Varapalo de la Audiencia a los intentos de imputar a la delegada del Gobierno y al presidente de la CHJ

Nuevo varapalo a los intentos de investigar a un responsable de un organismo del Gobierno de Pedro Sánchez en la causa que indaga un juzgado de Catarroja (Valencia) sobre la dana que el pasado 29 de octubre dejó 229 muertos. La Audiencia de Valencia re...

Nuevo varapalo a los intentos de investigar a un responsable de un organismo del Gobierno de Pedro Sánchez en la causa que indaga un juzgado de Catarroja (Valencia) sobre la dana que el pasado 29 de octubre dejó 229 muertos. La Audiencia de Valencia rechaza, una vez más, imputar a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la socialista Pilar Bernabé, y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, según dos autos conocidos este miércoles.

La Sección Segunda de este tribunal ha tumbado un recurso de Vox, que ejerce la acusación popular, contra una resolución de la instructora, Nuria Ruiz Tobarra, que denegó el pasado mayo la citación como imputada de Bernabé.

Los magistrados de la Audiencia consideran que los motivos para investigar a la delegada, “ya han sido motivadamente rechazados, sin que de su declaración testifical se deriven datos o elementos aptos para alterar esta decisión”. Una tesis que insufla un espaldarazo a las pesquisas de la jueza, que, en su línea de trabajo, ha situado a la Generalitat como la administración encargada de gestionar la tragedia.

Bernabé compareció como testigo el pasado abril y explicó en el juzgado —donde debía decir la verdad— que, el día de la dana, ofreció la Unión Militar de Emergencias (UME) a la Generalitat ocho horas antes de que la administración autonómica enviara la alerta a móviles. Una notificación que llegó a las 20.11 horas, cuando se amontonaban los muertos, fallecidos y desaparecidos atrapados en plantas bajas y garajes. Y que, según la instructora, se ha revelado capital en las pesquisas. Si el aviso se hubiera enviado antes, se habrían salvado vidas, sostiene Ruiz Tobarra.

La Audiencia ya avaló el pasado mayo las tesis de la jueza y rechazó imputar a Bernabé. Ahora, este tribunal también frena los intentos de situar bajo el foco de las pesquisas como investigado a uno de los dirigentes cuya cabeza más se codicia en el PP, la Generalitat valenciana y en el entorno de los exaltos cargos del Gobierno de Carlos Mazón imputados, el presidente de la CHJ, Miguel Polo.

La Audiencia desestima un recurso de la Asociación de Damnificados Horta Sud, que reúne a 550 familiares de fallecidos y heridos en la riada, que pedía imputar a Polo. El tribunal, compuesto por los seis magistrados de la Sección Segunda, recuerda en el auto que para otorgar la condición de investigado “es necesario imputar un hecho a una persona o personas determinadas. No basta con declarar una imputación en abstracto por un determinado fallo de protocolo a todos los componentes de una entidad administrativa o de gobierno”.

El fallo de la Audiencia sobre Polo es anterior a la declaración como testigo del presidente de la CHJ en el juzgado. El dirigente compareció el pasado viernes ante la magistrada y, entre otros puntos, admitió que conoció a las 18.45 horas del día de la dana el desbordamiento del barranco del Poyo, génesis de la inundación, pero que no avisó en el Cecopi —el organismo de la Generalitat que coordinó la tragedia— porque, según él, ya no había margen de maniobra.

Al tumbar el recurso de la Asociación de Damnificados Horta Sud, la Audiencia también frena que desfilen por el juzgado como investigados tres altos cargos de la Generalitat. Se trata del director general de Emergencias, Alberto Martín; del subdirector de esta área, Jorge Suárez; y de la jefa de Servicio del Cecopi, Inmaculada Piles.

Espaldarazo a Hazte Oír

La Sección Segunda de la Audiencia de Valencia también ha estimado un recurso de la organización ultra Hazte Oír que permite a esta entidad regresar a la causa como acusación popular. La jueza expulsó en mayo a Hazte Oír de la investigación al entender que esta asociación, que se había querellado sin éxito contra Polo y Bernabé, no ejercía ninguna acusación contra los dos exaltos cargos de Mazón imputados. “La participación de Hazte Oír en el procedimiento carece de sentido y no responde a los fines de la acción popular”, indicó entonces la jueza.

Hoy, la Audiencia avala, de nuevo, la tesis de la instructora. “Por el momento, y sin perjuicio de lo que pueda resolverse durante el procedimiento a la vista de la actuación de dicha parte, resulta prematuro afirmar que la personación [de Hazte Oír] responde a fines diferentes de los que se justifican la acusación popular”, justifica esta tribunal.

En 11 meses de instrucción, sólo dos exaltos cargos de Mazón están imputados en la causa: la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas y quien fuera su segundo durante la riada, Emilio Argüeso. Se les investiga por homicidios y lesiones imprudentes, que están castigados con hasta cuatro y tres años de prisión, respectivamente.

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha pedido un informe forense sobre una mujer que murió el pasado uno de noviembre en un hospital y que residía en un geriátrico de Paiporta en el que la tragedia se llevó seis vidas. El hijo de la fallecida había solicitado que se considerase a su familiar víctima de la riada.