La jueza de la dana revela que las muertes comenzaron antes de que el Ejecutivo de Mazón iniciara el Cecopi
La magistrada investiga los últimos vídeos que el Gobierno valenciano no entregó al juzgado y cita como testigo a un asesor de Pradas
Las muertes causadas por la dana que el 29 de octubre de 2024 dejó 229 fallecidos en Valencia comenzaron antes de que arrancara el Cecopi, el órgano de emergencias que coordinó la crisis y que fue convocado por el Ejecutivo de Carlos Mazón, del PP. Así lo expone la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la tragedia, Nuria Ruiz Tobarra.
La magistrada estima que los “fallecimientos producidos por ahogamiento” de los afluentes del barranco del Poyo [la rambla que originó la gran ola que sepultó poblaciones como Catarroja o Paiporta] se iniciaron entre las 16.45 y las 17.30 horas, según un auto notificado este lunes. La reunión del Cecopi arrancó a las 17.00 horas; participaron 29 representantes de instituciones municipales, autonómicas y estatales; y sirvió para tomar decisiones clave como el envío de la alerta masiva a móviles, que se remitió cuando la mayor parte de las víctimas había fallecido.
Según la magistrada, que cita como fuente las declaraciones de los testigos –ha tomado declaración a más de 350 desde que arrancó la investigación- los muertos se produjeron “por el arrastre del agua” en esta franja horaria a la altura de poblaciones como Godelleta (4.182 habitantes), Turís (7.544) y Torrente (89. 401). Y destaca que esta información coincide con las conclusiones de un informe de la Universidad de Alicante. “Entre las 17.00 y las 20.00 horas se producen los máximos aportes pluviométricos. En estas tres horas, la subcuenca de Horteta recibe 20,7 hectómetros cúbicos, seguida de Gallego (18,3) y el Poyo (14,4)”, indica la jueza.
La instructora afea también que no se vigilaran los barrancos y cuestiona el papel de los bomberos forestales. Unos efectivos que se retiraron más de una hora y media antes del desbordamiento del barranco del Poyo. La razón: “había ganas de comer”, según reconoció quien era entonces su máximo responsable, José Miguel Basset, ya jubilado, que comparecerá próximamente en el juzgado como testigo.
Cerco sobre los vídeos ocultados por la Generalitat
Otro movimiento relevante de la jornada. La instructora estrecha el cerco sobre el Gobierno valenciano para indagar los últimos vídeos sobre la mortífera inundación que la Generalitat ha ocultado al juzgado durante once meses. La magistrada ha solicitado a una productora contratada por el Consell las imágenes en bruto que registró el 29 de octubre de 2024, según otro auto conocido este lunes. La reacción llega después de que el viernes trascendiera que el Ejecutivo autonómico grabó más vídeos de los que entregó a la jueza. Se trata de imágenes inéditas que fueron compartidas en el perfil institucional de Instagram el día de la gota fría por la principal imputada en la causa, la consejera de Justicia e Interior durante la riada, Salomé Pradas. El metraje contempla planos desconocidos a los aportados por la Consejería de Emergencias a la instructora el mes pasado, cuando la magistrada pidió el material tras descubrir que el Ejecutivo del barón popular había mantenido oculto estos vídeos durante once meses.
Ruiz Tobarra reclama ahora el metraje “sin ningún tipo de edición de la grabación y sonido”, a petición de la acusación popular que ejerce en la causa la asociación Acció Cultural del País Valencià (Acpv). Y acuerda la declaración como testigo de un asesor de Pradas que pudo grabar las imágenes divulgadas por la exconsejera imputada. En el vídeo, que carece de sonido, aparece esta exdirigente en el centro de coordinación de emergencias de L’Eliana (Valencia) entre las 12.30 y las 13.00 horas durante la aciaga jornada. Pradas conversa allí con el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y con los empleados del 112, la centralita telefónica autonómica que recibió 20.000 llamadas de auxilio el día de la colosal riada.
“La gravedad de los hechos objeto de la investigación, exige la aportación de las grabaciones aportadas, partiendo de que nos encontramos ante una investigación penal con un gravísimo resultado lesivo, y teniendo en cuenta que las imágenes y el contenido del audio de anteriores grabaciones han permitido conocer cuestiones especialmente relevantes”, indica la magistrada. Ruiz Tobarra se refiere al “perfecto conocimiento de la administración autonómica [...] de la obligación de vigilar los barrancos”.
Tras escuchar la declaración como testigo del asesor de Pradas que pudo grabar las imágenes inéditas, la magistrada ha anunciado que le requerirá los vídeos captados con su móvil u otros dispositivos de la Consejería el día de la tragedia. El antiguo asistente de la exconsejera trabaja desde diciembre de 2024 como jefe de prensa de Ifema Madrid, según su perfil de LinkedIn.
Carpetazo a las teorías de la conspiración
En la línea decisiones anteriores, la jueza ha dado carpetazo a los manejos de una acusación particular para sembrar la causa de teorías de la conspiración. En una nueva resolución conocida este lunes, Ruiz Tobarra rechaza el recurso de reforma de una acusación que pedía que se indagara la conexión de la desgracia con “gente satánica y masones” y ligaba el día de la tragedia a una “fecha satánica equivalente al 11 de marzo”, en alusión a la matanza yihadista en los trenes de Cercanías de Madrid que dejó 192 muertos y más de 1.000 heridos en 2004. “Tampoco procede investigar si la dana obedeció a los que se denomina geoingeniería marroquí”, zanja la magistrada.