La Fiscalía rechaza imputar al presidente de la Confederación Hidrográfica

La Fiscalía se suma a las tesis de la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana, Nuria Ruiz Tobarra, sobre la ausencia de responsabilidad penal de organismos dependientes del Gobierno de Pedro Sánchez en la inundación que dejó 229 muertos el pasado 29 de octubre.

El Ministerio Público ha pedido desestimar un recurso de apelación de Vox, que ejerce la acusación popular en la causa, que solicitaba imputar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, y citar como testigo a la presidenta de la Agencia Española de Meteorología (Aemet), María José Rallo. Ambos organismos dependen del Ministerio para la Transición Ecológica. El recurso desestimado por la Fiscalía también requería las testificales de tres altos cargos del Embalse de Forata (CHJ), según un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS. El documento, firmado por el fiscal Cristóbal Melgarejo, se ha notificado este martes, pero fue emitido el pasado 17 de septiembre, dos días antes de la declaración como testigo de Polo en el juzgado de Catarroja.

“La Audiencia Provincial de Valencia ya determinó en su momento a quién correspondía la protección civil”, recuerda el Ministerio Público, que, en la línea de la instructora, señala a la Generalitat como la administración responsable de gestionar la tragedia.

La Fiscalía recuerda que la CHJ informó a la Conselleria de Emergencias en 24 ocasiones sobre la lluvia acumulada entre las 17.33 y las 19.17 horas del día de la dana.

Vox reclamaba poner en marcha unas diligencias, que ya habían sido solicitadas antes por la asociación Liberum, que ejerce las acusaciones populares y particular en las pesquisas al defender a varias víctimas. La jueza ya desechó en julio las peticiones de esta última entidad, que se basaban en un informe de la Guardia Civil que reprochaba a la CHJ y a la Aemet la supuesta falta de información sobre las lluvias y aumentos de caudal en lo peor de la gota fría. La magistrada consideró entonces que el análisis del instituto armado hacía suya las tesis del llamado “apagón informativo” [ocultación de información por parte de estos organismos] y propagaba “bulos sobre los efectos de la presa de Forata en el barranco del Poyo”. “Dicho informe es erróneo”, concluyó la magistrada.

Para desmontar la idea de la ausencia de información, la Fiscalía recuerda que, el día de la tragedia, medios como la televisión pública valenciana À Punt retransmitían en directo el desbordamiento del barranco del Poyo, detonante de la desgracia, a la altura de Chiva, que arrancó a las 16.40 horas. Las imágenes demostraban la gravedad de la crisis más de tres horas antes de que la Generalitat enviara la alerta masiva a móviles para informar a la población de la magnitud de la catástrofe. La notificación se coló en los teléfonos a las 20.11 horas, cuando se amontonaban los muertos, fallecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes.

“En lo correspondiente al conocido como apagón informativo, el único apagón que se produjo es lo que se calificó en el Cecopi —organismo de la Generalitat que gestionó la tragedia del 29-O― como periodo de trabajo exclusivamente presencial, que se produjo en dos ocasiones, en momentos cruciales”, estima la Fiscalía en alusión a las desconexiones que sufrieron los representantes de organismo que se conectaron al dispositivo que coordinó la crisis por videoconferencia, como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, o el propio presidente de la CHJ.

La Fiscalía prosigue en su argumento: “los bomberos forestales fueron desplegados y se retiraron. Difícilmente se puede achacar a la Confederación Hidrográfica del Júcar ni a su presidente que se retiraran los bomberos, que no se controlara el desbordamiento, y que se ocasionara el abrumador número de fallecimientos”.

Una acusación popular pide imputar a Polo

Cuatro días después de la declaración como testigo del presidente de la CHJ, la asociación Valores, que ejerce la acusación popular, ha solicitado este martes la imputación de este dirigente que depende del Ministerio para la Transición Ecológica. La entidad considera que Polo actuó mal al no advertir en el Cecopi de la crecida del barranco del Poyo, detonante de la catástrofe, de la que se enteró a las 18.45 horas, según reconoció en su declaración como testigo, donde, durante ocho horas, tuvo la obligación de decir la verdad y de contestar a todas las partes.

La jueza de la dana ya rechazó la imputación de Polo propuesta por la defensa de uno de los dos exaltos cargos del president Carlos Mazón investigados, el exsecretario de Emergencias Emilio Argüeso. Junto a este, se encuentra imputada en la investigación la exconsejera de Justicia e Interior durante la riada, Salomé Pradas. La causa indaga los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes, que están castigados con hasta cuatro y tres años de prisión, respectivamente.