“No viviré para pagar la deuda”

Ya han pasado dos décadas desde que Toñi ocupó con sus cuatro hijos la casa de su cuñado, beneficiario de un piso público en Vallecas. “Llevo 20 años sin pagar nada”, cuenta en la noche del jueves, mientras recuerda los innumerables intentos de desahucio a los que se ha enfrentado, que ha intentado regularizar su situación, y que está en paro y sin alternativas si le echan de su hogar. “No pago el alquiler y tengo la luz y el agua enganchada”, reconoce. “Me consideran una okupa”, lamenta, porque entró al piso usando las llaves de su cuñado y sin dar una patada en la puerta. Ahora, su vida pued...

Ya han pasado dos décadas desde que Toñi ocupó con sus cuatro hijos la casa de su cuñado, beneficiario de un piso público en Vallecas. “Llevo 20 años sin pagar nada”, cuenta en la noche del jueves, mientras recuerda los innumerables intentos de desahucio a los que se ha enfrentado, que ha intentado regularizar su situación, y que está en paro y sin alternativas si le echan de su hogar. “No pago el alquiler y tengo la luz y el agua enganchada”, reconoce. “Me consideran una okupa”, lamenta, porque entró al piso usando las llaves de su cuñado y sin dar una patada en la puerta. Ahora, su vida puede dar un giro inesperado.

A sus 56 años, Toñi ha escuchado en las últimas semanas un anuncio inquietante para sus intereses: David Pérez, el consejero de Vivienda y Administración Local, ha detallado que miles de inquilinos de viviendas sociales adeudan a la Administración más de 80 millones de euros, y que estudiará si demanda en los tribunales a los más de 3.000 que no quieren o no pueden negociar su pago por falta de fondos (ese grupo adeuda 30 millones).

“Si no lo hacen por las buenas, lo harán por la vía judicial”, advirtió Pérez la semana pasada en una entrevista con Europa Press. “No solo tienen derechos, también tienen deberes y esos los vamos a hacer cumplir por la vía que sea; ya sea por diálogo normal, por un requerimiento administrativo más serio, o por la vía judicial en los casos que no haya una respuesta aceptable”.

La mastodóntica magnitud del agujero económico da cuenta de la dramática dimensión que tiene el problema humano: a un lado, una deuda millonaria; al otro, familias sin recursos.

Entre bolsas de patatas y humo de tabaco, más de 30 mujeres se reúnen en busca de apoyo todos los jueves en la calle de San Cosme y San Damián, donde se citan para participar en las reuniones que organiza la Plataforma de Afectados por la Vivienda Publica y Social (PAVPS). Novedades del día, acciones sorpresa y preparación ante próximos desahucios hacen parte del orden del día de un grupo que sabe que se están jugando el techo que cobija a sus hijos y sus mayores.

La Comunidad ha localizado 15.830 expedientes de familias que viven en casas de la Agencia de la Vivienda Social (AVS) sin pagar. De ellos, 6.580 acumulan retrasos por valor de más de 11 millones y aún no son considerados deudores porque los impagos no han superado los tres recibos o los 300 euros. Otros 5.550 ya han adquirido la condición de morosos, aunque se han mostrado dispuestos a negociar el pago poco a poco de los 34,2 millones de euros que representan. Finalmente, un grupo de más de 3.700 familias deben a la Agencia 35,06 millones de euros, “cantidades que o bien no reconocen o bien directamente dicen que no van a pagar y con los que presumiblemente haya que litigar”, según detallan desde la consejería.

Angelines, de 45 años, es una de las más veteranas del grupo. Todos acuden a ella a por consejos. “Si nos tenemos que encerrar en la Agencia de la Vivienda Social para que negocien con nosotros, pues lo hacemos”, le dice a una compañera.

El jueves hace memoria. Ocupó la casa de su abuela cuando ella falleció en 1994. “Estuve pagando el alquiler a nombre de ella unos años, hasta que un día llegaron unos trabajadores del antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) a preguntar que por qué estaba viviendo yo ahí, si esa vivienda había sido adjudicada a otra persona”, describe.

Angelines asegura que siempre ha pagado la comunidad y los gastos a su nombre, que en esa época sumaban 70 euros. En 2005, el antiguo Ivima le ofreció regular su situación y pudo firmar el alquiler de la vivienda. Se comprometió a pagar todos los meses 421 euros.

“Al comienzo, mi marido tenía trabajo y podíamos pagar el alquiler, hasta pensamos en comprar el piso”, recuerda. Después la crisis llegó y su esposo acabó en el paro. No pudieron seguir pagando los recibos y la deuda se fue acumulando.

Entonces, Angelines trató de negociar. Sin embargo, en los siguientes cinco años nunca pudo volver a pagar el alquiler. Ahora tiene una deuda de 32.000 euros a la AVS. “No voy a tener vida para pagar la deuda que tengo”, afirma, pese a que ha conseguido que le fraccionen la deuda. Paga 50 euros cada mes de lo que debe y 85 euros del alquiler actual por su piso en Usera.

23.000 euros de deuda

No es un caso excepcional. La AVS tiene un protocolo para reclamar las cantidades adeudadas y ofrecer facilidades de pago mediante el fraccionamiento de recibos en función de la situación económica de cada caso, según detallan desde la consejería. De hecho, la Comunidad deja de ingresar 14 millones anuales que condona a las familias residentes en viviendas públicas a las que decide reducirles los alquileres. Cuando todas las negociaciones fallan, y ya solo queda el paso de acudir a los tribunales, un equipo de trabajadores sociales visita a los afectados y elabora un informe decisivo para que se litigue o no. Su criterio es básico para decidir si los inquilinos no pagan porque no quieren o porque no pueden.

Esther, de 58 años, logró regularizar su situación en 2005, como Angelines. En 1991 ocupó una vivienda pública que estaba vacía en el barrio de Orcasur. “Quería forzar a la Comunidad a que me diera un piso para mí y mis dos hijos”, dice.

Esther era conocida en el barrio como la del quiosco de prensa. Llegó la crisis y se quedó sin trabajo. No pudo seguir pagando su alquiler de 450 euros. Ahora tiene una deuda de cuatro años que asciende a algo menos de 23.000 euros.

“He aceptado pagar 35 euros al mes de lo que debo y 70 euros por mi alquiler”, explica.

“Si más familias supieran que la AVS está dispuesta a negociar, intentarían llegar a acuerdos para pagar lo que deben”, reflexiona Angelines. Ahora, los que no logren un acuerdo se arriesgan a acabar en los tribunales.