La jueza de la dana rastrea los vídeos que el Gobierno de Mazón ocultó en busca de nuevos responsables

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga una de las mayores catástrofes naturales en España ―la dana que dejó 229 muertos y provocó múltiples destrozos en octubre de 2024― tiene sobre su mesa desde hace una semana un disco duro y un pendrive de alto voltaje. En su interior, cuatro decenas de archivos de vídeo en formato mp4 detallan la forma de actuar del núcleo duro de Emergencias del Gobierno de Carlos Mazón durante la inundación más mortífera en la comunidad.

Las imágenes están llamadas a dar un empujón a las pesquisas que instruye la magistrada Nuria Ruiz Tobarra. Fueron grabadas por una productora contratada por la Generalitat en el centro de coordinación de emergencias de L’Eliana (Valencia) en el peor momento de la desgracia. El Ejecutivo del Carlos Mazón (PP) ocultó el material durante 11 meses. Incluso una alto cargo de Mazón, la directora general de Emergencias, Irene Rodríguez, negó en marzo su existencia a la jueza.

Cada segundo de este metraje de cinco minutos de brutos (planos de recurso y audios) es oro molido para depurar responsabilidades. Enfundada en un abrigo rojo, la exconsejera de Justicia e Interior durante la dana, Salomé Pradas ―investigada por la jueza—, aparece dirigiendo la crisis tras su llegada a una diáfana instalación repleta de pantallas. Anota en un documento palabras clave, como una referencia a la alerta hidrológica del barranco del Poyo. Son 12.32 de la tarde. Cuatro horas después, esta rambla se desborda y desata la inundación que sepulta a más de una decena de municipios. La exdirigente escribe también “bomberos”. Alude a los efectivos que vigilaron el caudal del Poyo y que se retiraron dos horas antes de que rebosara este barranco de 40 kilómetros.

Pese al flujo incesante de información, la Generalitat no envió el mensaje masivo a móviles para alertar a la población de la magnitud del riesgo hasta casi ocho horas después de la primera reunión captada en los vídeos. La controvertida notificación llegó a las 20.11, cuando la mayor parte de las 229 víctimas mortales ya había fallecido.

Las grabaciones desmontan el relato del Gobierno de Mazón, del PP y de los dos ex altos cargos del Consell imputados, según fuentes próximas a la causa. Esa teoría del “apagón informativo” a la que se aferraba el Ejecutivo valenciano sostenía que si la Generalitat no actuó antes fue porque organismos estatales, como la Agencia Española de Meteorología (Aemet), no advirtieron con antelación de la dimensión de la desgracia.

Los vídeos confirman ahora que Pradas conocía desde el mediodía las zonas de riesgo, como el Poyo o el río Magro. Y tumban la tesis del papel secundario de esta exconsejera que fue destituida junto a su número dos, el también imputado Emilio Argüeso, cuatro semanas después de la dana de 2024. La grabación muestra a la entonces consejera repartiendo turnos de palabra. O, lo que es lo mismo, pilotando la reunión del Cecopi, el organismo de la Generalitat que coordinó la crisis. En abril, la exdirigente, la máxima responsable jerárquica de Emergencias, expuso en el juzgado entre lágrimas que ella no dirigía nada, descargó su responsabilidad en los técnicos y exculpó a Mazón. Entonces, declaró como investigada, una condición que le permitía mentir.

El abogado Manuel Mata, que representa a la acusación popular de la asociación Acció Cultural del País Valencià (ACPV), califica de “determinante” la incorporación de estos vídeos a las pesquisas. “Sabemos ahora que la Generalitat cuenta con analistas de primer orden que intuyeron la intensidad de las lluvias antes de las 13.00 horas y que generaría una inundación en la comarca de L’Horta Sud [donde se encuentra la población más azotada por la catástrofe, Paiporta (27.748 habitantes), donde la riada dejó 56 muertos]. Los analistas trasladaron la información a los mandos y cuadros políticos”, expone el letrado.

La jueza, que ha tildado de “relevantes” estas grabaciones, rastrea ya el material en busca de nuevos responsables. En un reciente auto, la instructora destaca las “interacciones” de Pradas con el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez; y la jefa de esta área, Inmaculada Piles. Y resalta la necesidad de analizar los audios para descubrir qué papel desempeñaron en el envío del Es Alert ―la alerta tardía a móviles que centra las pesquisas― otras personas no investigadas.

Por el juzgado de Catarroja, desfilarán próximamente a declarar como testigos Suárez, un alto funcionario que maneja las claves del mensaje a los teléfonos, y Piles, que coordinaba el 112, la centralita de emergencias de la Generalitat que recibió casi 20.000 llamadas el día de la dana.

