (25,7). El edificio cuenta con una superficie de 13.536 metros cuadrados, casi el triple que el Anatómico Forense. Tiene forma esférica acristalada, ocho pisos y una planta circular, como si fuera un donut. Tendrá una capacidad para albergar a 225 cuerpos y contará con 53 mesas de autopsias.

Los albañiles pisaron este edificio por última vez en 2010. Desde entonces ha estado en desuso, pero su mantenimiento ha costado a las arcas públicas madrileñas cerca de 70.000 euros anuales, casi un millón de euros en diez años. Durante el pico de la pandemia sirvió de morgue, junto al Palacio de Hielo. El arquitecto Alejandro Zaera-Polo empezó a construirlo a finales de 2007 —la factura por la colocación de la primera piedra del proyecto, en enero de ese año, fue de 1,4 millones— y lo abandonó sin terminar un año después por “falta de financiación” y “agravios comparativos” con el presupuesto de otros edificios previstos. El estudio de arquitectura EACSN terminó el edificio (Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, Hospital Infanta Cristina de Parla, Urgencias infantiles de La Paz).

Las nuevas obras comenzarán la semana que viene. El contrato ha sido ejecutado por un procedimiento de emergencia a la empresa Dragados, del grupo ACS, presidida por Florentino Pérez. Estos contratos, tal y como indica la ley regional, son procedimientos que se adjudican a dedo ante la situación excepcional del momento. En este caso, la pandemia. El PSOE denunció la semana pasada la opacidad del Ejecutivo con estos contratos: más de 325 durante estos cuatro meses. El Consejo de Gobierno también aprobará hoy otro contrato de 250.000 euros por el mismo procedimiento para dotar de materiales al edificio: 51.500 mascarillas, 8.250 buzos de protección, 2.025 batas impermeables etc.