La jueza de la dana considera que los vídeos que el Gobierno de Mazón ocultó son “relevantes”

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana, Nuria Ruiz Tobarra, considera que los vídeos que el Gobierno de Carlos Mazón, del PP, ha ocultado al juzgado durante once meses son “relevantes” para depurar resp...

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana, Nuria Ruiz Tobarra, considera que los vídeos que el Gobierno de Carlos Mazón, del PP, ha ocultado al juzgado durante once meses son “relevantes” para depurar responsabilidades penales en la riada que dejó 229 muertos en octubre de 2024.

La magistrada destaca en un auto la “gravedad” de las pesquisas y apunta que un alto cargo de la Generalitat, la secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez, negó el pasado marzo a la instructora la existencia de “soporte documental” y grabaciones sobre la reunión del Cecopi, el órgano de emergencias que coordinó la crisis durante la mortífera gota fría del pasado año.

La aseveración de la dirigente del Ejecutivo de Mazón al juzgado, que aseguró también a la magistrada que no se levantaron actas de la estratégica reunión, se ha revelado falsa. La presencia de un cámara en el dispositivo del 29 de octubre de 2024 ha confirmado que el Consell tenía contratada a una productora externa para registrar vídeos. Y que la Generalitat no aportó este material al juzgado, hasta ahora, tras el requerimiento de la jueza al descubrir la omisión.

A juicio de la magistrada, las imágenes que han permanecido ocultas son clave para el análisis del minuto a minuto de la crisis. Los vídeos muestran a los dos exaltos cargos de Mazón imputados –la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y quien fuera su segundo durante la tromba, Emilio Argüeso- en el Cecopi. Junto a ellos, aparecen el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, y la jefa del servicio de coordinación del 112 (centralita telefónica que recibió 20.000 llamadas durante la desgracia), Inmaculada Piles. La jueza ha citado a declarar en calidad de testigos a estos dos últimos altos cargos.

La instructora expone la “relevancia” de incorporar a la causa el metraje “dado que es objeto de investigación el momento de remisión del Es Alert”, afirma en alusión al tardío mensaje masivo a móviles que se remitió a las 20.11 horas de la aciaga jornada, cuando se amontonaban los muertos y desaparecidos en plantas bajas y garajes de localidades valencianas como Catarroja (30.142 habitantes) o Paiporta (27.748). Y destaca la importancia de analizar con detenimiento el vídeo para conocer la posible “participación en dicho proceso [el envío de la notificación] de otras personas que no ostentan la condición de investigados”. Abre así la puerta Ruiz Tobarra a imputar a nuevos cargos del Consell del barón popular que participaron en la elaboración y activación del aviso, piedra angular de las pesquisas.

Ruiz Tobarra desgrana ya este material, que la Generalitat entregó el pasado 3 de octubre en un disco duro y un pen drive. Y rastrea los brutos (planos de recurso y audios) en los que se ve a Pradas a las 12.32 del 29-O coordinando y apuntando en un documento “barranco del Pollo” (sic) o “río Magro”, en referencia a la alerta hidrológica de la rambla que se desbordó desde las 16.40 horas a la altura de municipios como Chiva (17.245 habitantes) o Cheste (9.022), tres horas antes de que la Generalitat enviara la alerta masiva a móviles.

Las imágenes desmontan la defensa de Pradas, que fue destituida por Mazón junto a Argüeso tres semanas después de la catástrofe. En abril, se desmarcó en el juzgado de la toma de decisiones estratégicas, como el envío de la alerta; descargó su responsabilidad en los técnicos; y exculpó al jefe del Consell. Entonces, la exconsejera declaró en calidad de imputada, una condición que le permite mentir. El hecho de que Pradas manejara a mediodía información sobre infraestructuras clave, como el barranco del Poyo, tumba la teoría del apagón informativo, a la que se han aferrado la Generalitat, el PP y los dos imputados. La tesis de que si el Consell de Mazón no actuó antes fue porque organismos estatales no le reportaron a tiempo no es creíble para la instructora.

La jueza rastrea en las grabaciones “el enfoque de la cámara” y “la hora del videowall [pantalla gigante que recoge las incidencias]“. Unos datos que permitirán ”comprobar la hora a la que llegan los investigados al Centro de Coordinación de Emergencias”.

Las imágenes de la discordia muestran también el aterrizaje en el Cecopi de Mazón, que llegó a las 20.28 horas, tras participar en una comida de más de tres horas y media en el céntrico restaurante valenciano El Ventorro y 17 minutos después del envío del Es Alert. El president, según la cinta que se ha ocultado, está preocupado porque su móvil se ha quedado sin cobertura.

El registro del material confirma, además, según la resolución, que el Consell “pretendió dejar registro de los investigados en el centro de coordinación de emergencias, y también de las intervenciones de aquellos que estaban siendo grabados. Debe, por tanto, reiterarse su relevancia para la investigación”.

También recoge la magistrada unas declaraciones del consejero de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, que tras aflorar que su propio departamento ocultó los vídeos, dijo el 18 de septiembre: “Si la jueza pide el recurso [las imágenes], máxima transparencia y colaboración”.

Junto a las grabaciones del departamento de Emergencias de la Generalitat, la magistrada también escruta unas imágenes de la televisión pública À Punt grabadas durante el Cecopi de la dana de 2024 que se han incorporado recientemente a la causa. Las pesquisas de Ruiz Tobarra indagan los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes, que están castigados con hasta cuatro y tres años de prisión, respectivamente.

El foco, en Emergencias

En su batería de pesquisas, la jueza de la dana apunta el foco de su investigación al departamento de Emergencias de la Generalitat. La magistrada ha acordado este miércoles citar como testigos a tres nuevos empleados de esta área que gestionó la riada del 29 de octubre de 2024. También, ha solicitado una grabación entre la testigo que declaró este miércoles, un técnico de mando y control del Centro de Coordinación de Emergencias autonómico, y el Consorcio Provincial de Bomberos, que depende de la Diputación de Valencia.

La empleada de emergencias relató a la jueza que el Consell denegó la víspera de la dana la incorporación al dispositivo de agentes medioambientales para controlar el barranco del Poyo. Y que esta negativa obligó a movilizar a los bomberos forestales. La Generalitat aseguró que activó a estos profesionales el mismo día de la riada. Ahora, la jueza requiere a la Consejería de Medio Ambiente qué medio usó el director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre) para ofrecer a estos técnicos que debían monitorizar el seguimiento de ríos, barrancos y zonas inundables.