Comparecerán también con la misma condición, que obliga a decir la verdad, la número dos de Mazón, la vicepresidenta primera Susana Camarero, que abandonó la gestión de la crisis la tarde del 29-O para ir a un acto empresarial; y José Miguel Basset, el que fuera jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, ya jubilado, que confesó que sus agentes dejaron de medir anticipadamente el caudal del Poyo porque “había ganas de comer”.

La abogada Mamen Peris, de la acusación popular de Ciudadanos, estima que estas comparecencias podrían abrir la puerta a nuevos imputados. Y apela a su “prudencia jurídica” para no desvelar qué altos cargos, a su juicio, podrían acabar bajo el radar de esta causa, que indaga los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes, que están castigados con hasta cuatro y tres años de prisión, respectivamente.

Por ahora, Pradas y Argüeso son los únicos imputados.

Los imputados

Tras más de once meses de pesquisas, la jueza acumula nuevas pruebas que acorralan a los dos ex altos cargos de Mazón investigados: la exconsejera Salomé Pradas, y el exdirector de Emergencias Emilio Argüeso.

A sus 47 años, Pradas, castellonense, licenciada en Derecho y profesora de Mercantil, se sitúa con más fuerza que nunca en el punto de mira de la magistrada. En un reciente auto, la instructora rechazaba el archivo de su imputación, tildaba la actitud de la exconsejera de “negligente”, sostenía que no era creíble su supuesta falta de capacidad de mando –defendida con vehemencia por la exdirigente en el juzgado- y afeaba que no conociera el sistema Es Alert de envío de mensajes masivos. Un mecanismo que, según la instructora, pudo salvar vidas si se hubiera activado antes. La jueza incorpora a su argumentación los reveladores testimonios de los más de 350 testigos –la mayoría familiares de víctimas- que han desfilado por el juzgado desde que arrancó su investigación.

La instructora también ha cargado contra la estrategia de defensa de Pradas de arremeter contra organismos estatales como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Ruiz Tobarra asegura que los datos de esta entidad, que midió cada diez minutos el caudal barranco del Poyo, eran complementarios a otras fuentes de información, como la centralita 112 de la Generalitat, que, desde primera hora de la tarde, recibió decenas de llamadas de desesperación de vecinos de Chiva (17.245 habitantes) o Cheste (9.022), donde nace la rambla que desató la pesadilla.

Aunque ni en público ni en privado Pradas, que no ha concedido entrevistas tras la tragedia, ha arremetido contra Mazón, la Generalitat volvía a ponerla en el disparadero la semana pasada al atribuirle las decisiones clave de esa jornada. El Ejecutivo valenciano ya se desmarcó de ella en abril al responder por escrito a la jueza de que el aviso a los teléfonos fue cosa de esta ex alto cargo destituida. En el entorno de esta exdirigente, que llegó a definirse en un escrito remitido al juzgado como “cabeza de turco”, critican la instrucción de Ruiz Tobarra.

El protagonismo de la exconsejera contrasta con el papel de Argüeso, que ha pasado a un segundo plano después de que las nuevas imágenes incorporadas a la causa muestren a este imputado -guardia civil en excedencia y licenciado en Derecho, Periodismo y Criminología- en el centro que coordinó la emergencia con una actitud pasiva. Argüeso asiente y sigue en silencio las indicaciones de su jefa. Aun así, la magistrada le sitúa detrás de una campaña difamatoria a través de su abogado para hundir la reputación de la jueza con fake news sincronizada con el seudosindicato Manos Limpias, que ha tildado a Ruiz Tobarra de “prevaricadora”.

El ‘factor Mazón’

En el sumario de la dana, hay un nombre que apenas aparece, pero que planea sobre las pesquisas como un espectro: Carlos Mazón. El president ha sido invitado por la jueza a declarar en dos ocasiones desde marzo como investigado de forma voluntaria. Una bala de plata que esgrime la instructora por la condición del jefe del Consell. Al ser aforado, sólo puede ser imputado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJC) tras la exposición razonada de la instructora.

Mazón, que ha rechazado el ofrecimiento, tampoco verá próximamente en el juzgado a Maribel Vilaplana, la periodista que comió con él en el céntrico restaurante El Ventorro el día de la tromba durante más de tres horas y media mientras se inundaba la provincia de Valencia. La jueza rechazó la comparecencia como testigo de la informadora al entender que supondría desplazar el foco de las pesquisas al barón popular. La negativa impide conocer, por ejemplo, por qué Vilaplana cambió de versión sobre su salida de El Ventorro diez meses después.

El abogado presente en la causa Manuel Mata augura que los avances de la investigación podrían empujar a la jueza a activar el mecanismo para imputar al president. “Los nuevos vídeos, junto a las recientes entrevistas de Mazón, podrían conducir, más pronto o más tarde, a una exposición razonada”, advierte el letrado.