El autogobierno aflora las costuras que el nacionalismo vasco quiere tapar
A los partidos políticos les entran ahora las prisas en la campaña por retomar la reforma del Estatuto de Gernika, aunque con objetivos diferentes
La campaña de las elecciones vascas se aproxima a su ecuador y continúa, pasado el trance del fallecimiento del exlehendakari José Antonio Ardanza, a medio gas y con la respiración contenida, en gran parte por los multitudinarios festejos que se suceden tras el título de la Copa del Rey logrado el pasado sábado por el Athletic Club. ...
La campaña de las elecciones vascas se aproxima a su ecuador y continúa, pasado el trance del fallecimiento del exlehendakari José Antonio Ardanza, a medio gas y con la respiración contenida, en gran parte por los multitudinarios festejos que se suceden tras el título de la Copa del Rey logrado el pasado sábado por el Athletic Club. Cientos de miles de personas se apostaron este jueves en los márgenes de la ría de Bilbao para ver pasar la gabarra con los héroes de su equipo campeón, ajenos todos a una actualidad electoral monocorde. Los candidatos se empeñan en ganar protagonismo. Ahora les ha entrado las prisas por reabrir el melón del autogobierno y prometen abordar con urgencia durante la próxima legislatura la actualización del Estatuto de Gernika aprobado en 1979 y que sigue sin ser renovado desde entonces por la falta de consenso.
EH Bildu es el más interesado en agitar este debate y conducirlo por la vía identitaria. Es clave en la estrategia de su candidato, Pello Otxandiano, empeñado en forzar a sus adversarios a retratarse sobre esta cuestión. Se ha comprometido a reactivar la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco “durante los tres primeros meses” de la próxima legislatura y quiere que los partidos “alcancen un acuerdo en el plazo de un año”. Arkaitz Rodríguez, líder de Sortu, asegura que actuarán “sin poner líneas rojas”. Imanol Pradales (PNV) considera que “ha llegado ya la hora de que, sin dilación alguna, el autogobierno vasco entre con urgencia en una nueva fase de desarrollo y ampliación”. El socialista Eneko Andueza también es partidario de retomar la reforma estatutaria, pero matiza: “El nuevo Estatuto debe servir para blindar los derechos sociales conquistados estos últimos 44 años y fijar las bases de una Euskadi plural y diversa, no para perder el tiempo con el derecho a decidir”, aseguró este jueves a este diario.
Las dos grandes formaciones nacionalistas consensuaron en 2018, con el apoyo parcial de Elkarrekin Podemos, un “acuerdo de bases y principios sobre autogobierno” en el marco de una ponencia creada en el Parlamento para actualizar el Estatuto. Aquello no prosperó por la resistencia del PSE y el PP a aceptar que el texto articulado consolidara el derecho a decidir de los vascos.
En esta nueva etapa, el PNV aboga por “abordar en profundidad el debate sobre el modelo territorial del Estado” y aprobar el futuro autogobierno “empleando las potencialidades” que ofrece la Constitución en su disposición adicional primera, que ampara los derechos históricos del País Vasco, y en la “reserva de soberanía” recogida en uno de los preceptos finales del Estatuto vasco, sostiene Pradales, que en una entrevista en este diario se declaró “independentista con los pies en el suelo”. “Queremos un autogobierno nuevo que contemple la bilateralidad, la foralidad, el reconocimiento de la nación vasca y dé la palabra a la sociedad vasca”, defendió el candidato del PNV este martes en el último debate televisivo.
El País Vasco se encuentra, según EH Bildu, ante “una oportunidad histórica para dar pasos en el reconocimiento nacional de Euskal Herria” que debe arrancar con un “acuerdo lo más amplio posible” que se ratificaría en “una consulta vinculante” en Euskadi “antes de cualquier negociación con el Estado”, explica la coalición en su programa “de gobierno”. Otxandiano propone que esta comunidad autónoma tenga “voz propia” y establezca “una relación confederada” con el resto de España.
Los nacionalistas no se ponen límites a sus pretensiones. Los dos grandes partidos abertzales pueden aumentar su representación en el futuro Parlamento, si aciertan los sondeos que otorgan hasta 60 escaños a la suma de PNV y EH Bildu (frente a los 52 actuales). El 80% de la Cámara vasca estaría en sus manos. Estos partidos pueden caer en la tentación de pasar por alto las discrepancias de fondo que existen en el arco político vasco, tanto en la forma como en los objetivos que se quieren alcanzar con un nuevo estatus político.
Elkarrekin Podemos tiene puntos de coincidencia con aquellos partidos. Su candidata, Miren Gorrotxategi, cree que hay que impulsar “la aplicación del derecho a decidir de una manera legal y pactada”, pero a la vez exigir el “cumplimiento íntegro” del Estatuto y apoyar la apertura de la ponencia parlamentaria sobre autogobierno. Si todo se hace dentro del marco de la Constitución y es acorde con la doctrina del Tribunal Constitucional, el PP también se suma a la tarea de la reforma estatutaria, pero nunca si se incumplen los procedimientos legales establecidos. La candidata de Sumar, Alba García, se inclina por “impulsar un Pacto de Claridad de inspiración canadiense” que permita celebrar “consultas pactadas” sobre el nuevo estatus político.
Mientras estos últimos años ha permanecido en dique seco el documento que iba a actualizar el autogobierno, el País Vasco ha ido ganando músculo competencial, sobre todo en los últimos seis años, desde que Pedro Sánchez asumió la Presidencia del Gobierno. El Ejecutivo vasco que ha liderado Iñigo Urkullu ha recibido 14 nuevas competencias durante este periodo, frente a ninguna durante la etapa del popular Mariano Rajoy. La transferencia de la gestión de las tres prisiones vascas o la del salario mínimo vital son dos de las más relevantes, aunque aún quedan una veintena por traspasar, entre las que figura la competencia sobre puertos de interés general y de los aeropuertos, además de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, la más reclamada por los nacionalistas.
Al mismo tiempo que el PNV coloca en su propuesta de máximos lograr el “reconocimiento nacional de Euskadi”, “el derecho a decidir”, “la bilateralidad” y “tener voz en Europa”, el partido de Andoni Ortuzar pactó con el PSOE, a cambio de apoyar la investidura de Sánchez, culminar definitivamente el Estatuto de Gernika en dos años, esto es, en noviembre de 2025 como fecha límite.