Muere el ‘rey de las verbenas’ de Galicia

Ángel Martínez Pérez, Lito, de 58 años, conocido popularmente en Galicia como “el rey de las verbenas”, falleció ayer a los 58 años en Pontevedra. Fuentes próximas a la familia confirmaron a EL PAÍS que Martínez Pérez, que padecía una enfermedad neurológica degenerativa, se ha quitado la vida, y la investigación policial trabaja sobre esa hipótesis. El suceso se produjo en torno a las 11.00, cuando fue alertada una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, con intervención de la Policía Nacional. La noticia provocó una profunda consternación en el sector musical, en el que Lito había des...

Ángel Martínez Pérez, Lito, de 58 años, conocido popularmente en Galicia como “el rey de las verbenas”, falleció ayer a los 58 años en Pontevedra. Fuentes próximas a la familia confirmaron a EL PAÍS que Martínez Pérez, que padecía una enfermedad neurológica degenerativa, se ha quitado la vida, y la investigación policial trabaja sobre esa hipótesis. El suceso se produjo en torno a las 11.00, cuando fue alertada una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, con intervención de la Policía Nacional. La noticia provocó una profunda consternación en el sector musical, en el que Lito había destacado con la empresa de espectáculos que dirigió desde los años noventa y que llevaba a la orquestas Panorama o París Noia, las más demandadas y de mayor caché en Galicia.

La carrera meteórica del “rey de las verbenas” fue bruscamente interrumpida en 2013, cuando la Agencia Tributaria registró por sorpresa en Caldas de Reis (Pontevedra) su empresa matriz, Grupo Lito. Así comenzó una larga batalla judicial contra la sociedad Representaciones Lito por fraude fiscal que el empresario afrontó con grandes dificultades, aquejado ya por su enfermedad.

Sin embargo, Lito ganó el principal envite cuando los tribunales anularon el registro de Hacienda. Además de exonerar al empresario y mayor comisionista del sector de millonarias multas y elevadas condenas, el Tribunal Supremo también dictaminó que la entrada y registro vulneró derechos fundamentales, por lo que anuló las liquidaciones y sanciones fiscales impuestas a sus empresas y colaboradores.

La batalla legal continuó, pese al deteriorado estado físico del empresario, aunque desinfló completamente las expectativas de la Agencia Tributaria. En marzo de 2019, el Tribunal Supremo anuló su primera condena de 12 años de prisión porque la empresa Representaciones Lito, acusada en todos los procesos penales, no estaba debidamente representada. El tribunal concluyó que no se habían respetado los derechos de la compañía y ordenó repetir el juicio.

La nulidad de la principal prueba revocó las multas de la Agencia Tributaria a orquestas, agentes y representantes de agrupaciones musicales y puso en peligro las causas pendientes que incriminaban al empresario. El pasado año, Lito fue absuelto de los cargos penales más graves que le imputaba la Fiscalía de Pontevedra, pero fue condenado a dos años y tres meses de cárcel y al pago de una multa de 340.000 euros por no declarar el IVA de los años 2011 y 2012, sentencia que Lito recurrió.

Este último juicio, que se celebró en la Audiencia Provincial de Pontevedra, se aplazó en varias ocasiones debido al paulatino deterioro de la salud del empresario. De hecho, en una de las vistas orales su abogado puso de manifiesto que Lito padecía una enfermedad neurológica degenerativa. En noviembre del pasado año, la Audiencia de Pontevedra suspendió su último juicio pendiente porque el empresario no estaba en condiciones físicas para asistir. Actualmente se encontraba a la espera de ser convocado para otra fecha para celebrar la vista. La Fiscalía pedía para él 32 años de cárcel por 10 delitos fiscales.

El registro de Hacienda supuso un paréntesis para Lito y su empresa de representaciones y sumió al empresario en una profunda depresión que lo inhabilitó para continuar al frente de sus negocios y que nunca superó. Tanto él como la sociedad Representaciones Lito estaban atrapados en un enorme agujero contable que podría suponer más de 47 años de prisión para Ángel Martínez y unas multas superiores a los 40 millones de euros. El zarpazo de Hacienda también provocó un cambio de paradigma en el sector, tanto laboral como económicamente, porque Lito funcionaba como “la oficina más importante de Galicia”, que representaba en exclusiva a más de 70 orquestas utilizando una red de más de 50 agentes o representantes. de zona.

La empresa solo facturaba entre un 8% y un 10% de su propio volumen de negocio; es decir, solo cuando contrataba espectáculos con ayuntamientos, diputaciones o locales privados, y nunca cuando lo hacía con comisiones de fiestas (agrupaciones de vecinos sin personalidad jurídica), pese a que estas últimas entidades suponían el 90% de sus ingresos, según Hacienda.

Con cuatro causas abiertas contra él derivadas del registro de Hacienda, llegó la primera absolución para Lito en abril de 2018 con un alegato fundamental para tumbar el registro porque este se había hecho en una causa administrativa y no penal. El fallo favorable a Lito dio un giro a las otras tres causas pendientes, pero fue recurrida por el fiscal y el abogado del Estado.

Sin embargo, en febrero de 2019 la Audiencia de Pontevedra también anuló la actuación inspectora. Le dio un tremendo varapalo a Hacienda en todo su argumentario y ratificó que el registro estaba limitado a una serie de sociedades (Representaciones Lito SL, Producciones Artísticas Lito SL, Soner Sonido e Iluminación, Escenarent, Esmuli, Centro Deportivo La Condesa) y para unos impuestos determinados como IVA y sociedades de los años 2009 a 2012.

El criterio de la Audiencia se producía un año después de que el empresario fuese condenado a 12 años de prisión por impago del IVA y al abono de 36 millones de euros entre multas e indemnizaciones al Estado. Pero un mes después, el Tribunal Supremo ordenó la repetición del juicio que se celebró tras una leve recuperación del acusado, cuyo desgaste físico y mental había quedado patente para la Audiencia Provincial. La única condena impuesta a Lito, de 27 meses de prisión y un millón de euros de multa por fraude de IVA, fue en realidad una mínima pena para el horizonte penitenciario que se derivaba de la inspección de Hacienda.