Cuando la funeraria avisa de la muerte

Marta Chiguasuque visitó a su madre esa mañana. La vio a través de un cristal en la planta del hospital Quirón sur de Alcorcón (Madrid), en el que había ingresado grave. En solo tres días, el virus había apagado a una mujer activa y vitalista de 73 años. La hija se despidió de ella agitando la mano y lanzándole un beso. Unas horas después, en su casa de Leganés recibió una llamada de teléfono. Era la funeraria.

Chiguasuque supo por medio de la empresa Interfuneraria que su madre acababa de morir. En las dos horas siguientes, un comercial le envió un pantallazo al WhatsApp con el presupu...

Marta Chiguasuque visitó a su madre esa mañana. La vio a través de un cristal en la planta del hospital Quirón sur de Alcorcón (Madrid), en el que había ingresado grave. En solo tres días, el virus había apagado a una mujer activa y vitalista de 73 años. La hija se despidió de ella agitando la mano y lanzándole un beso. Unas horas después, en su casa de Leganés recibió una llamada de teléfono. Era la funeraria.

Chiguasuque supo por medio de la empresa Interfuneraria que su madre acababa de morir. En las dos horas siguientes, un comercial le envió un pantallazo al WhatsApp con el presupuesto y el ataúd ecológico en el que iban a guardar el cadáver. Le dijo que la crisis del coronavirus había rebasado las incineradoras de Madrid y que la opción más rápida era llevar el cuerpo a Jaén. Aquí el proceso se alargaría más de tres semanas. En cambio, hacerlo en Andalucía significaría que en cinco días recibiría la urna con las cenizas.

Aturdida por una muerte tan rápida e inesperada, mientras afloraba un sentimiento de culpa por haberse traído a su madre hace 14 meses desde Colombia, dice que firmó los papeles que le pusieron delante. No le había dado tiempo a contratar para su madre una póliza de defunción. Pensaba que la muerte no era algo que fuera a aparecerse de pronto.

Tras un par de días, con la mente más despejada, Marta y su hermana Patricia revisaron la factura de 2.893 euros. Solo el concepto de “servicio incineración completo fuera de la Comunidad de Madrid” costaba más de 900 euros. Era una cantidad que les iba a costar mucho afrontar en un solo pago. Las hermanas escribieron a los servicios sociales del Ayuntamiento de Leganés, pero ya era tarde. El contrato estaba firmado y el cadáver, en algún lugar de una ciudad que a esas alturas estaba sumida en el caos que trajo consigo el coronavirus.

En esas fechas, la semana del 7 de abril, la incineradora del cementerio de Leganés tenía un retraso de tres días. El tanatorio Nuestra Señora de Butarque, un espacio con jardines y réplicas escultóricas de La Piedad o La Victoria de Samotracia en tamaño real, solo tenía cuatro cadáveres. Podría albergar un número cinco veces mayor. "Es intolerable que esto ocurra. Que se aprovechen de las familias, que lo hagan en momentos en los que están en shock. Nosotros como municipio nos sentimos desprotegidos e indefensos. Lo hemos puesto en conocimiento de las autoridades sanitarias y nadie da respuesta. Entendemos que están aprovechándose de estas circunstancias y las autoridades sanitarias deberían investigar qué ocurre”, explica el alcalde de Leganés, Santiago Llorente (PSOE).

En ese caso, las hermanas Chiguasuque podrían haber asistido a la incineración de su madre. El decreto permite asistir a tres familiares en estas circunstancias excepcionales. Los días previos podrían haber estado seguras de que el cadáver se guardaba en un entorno respetuoso con su memoria, y al lado de casa. Las hermanas llevan más de una década en España, pero creen que durante este proceso burocrático no han tenido la información suficiente para actuar de la manera más razonable. En servicios como Incenit, lo mismo les hubiera costado 1.990 euros.

