Rueda calla sobre los errores que causaron el catastrófico incendio de Oímbra

“Ningún medio de comunicación ni ningún gobierno va a poner una sentencia”. Esto es todo lo que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda (PP), piensa explicar sobre los fallos que en agosto pasado provocaron el incendio de Oímbra, el segundo más destructivo de Galicia desde que hay registros. Para no depurar responsabilidades dentro de la Administración autonómica, Rueda ha alegado este lunes que la instrucción judicial que ha destapado esos errores está abierta, aunque tampoco aclara si tomará medidas para que no se repitan este verano. El fuego, que arrasó más de 23 hectáreas de siete ayuntamientos de Ourense, fue causado por unos desbroces encargados por la Xunta y el Ayuntamiento de Oímbra que no se pararon pese al riesgo que conllevaban porque la orden se perdió por el camino.

“Es un tema que está judicializado y, por tanto, en plena instrucción judicial no voy a decir nada más”, ha añadido Rueda sobre la descoordinación, los fallos de comunicación interna, la cadena de mando confusa y los encargos contradictorios desvelados por las pesquisas judiciales y avanzados por este periódico. El presidente gallego sí ha incidido, en su defensa, que aquellos días “había una instrucción de la Xunta prohibiendo hacer desbroces” por las peligrosas condiciones meteorológicas, pero no ha querido aclarar cómo pudo no llegar a los operarios de Oímbra. El sumario incluye además un correo enviado por la empresa de servicios forestales de la Xunta (Seaga) solo unas horas antes de empezar el fuego en el que se le da a la empresa que ejecuta los desbroces una lista de zonas en las que actuar. El mensaje con el asunto “nuevas vías para ejecutar” no aclara fechas. El trabajador que realizaba las tareas, acusado de un presunto delito de incendio por imprudencia grave y de tres delitos de lesiones y daños por imprudencia grave, esgrime que interpretó ese correo como una señal de que las labores de limpieza seguían adelante.

Rueda tampoco ha querido valorar la actuación de la alcaldesa de Oímbra durante un incendio que causó heridas graves a tres brigadistas municipales. El 12 de agosto, día en que comenzó el fuego, estos jóvenes de 18, 23 y 26 años estaban de día libre. La popular Ana Villarino, que según los testigos que han declarado ante la jueza tampoco paró los desbroces, les autorizó verbalmente incorporarse a las tareas de extinción y les indicó a qué zona dirigirse. Por el camino fueron acorralados por las llamas. Uno de ellos estuvo casi tres meses hospitalizado con más de la mitad del cuerpo quemado. “Vamos a esperar lo que resulte de la instrucción judicial para hacer cualquier valoración sobre cualquier persona”, ha afirmado Rueda sobre la regidora de su partido.

El BNG exige la comparecencia de Rueda en el Parlamento gallego para explicar “la negligencia y la descoordinación” que acabaron causando “el segundo fuego más grande de nuestra historia, tres brigadistas heridos y una catástrofe ambiental y social”. La líder nacionalista, Ana Pontón, subraya que la “sociedad gallega merece una explicación” sobre “cómo es posible que la Xunta no parara unas labores que ella misma contrató”. Pontón califica “negligencia política” y “temeridad”.

El Bloque reclama a Rueda que aproveche esa comparecencia en el Parlamento gallego para explicar si va a cumplir su promesa de culminar este mismo mes la limpieza de las franjas de seguridad en los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes o “se trata de un anuncio o una mentira más”. El plazo para ejecutar esas tareas en estos municipios termina el 31 de mayo, incide Pontón, que recuerda que es “una medida clave” para evitar otro desastre incendiario como el del pasado verano.

La ola de incendios del pasado verano arrasó 120.000 hectáreas según el Gobierno gallego aunque el programa europeo Copernicus eleva esta cifra a más de 170.000. El BNG cree que el Gobierno de Rueda no estuvo a la altura “ni antes ni durante” aquella crisis y tampoco está cumpliendo con sus compromisos de pagar compensaciones y restaurar el territorio calcinado. “La situación que tenemos a día de hoy, nueve meses después de los mayores incendios que sufrió Galicia en su historia, es que el Gobierno de Rueda solo pagó el 15% de las ayudas solicitadas por explotaciones agrícolas y solo restauró 6.000 de las 120.000 hectáreas quemadas”, sostiene Pontón.

La jueza de Verín que instruye el incendio de Oímbra mantiene a un único investigado, el operario que ejecutaba los desbroces y que es trabajador de la empresa privada contratada por la Xunta para ello. La causa está pendiente de las últimas diligencias, informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en concreto de un informe pericial y de la declaración de varios testigos, entre ellos la alcaldesa de este municipio.