La televisión valenciana rechaza entregar voluntariamente a la jueza de la dana el vídeo que revela que un alto cargo de Mazón mintió
Las imágenes requeridas muestran a la exconsejera imputada dando instrucciones sobre el envío del ‘Es Alert’. La corporación alude al “secreto profesional” para no aportar el material
La televisión pública valenciana À Punt rechaza entregar voluntariamente a la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana, Nuria Ruiz Tobarra, un vídeo grabado por un cámara de esta corporación el día de la riada en el Cecopi, el órgano de la Generalitat que coordinó la tragedia que el pasado 29 de octubre dejó 229 muertos. Las imágenes solicitadas por la magistrada, que fueron emitidas la semana pasada por TVE, muestran a la exconsejera de Justicia e Interior imputada en la causa, Salomé Pradas, del PP, dando instrucciones sobre el envío del Es Alert, la alerta masiva a móviles que se ha convertido en clave de las pesquisas. Y revelan que esta exdirigente mintió cuando declaró como investigada el pasado abril en el juzgado al desmarcarse de la notificación y descargar su responsabilidad en los técnicos.
“[El vídeo] no puede ofrecerse voluntariamente por cuanto no se disponía de autorización para su registro, circunstancia que fue expresamente advertida por el personal de la Generalitat, y su difusión voluntaria podría suponer [...] una vulneración del secreto profesional de los medios reconocido constitucional y jurisprudencialmente”, recoge la contestación de À Punt.
La respuesta, que se he ha incorporado a la causa, está firmada por Vicente Ordaz, un periodista designado por el Consell a propuesta del PP y Vox que preside la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA).
La dirección de À Punt precisa que, si la jueza requiere formalmente los mudos (videos de recursos) del Cecopi, los entregarán en el juzgado. Es decir, aportarán el material si la instructora lo exige, pero no si lo pide de forma voluntaria.
La respuesta de À Punt llega después de que la jueza de la dana preguntara el pasado viernes a la televisión pública valenciana si “mantenía el ofrecimiento” de facilitar la grabación. Y aludía a la “gravedad de los hechos objeto de la investigación”. La magistrada también solicitó este material a RTVE e incidía en el carácter voluntario de la aportación.
La televisión pública argumenta que los responsables de Emergencias de la Generalitat pactaron con À Punt grabar imágenes como recurso sin emitir el sonido, lo que se denomina un mudo. Y que la cadena mantuvo el silencio sobre el contenido de este audio, que muestra la contradicción de Pradas en el juzgado o cómo se mostraba incómoda en el Cecopi a llamar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. “Llamad a Polo, a mí no me apetece”, llegó a decir en mitad de la reunión que coordinó la crisis.
Tras la emisión del vídeo de RTVE, À Punt justificó la no difusión de la grabación del Cecopi porque, según la cadena, sus profesionales sólo estaban autorizados a captar imágenes de la reunión “y no el audio” de este encuentro “a puerta cerrada” en el que participaron 29 organismos estatales, autonómicos y municipales. La cadena pública llegó a denunciar después la supuesta “sustracción” de estas imágenes.
La jueza Ruiz Tobarra estima ahora relevante incorporar a las pesquisas estas imágenes. Sostiene que abordan la médula de la investigación, el aviso Es Alert. Y recuerda que este mensaje que el departamento autonómico de Emergencias remitió a los móviles para advertir a la población de la magnitud de la catástrofe es fundamental para desgranar el desastre. En su opinión, si se hubiera enviado antes, se habrían salvado vidas. La alerta se coló en los terminales a las 20.11 horas, cuando se acumulaban los fallecidos, heridos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes.
En la resolución que solicitaba esta grabación, la magistrada resaltaba que “contradecía” la declaración de la exconsejera en el juzgado. Y es que Pradas centra su estrategia en desmarcarse del Es Alert y echarle la culpa de la desgracia al supuesto retraso en los avisos de organismos estatales como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o la Agencia Española de Meteorología (Aemet), que dependen del Ministerio para la Transición Ecológica.