Los dos grupos de la oposición en Valencia presentan una propuesta de ZBE tras el fracaso del PP

Los dos grupos municipales en la oposición en el Ayuntamiento de Valencia, Compromís y PSPV, con 16 concejales frente a los 17 que suman PP y Vox, han presentado este lunes una nueva propuesta de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para la capital más flexible que la que plantearon en principio, y forzado un pleno extraordinario para debatirla y sacarla adelante con el objetivo de que la capital rebaje su contaminación y no se arriesgue a perder 150 millones de euros en ayudas a la movilidad. El PP pactó hace meses con Vox una ordenanza de mínimos que finalmente no salió adelante por el rechazo a última hora del grupo ultra por lo que Valencia es una de las grandes capitales españolas sin ZBE. Ahora, la oposición pide al PP que se abstenga y permita sacarla adelante tras su fracaso. Catalá ha asegurado que la estudiarán pero, en principio, la considera un “paripé”.

La propuesta de ordenanza de la oposición prevé una ZBE que afecte a toda la ciudad y no deje a ningún barrio fuera frente a la de PP y Vox, que dejaba el frente litoral y otros barrios fuera. Esta última prohíbe la entrada a la capital de coches de tipo A, sin etiqueta medioambiental porque son los más contaminantes, que procedan de fuera de la provincia de Valencia a partir de enero de 2026. Los que sean de la provincia no podrán hacerlo y serán sancionados a partir del 1 de julio de 2026, y la prohibición para los vehículos censados en Valencia no llegará hasta el 1 de enero de 2027. La propuesta prevé además una línea de ayudas municipales en 2026 para el recambio de estos vehículos.

La ordenanza, a diferencia de la que plantearon PP y Vox, también afectará a los coches con etiqueta B: se prohibirá los que sean de fuera de la provincia a partir del 1 de enero de 2027 y los de fuera de la ciudad se penalizarán a partir de enero de 2028. No se penalizarán de momento los vehículos de etiqueta B censados en la capital. El proyecto de ordenanza pactado por la oposición establecerá además ayudas y exenciones para las familias más vulnerables en función del Iprem (Indicador Público de Renta) y se establecerá un régimen transitorio para las actividades económicas.

Ambas medidas se complementarán con la implantación en 2027 en todos los barrios de la ciudad de una zona de aparcamiento para residentes que reserven como mínimo un 55% de las plazas. “No es un capricho. Contamos con simulaciones de la Universitat Politécnica de València que apuntan que es mejor la combinación de ambas medidas”, han comentado. E insisten en una reducción del tráfico en la calle de Colón y que el corredor verde en el bulevar sur de la ciudad se haga sin coches, garantizando el acceso a los vecinos a sus garajes y a los servicios públicos y de emergencias.

“Si no se aprueba una ordenanza efectiva en las próximas semanas, Valencia puede perder 150 millones de euros provenientes de programas europeos vinculados a la movilidad sostenible, como es la remodelación de la avenida de Pérez Galdós, ahora en ejecución. También las ayudas a los bonos de transporte a partir del año próximo”, han destacado la portavoz de Compromís, Papi Robles, y el del PSPV-PSOE, Borja Sanjuan.

“La alcaldesa María José Catalá no cree en una ZBE porque la que planteó era de brocha gorda. Hemos intentando negociar con responsabilidad y ahora queremos demostrar que si Catalá no es capaz, aquí hay 16 concejales frente a los 17 de PP y Vox, que sí tenemos la capacidad. Hemos convocado un pleno extraordinario haciendo una propuesta de ZBE para no perder 150 millones de euros”, ha defendido Robles. “Solo tiene que dejarnos hacer”, le ha dicho a Catalá.

“No se trata de que queramos fastidiar a nadie sino de que si no hacemos nada, el 40% de barrios de la ciudad incumplirá la directiva de la UE sobre calidad del aire. Casi toda la ciudad está en índices peligrosos para la salud según los nuevos niveles que entraran en vigor”, ha añadido Sanjuan. El socialista ha pedido a Catalá “la responsabilidad” que se le exige a una alcaldesa. “Y si no que nos explique a todos los valencianos que no puede aprobar una Zona de Bajas Emisiones simplemente porque es una condición que Vox ha puesto a la investidura de Juan Francisco Pérez Llorca [candidato a la presidencia de la Generalitat tras la dimisión de Carlos Mazón]”, ha continuado.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha asegurado que estudiarán la propuesta de la oposición, que ha acabado calificando de “paripé” porque obligaría a las familias a cambiar de coche sin periodo transitorio. Y ha culpado a los dos grupos de la oposición de no querer llegar a un acuerdo en el fondo porque, según sus palabras, en la ordenanza de ZBE no pueden incluir la restricción de tráfico en la calle Colón y la ausencia de coches en el corredor verde del bulevar sur.

Los grupos de la oposición le han replicado que su propuesta “no obliga a comprar coche nuevo a ningún vecino de Valencia, de hecho, quedan excluidos de las sanciones los de etiqueta B y planteamos una línea de subvenciones para quien quiera cambiar de vehículo”.

El Gobierno local dispone de un plazo de 15 días para convocar el pleno extraordinario de acuerdo a la solicitud de Compromís, en el que se debata la moción registrada por ambos grupos de la oposición, que han pedido la dimisión del concejal de Movilidad de Valencia, Jesús Carbonell, del PP.