Radiografía de la vivienda en Euskadi: la tormenta perfecta en pleno conflicto de competencias

Desde el pasado 20 de marzo no puede entrar, pero cada mañana, Julián Gurrutxaga, de 73 años, acude a su antiguo caserío en Astigarraga, donde nació y vivió toda su vida. “Estaba dando de comer a las gallinas y los conejos y de repente llegó una comitiva a decirme que me desahuciaban, pero a mí nadie me había avisado de nada. Cambiaron la cerradura y solo me dejaron coger un neceser, me quedé con lo puesto. Sigo yendo cada día a dar de comer a mis animales”, relata. Rosa García Pérez, presidenta de...

Desde el pasado 20 de marzo no puede entrar, pero cada mañana, Julián Gurrutxaga, de 73 años, acude a su antiguo caserío en Astigarraga, donde nació y vivió toda su vida. “Estaba dando de comer a las gallinas y los conejos y de repente llegó una comitiva a decirme que me desahuciaban, pero a mí nadie me había avisado de nada. Cambiaron la cerradura y solo me dejaron coger un neceser, me quedé con lo puesto. Sigo yendo cada día a dar de comer a mis animales”, relata. Rosa García Pérez, presidenta de Stop Desahucios de Gipuzkoa, expone el caso en la reunión semanal de la plataforma en un local frente al estadio donostiarra de Anoeta: “La sobrina de Julián pidió un préstamo a un usurero que encontró por internet, con unas condiciones leoninas y el caserío como aval. Al no poder pagar, se inició una demanda de ejecución hipotecaria. En el desahucio se produjeron muchas irregularidades y todo está recurrido”. Da ánimos a Julián: “Estás mal, pero todos aquí lo están y vamos a lucharlo”.

Durante tres horas, 20 personas con problemas para pagar sus viviendas escuchan a Rosa, de 75 años, invocar leyes, decretos, códigos de buenas prácticas... Cita de carrerilla disposiciones adicionales de normas estatales y autonómicas. Licenciada en Ciencias Políticas, lleva más de una década, desde que se jubiló, ayudando a vecinos vulnerables. “En 2015, cuando los telediarios abrían con los piquetes contra las ejecuciones hipotecarias, promovimos la declaración de municipios libres de desahucios. Ahora tenemos muchos problemas por la subida del euríbor, la renta antigua, los fondos buitre que acechan las viviendas de protección oficial, los prestamistas usureros... La vivienda sigue siendo el gran problema de este país y la situación en Gipuzkoa, y en San Sebastián en particular, es especialmente grave”.

El metro cuadrado cuesta de media en España 2.079 euros. En Euskadi, 2.901, y en San Sebastián escala hasta los 5.465, según el portal inmobiliario Idealista. En alquiler también se han batido todos los récords: el metro cuadrado en la capital gipuzcoana está a 17,1 euros; 4,4 más que la media del país. Mario Yoldi, director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Gobierno vasco, explica: “El alquiler nunca había sido tan caro aquí. Y cuando el mercado se dispara, aunque los salarios mejoren, la clase media tiene dificultades para acceder a la vivienda y se produce un trasvase al sistema público. En un año bueno entregamos 5.000 viviendas de protección, pero la demanda es extraordinaria: tenemos 86.000 peticiones detrás de las cuales hay unas 150.000 personas. Y somos una comunidad de 2,1 millones de habitantes”. Yoldi expone los datos de inversión pública: “El Gobierno vasco gasta el 1,1% de su PIB en política de vivienda. La media europea está en el 1,5% y la española por debajo del 0,5% del PIB. Una de cada tres viviendas de protección en España se hace en Euskadi y cerca de 35.500 hogares reciben una prestación mensual al alquiler”. Y a continuación añade: “Somos conscientes de que, dada la situación del mercado, lo que hacemos es insuficiente. Viena, que tiene un modelo de éxito, lleva aplicándolo 100 años. Nosotros, 21. Hay que hacer mucho más. Durante nueve meses negociamos con 90 organismos y asociaciones un plan de Vivienda que fija como objetivo tener 50.000 viviendas de alquiler social y 112.000 de protección oficial en 2036”.