José Luis Manzano, presidente de la asociación Contra Abusos Funerarios, critica el proceso desde el principio. “La mujer recibe la llamada de la funeraria, que es quien le avisa de la muerte. Alguien del hospital les tuvo que dar su teléfono. Eso vulnera por completo la ley de protección de datos. Después se le ofrece a toda prisa unos servicios y un precio que los deudos es difícil que rechacen. En ese momento solo quieren llevar a cabo ese momento”, explica por teléfono. Fuentes del hospital dicen que el centro informó a las hermanas de la muerte de su madre. “Eso sí, desconozco si antes o después de la funeraria”, añaden.

Manzano cree que las autoridades deberían proporcionar a las familias un catálogo de opciones, con precios, servicios, comparativas. Según su investigación, en Francia un entierro cuesta entre 800 y 900 euros, y 1.200 en Alemania. 3.000 parece la tarifa estándar en España, incluso ahora que ya no hay velatorios ni ceremonias. El servicio se ha reducido, pero los gastos siguen siendo los mismos.

Interfunerarias asegura no conocer los problemas de esta familia para afrontar el pago del entierro. En sus archivos no aparece abierta ninguna incidencia al respecto. En caso de que las hermanas se lo hubieran comunicado, una portavoz explica que se habrían puesto en contacto con los servicios sociales del Ayuntamiento de Leganés para tratar de encontrar una solución, como hacen en otros casos. “No se le ha cobrado más a una familia por una incineración fuera de Madrid. Se han cobrado los importes de los crematorios, no el kilometraje ni el transporte”. Y añade: “La semana del fallecimiento de esta señora no había incineradoras disponibles en Madrid. Prácticamente todas las funerarias han recurrido a servicios de fuera. El uso del Palacio de Hielo como morgue demuestra que había un colapso real”.

Las hijas no pudieron despedirse del cuerpo de su madre. Sin embargo, en su piso de Leganés le han levantado un hermoso altar iluminado en medio del salón. A un lado, han colocado un vaso de agua que ayude al alma de la señora “a curar sus penas”, unas flores “que demuestren el cariño que se le tenía”, y unas velas para que la guíen “hasta la luz eterna”, ahora que ha cerrado los ojos para siempre. Entre dos vírgenes hay una Biblia abierta. Sara Rocha, que así se llamaba, siempre quería que en su hogar hubiera una Biblia abierta por cualquier pasaje.

“Es muy duro saber que la madre de uno se muere y que uno no puede ir a darle el último adiós. Nos enviaron el presupuesto. Lo aceptamos. Nos enviaron documentos que había que firmar de puño y letra. Se comunicaron después con nosotros y ese mismo día recogieron a mi madre del hospital. Todo fue muy rápido. Ahora que lo vemos con calma, no debería haberse hecho así. Fruto del dolor actuamos mal”, lamenta Patricia. Las hermanas creen que el Ayuntamiento debería hacerles alguna aportación.

Los servicios sociales, en mitad del proceso, les ofrecieron una solución: desistir por carta, poner una denuncia e iniciar de nuevo el proceso. Mover el ataúd de un lugar a otro preocupaba a las hermanas. Creen que a los muertos hay que dejarlos descansar. “Era una tortura para todos. Ya está, así quedó. Intentaremos recaudar el dinero, aunque cuesta”, añade Marta. La funeraria, en vez de cinco días, tardó dos semanas en entregarles la urna.

El funerario Carlos Montero, uno de los empresarios más longevos de este negocio, explica que en ese momento “la familia firma lo que sea”. Montero llevó durante décadas la funeraria que lleva su apellido hasta que la vendió a otra empresa. Se ha quedado a cargo del tanatorio donde sus antepasados, carpinteros, comenzaron a fabricar ataúdes con cajas de pino hace 120 años. En plena crisis por el coronavirus está casi vacío. A Montero le duele que los féretros tengan que guardarse en almacenes, pistas de hielo y naves industriales cuando él tiene un mausoleo con ventanales y luz natural. “Esos precios no se pueden cobrar, y menos ahora”, se queja. Él tiene experiencia en situaciones excepcionales: sepultó a 65 fallecidos en los atentados del 11-M. Asegura que no cobró ni un duro a las familias. “Ahora habría hecho lo mismo. No es el momento de hacer negocio”.

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