A la caza del filtrador de un vídeo de la dana contrario al relato oficial

La redacción de À Punt, la televisión autonómica valenciana, está alterada por un vídeo que puede ser relevante en la causa de la dana y truncar el relato oficial de los hechos. Se ha abierto una investigación interna para averiguar quién sustrajo y filtró, según la terminología empleada por la cadena, el sonido del vídeo que grabó la tarde del 29 de octubre en el Cecopi, el organismo gestor de la emergencia de las inundaciones que se llevaron por delante la vida de 228 personas. Las imágenes se conocían, porque fueron difundidas y pactadas como un mudo para ilustrar informaciones, pero el sonido no.

En el audiovisual, difundido por RTVE la pasada semana, se escucha a la entonces consejera de Justicia e Interior (con competencia en Emergencias), Salomé Pradas, dar indicaciones sobre el mensaje ES-Alert que se envió a la ciudadanía, “tarde” y de contenido “errado, según la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, que está instruyendo la causa. En su declaración como imputada, Pradas, que dirigía el Cecopi, descargó toda la responsabilidad del mensaje en los técnicos.

La magistrada preguntó el viernes a la cadena si ”mantenía su ofrecimiento" de entregar voluntariamente el vídeo completo, porque podría ser relevante en la causa que investiga la posible negligencia y los presuntos homicidios y lesiones imprudentes. Al margen de su relevancia judicial e informativa, el vídeo rompe también el relato oficial mantenido por la exconsejera y la Generalitat, presidida por Carlos Mazón (PP), a diferencia de la grabación recortada de una conversación telefónica que mantuvieron el 29 de octubre a mediodía una trabajadora del 112 de la Generalitat y una predictora de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que se difundió en febrero.

En este caso, se filtró una versión abreviada que reforzaba el relato oficial del Consell de falta de información de las agencias estatales al recoger unos comentarios iniciales de la trabajadora de la Aemet que daban a entender que la dana remitía. Se recortó su advertencia de que “a las 15 horas de la tarde empezará lo peor” hasta las seis, como finalmente sucedió.

Mazón se aprestó a divulgar en su cuenta de X (antes Twitter) una de las informaciones con esa filtración manipulada, mientras la Aemet buscaba la forma de conseguir la versión completa de la conversación, de carácter reservado, para responder, dado que a diferencia del 112 no graba sus llamadas, que lo hace en cumplimiento de la ley autonómica de Protección Civil y Gestión de Emergencias

La Consejería de Emergencias e Interior es la responsable de la custodia de las grabaciones conservadas en el Centro de Emergencias a través del sistema informático Coordcom, alojado en estas instalaciones. No ha trascendido ninguna investigación interna por parte del departamento dirigido por Juan Carlos Valderrama sobre la sustracción y filtración de esa conversación y la posterior difusión de una versión recortada en varios medios de comunicación de corte conservador. Horas después, se conoció la conversación completa.

Este miércoles, fuentes de la consejería han rehusado contestar a si han abierto una investigación interna antes o después de que Aemet presentara una denuncia ante fiscalía, lo que motivó la apertura de diligencias por parte de un juzgado de Llíria en julio. Se han limitado a reiterar que “el asunto está judicializado” y que “desde la Conselleria de Emergencias e Interior” tienen “el máximo respeto al proceso”, y como han dicho “muchas veces ya, máxima colaboración con la Justicia”. La misma respuesta que han dado ante la posible petición de la jueza de las imágenes grabadas por una productora contratada por la propia consejería que registró también parte de aquella reunión del Cecopi y que se ha ocultado hasta ahora.

La Corporación Audiovisual de la Comunidad Valenciana (CAVSA), que engloba a la televisión y la radio públicas autonómicas, cuenta con una plantilla total cercana a los 530 trabajadores. La pasada semana, anunció que “siguiendo las indicaciones de sus servicios jurídicos”, estaba recabando “toda la información necesaria para llevar a cabo acciones legales que presentará en los juzgados por la sustracción del vídeo”.

Son decenas de trabajadores los que han tenido acceso al archivo de los vídeos de À Punt a lo largo de estos casi 11 meses. La consulta al archivo es una práctica habitual. Muchos conocían el audio del mudo pactado con Emergencias, coinciden en señalar varias fuentes de la cadena, que también se plantean si debe prevalecer el código deontológico sobre la verdad en una cuestión de gran gravedad. Algunos apuntan, además, la posibilidad de que se cederían esas imágenes de recurso a otras cadenas sin que se borrase del todo una de las dos pistas del sonido, ahora recuperada.

À Punt recibió numerosos muestras de elogio por su cobertura de la dana. Ahora, la dirección es diferente a la que regía durante el 29 de octubre, aunque tanto la actual como la anterior han respetado el mudo del vídeo del Cecopi. Desde principios de enero se han ido cambiando a los responsables de la cadena. El presidente de la Corporación es el periodista Vicente Ordaz, cuya elección fue aprobada por el Consell a propuesta de los consejeros designados por el PP y Vox (partidos que cambiaron la ley para poder elegir al órgano rector por mayoría simple de Les Corts y no por mayoría cualificada de tres quintos, lo que provocó que la oposición no participara en el proceso).

Ordaz ha respondido este miércoles a la magistrada que solo entregará el vídeo si hay un requerimiento judicial, pero no voluntariamente, porque “podría suponer [...] una vulneración del secreto profesional”.