Euskadi obtuvo las competencias en la materia en 1981. En 2015, con el voto en contra del PNV y el PP, el Parlamento Vasco aprobó la ley autonómica de vivienda (impulsada por los socialistas y rechazada por el lehendakari Iñigo Urkullu), que recoge explícitamente el derecho subjetivo de los ciudadanos a una casa digna si carecen de los recursos económicos para conseguir una. El candidato peneuvista a la Lehendakaritza, Imanol Pradales, la defiende ahora en los debates electorales frente a la ley estatal, que el Gobierno vasco ha recurrido al Tribunal Constitucional al considerar que invade sus competencias, lo que ha provocado roces en el bipartito, ya que esta consejería depende de su socio, el PSE.

El conflicto es ampliamente abordado en la reunión de Stop Desahucios. “La ley vasca”, explica la presidenta de la plataforma, “es muy progresista en muchos aspectos, pero se ha quedado anticuada porque, al contrario que la estatal (2023) no aborda el problema de las zonas tensionadas [donde el coste de la vivienda supera el 30% de los ingresos del inquilino y los precios hayan subido en los cinco años anteriores tres puntos por encima del IPC de la comunidad]. Lo que ocurre es que el PNV es como el perro del hortelano: ni come, ni deja comer porque está impugnando artículos de esa norma que son esenciales para limitar los precios abusivos del alquiler, que ahora mismo son el motivo fundamental de las demandas de desahucio por impago. Mientras no se declare un municipio como zona tensionada, una vez que finaliza el contrato de alquiler, el inquilino no puede solicitar una prórroga de tres años con el precio que ya tenía”. Es lo que le ocurre a Miguel Ángel Medrano, de 81 años, residente en Irun (Gipuzkoa). “Mi casa ahora está en manos de un fondo buitre. Si el 24 de julio no me dan una prórroga, no podré pagar los precios de ahora”. Rosa también le da ánimos: “Pudiste con la operación de corazón y vas a poder con esto. Lo que necesitamos es que todo el mundo haga sus deberes: que los 41 municipios vascos que cumplen los requisitos para ser declarados zonas tensionadas envíen la documentación a la Hacienda Foral para que a su vez la remita al ministerio. Esa es la vía para congelar la escalada en el alquiler”.

Stop Desahucios también reclama que se introduzca “un corrector” en el código de buenas prácticas bancarias para ayudar a familias vulnerables que no pueden pagar la cuota de sus préstamos e impedir los desahucios porque la subida del euríbor lo ha dejado prácticamente sin efecto. Es el problema que tiene Elena Pando, de 60 años. “En 2007, compré, con un préstamo de 241.500 euros y 40.000 de entrada, una casa para mi hija y para mí. Tenía un contrato temporal. Con la crisis dejaron de llamarme para trabajar y dejé de pagar. Me concedieron una carencia, pero ahora me piden una cuota de 1.260 euros y mis ingresos son de 740 euros”. A José Ramón, con una discapacidad del 71%, y su mujer, Mercedes, les pasa algo similar: la cuota supera el 50% de lo que perciben. “En la época en la que compraron sus viviendas”, explica Rosa García, “los bancos daban préstamos como churros. El código de buenas prácticas bancarias fue una herramienta muy útil para evitar desahucios porque permitía una carencia y cuotas asequibles, pero el euríbor se ha disparado tanto que ya no lo son, por lo que pedimos que se introduzca un corrector para cuando alcance determinadas cifras”.

