A juicio el exalcalde popular de Muras por conceder una licencia a su mujer en suelo protegido
El fiscal pide para Issam Alnag Azzam 12 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación administrativa
El que fuera alcalde del ayuntamiento lucense de Muras durante 24 años, Issam Alnag Azzam, será juzgado el próximo viernes en la Audiencia de Lugo por un supuesto delito continuado de prevaricación al haber dictado, entre 2010 y 2013, hasta siete resoluciones urbanísticas que favorecían a su esposa con la que estaba casado en régimen de gananciales. La fiscalía solicita para el acusado 12 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público.
Issam, de origen sirio, que en...
El que fuera alcalde del ayuntamiento lucense de Muras durante 24 años, Issam Alnag Azzam, será juzgado el próximo viernes en la Audiencia de Lugo por un supuesto delito continuado de prevaricación al haber dictado, entre 2010 y 2013, hasta siete resoluciones urbanísticas que favorecían a su esposa con la que estaba casado en régimen de gananciales. La fiscalía solicita para el acusado 12 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público.
Issam, de origen sirio, que encabezó la candidatura del Partido Popular durante más de dos décadas en este municipio de apenas 700 habitantes, “incumplió el deber de abstención al que estaba obligado que le impedía intervenir personalmente en una actuación administrativa que le pudiese reportar cualquier clase de beneficio o ventaja personal”, señala el fiscal en su escrito de acusación.
“A sabiendas de su ilícito proceder, sin haber delegado en sus funciones como alcalde por el interés personal que tenía como beneficiario”, incide el representante del Ministerio Público, el entonces regidor concedió varias licencias. Dos de estas resoluciones relativas a obras en una vivienda y reparaciones en un camino, no fueron invalidadas, ya que el fiscal considera que era procedente la concesión de ambas licencias al contar con los informes favorables y cumplirse todos los requisitos exigidos por el el ordenamiento jurídico.
Sin embargo, el caso más flagrante es una licencia para legalizar una nave industrial y consiguiente actividad en la localidad Cal do baño. El acusado, “a sabiendas de su arbitrariedad y siendo plenamente consciente de que actuaba de forma contraria al ordenamiento jurídico”, dice el fiscal, dictó tres resoluciones con las que trataba de legalizar una nave de nueva construcción amparada por una licencia para alpendre otorgada en el año 2003.
Dicha nave estaba enclavada en una parcela en suelo rústico y el acusado “era plenamente consciente”, incide la acusación, de que se trataba de suelo protegido y regulado dentro de los espacios naturales de la Red Natura. Así se reflejó en un informe de la secretaría municipal y, pese a ello, prescindió de la autorización autonómica exigida por la Ley de Conservación de la Naturaleza de Galicia por lo que la licencia precisaba una tramitación especial exigida por el ordenamiento jurídico.
También, “a sabiendas de que cometía una injusticia” subraya el fiscal, acordó en otra resolución la anulación de recibos correspondientes a la tasa de residuos sólidos urbanos de dos inmuebles en 2012, con providencia de apremio un año antes, “incumpliendo con ello el deber de abstención que le correspondía y prescindiendo de forma absoluta del procedimiento legalmente previsto para su adopción, al no acreditarse cumplidamente, ni por la solicitante ni por el municipio el estado de ruina en el caso de una de las viviendas ni el cambio de titularidad.
“El alcalde eludió todo control de la resolución adoptada, constituyendo su forma de actuar una clara expresión de su libre voluntad y arbitrariedad en la que el acusado tenía evidente, interés dada la relación con la solicitante y dando lugar a una resolución contraria a derecho, carente de justificación razonable, lesionando con ello el interés colectivo en la aplicación del ordenamiento jurídico”, añade la acusación.