Euskadi comparte con otros territorios los problemas derivados de la proliferación de pisos turísticos —tiene 5.000 registrados, la mitad de ellos en San Sebastián—, que se suma a una escasez de casas en alquiler, en muchos casos, en mal estado. “Tenemos el parque de vivienda más antiguo de España”, explica Yoldi. “El año pasado, el valor económico de la rehabilitación de edificios fue del 60%, superior a la inversión en obra nueva: un 40%”. Arantxa Zubillaga, de 67 años, tiene un contrato de renta antigua en el barrio de Gros de San Sebastián. “Hace unos meses, casi se nos cae el techo de la cocina encima y empezó a llover dentro de casa porque el propietario no ha invertido un euro en mantenimiento. Nos hacen la vida imposible para que nos larguemos. En ese edificio éramos 11 con contratos de renta antigua y ahora solo quedamos dos”. Rosa García añade: “Suelen ser casas muy grandes y ahora el negocio está en el subarriendo de habitaciones. En esa zona pueden sacar hasta 500 euros por un cuarto, por eso les interesa expulsar con malas prácticas a los inquilinos que llevan ahí toda la vida con contratos baratos”.

Desde 2003, todas las viviendas protegidas que se construyen conservan esa calificación de manera permanente, pero las anteriores pasan al mercado libre. Es lo que preocupa a las familias que residen en las 520 VPO de Benta Berri, en el barrio del Antiguo. “Accedimos a esa vivienda hace 26 años”, explica Josetxo Cañada, “y a los 30 vuelven al libre mercado. Los fondos buitre se frotan las manos porque una vez que termine el periodo de protección, subirán la renta un 40 o un 50 por ciento”. Antxon Pro, vecino de la misma promoción, añade: “Somos cerca de 2.000 personas los que vivimos ahí y no podemos afrontar alquileres de 1.300 euros. O hacen algo, o será una hecatombe social”.

La Administración trata de captar casas por todas las vías, también incentivando y penalizando ―la estrategia de “palo y zanahoria”, comenta Yoldi― con un canon a los que las tienen vacías, pero el ritmo de todas las políticas de vivienda es inferior a la velocidad a la que escalan los precios. Y afecta a todos los sectores de la sociedad: a mayores con problemas para pagar su hipoteca o alguiler y a jóvenes que aspiran a salir de casa de sus padres. Maddi Galdós, de 25 años, técnica de vivienda del Consejo de la Juventud de Euskadi, explica: “Si retrasas la emancipación por la dificultad de acceso a la vivienda, todo se retrasa, también tu proyecto de vida y la tasa de natalidad lo demuestra”. En España es de 6,8 nacimientos por cada 1.000 habitantes y en Euskadi, de 6,1. Según los últimos datos del Observatorio del Consejo de la Juventud de España, la tasa de emancipación en Euskadi era, a mediados 2023, del 14,8%, un punto y medio porcentual menos que en el conjunto del país, a pesar de que el paro juvenil ha bajado en el territorio. Ni siquiera dedicando el 100% del salario joven mediano mensual podrían permitirse vivir en solitario y el coste mediano de una habitación en un piso compartido supera el 40% del salario. La compra es todavía más difícil: un joven vasco tendría que dedicar todo su sueldo de siete años solo al pago de la entrada.

El mercado de la vivienda se ha convertido en uno de los principales productores de desigualdad, un método de transferencia de renta de los que menos recursos tienen a los que más; de los más jóvenes a los mayores, y donde parece más rentable alquilar una vivienda o local, el rentismo, que emprender un negocio. “El sector de la construcción y el inmobiliario”, explica Mario Yoldi, “tienen que tener un peso razonable, no pueden ser, con el turismo, los elementos fundamentales de una economía, porque eso no es sostenible en el tiempo, genera desigualdades y desincentiva el espíritu emprendedor o las inversiones productivas en la industria. Durante un tiempo hubo un cierto equilibrio que se empezó a romper con la burbuja inmobiliaria y la especulación desmesurada. Los gobernantes se obsesionaron con el ladrillo. Tras el pinchazo vino la recesión y en el momento en el que más falta hacía la intervención del Estado para atender a todos los colectivos que empezaban a quedarse fuera del mercado, el presupuesto general para las políticas de Vivienda se redujo a la mitad. Y cuando llegó la recuperación, los beneficios fueron a los que más tenían y se complicó aún más el acceso a la vivienda. La solución nos va a llevar años, no hay magia en esto, solo políticas a largo plazo”.